El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, junto a su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, recibieron esta tarde en Casa Rosada a los ministros de Economía de las provincias de Córdoba, Osvaldo Giordano; de Chaco, Cristian Ocampo; de Entre Ríos, Hugo Ballay; de Salta, Emiliano Estrada; de San Juan, Roberto Gattoni; de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, José Labroca; y el secretario de Hacienda de Tucumán, Rolando Steimberg. En la reunión
El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, junto a su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, recibieron esta tarde en Casa Rosada a los ministros de Economía de las provincias de Córdoba, Osvaldo Giordano; de Chaco, Cristian Ocampo; de Entre Ríos, Hugo Ballay; de Salta, Emiliano Estrada; de San Juan, Roberto Gattoni; de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, José Labroca; y el secretario de Hacienda de Tucumán, Rolando Steimberg. En la reunión también participaron los secretarios de Hacienda, Rodrigo Pena; de Provincias y Municipios, Alejandro Caldarelli; y el subsecretario de Relaciones con Provincias, Paulino Caballero.
El Gobierno Nacional afirmó a los funcionarios que necesita alcanzar un déficit fiscal en 2019 del 1,3 por ciento con relación al Producto Bruto para acceder a las siguientes desembolsos del préstamo stand-by de 50 mil millones de dólares, acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El recorte para el 2019, que deberá ser de 300.000 millones de pesos, ahora quedará repartido en 200 mil millones para el Estado nacional y 100 mil millones para los gobiernos provinciales. La propuesta oficial sostiene que el ajuste que deberán enfrentar los gobernadores equivale a lo que cobrarán por la modificación en la ley de coparticipación.
Con los fondos restantes, el Poder Ejecutivo nacional pretende que las provincias hagan frente a los fondos para programas de salud, educación, seguridad y transporte, y de esa manera quitar aportes nacionales por un total de 90 mil millones.
Además, habrá una fuerte exigencia a las provincias para que controlen su déficit, no aumenten la planta de personal público y eviten tomar deuda. Este condicionamiento previsto por el pacto fiscal se ejecutará a rajatabla, sostienen en el Gobierno.