Las sucesivas idas y vueltas en torno al restablecimiento de una cuarentena estricta o de la vigencia del feriado puente para el lunes 24 de mayo, no son más que la muestra más reciente de la improvisación y la falta de guía del Gobierno nacional encabezado por el presidente Alberto Fernández. Administrar una pandemia como la que vivimos no es algo que supieran, dadas las dimensiones extraordinarias vividas. Pero tomar decisiones, mantenerlas y que sean coherentes entre sí, es un tema en el que claramente no se destaca la gestión del Frente de Todos. Un paso adelante. Cinco pasos atrás. Avances y retrocesos, todos a mitad de camino y recurriendo a viejas recetas fallidas, son el deja vu de un gobierno sin rumbo.
Mientras Fernández sostenía el martes 18 que un regreso a fase 1 era insostenible, encarando la recta final hacia el fin de semana los rumores van en sentido contrario. No sólo la cuarentena estricta sería sólo el fin de semana, como habían acordado los gobiernos nacional, porteño y bonaerense, sino durante nueve días. Mientras Fernández decidió hace escasas semanas suspender el feriado puente del lunes 24 de mayo para evitar una estampida turística hacia destinos de distintas partes del país, en vísperas del sábado 22 se sabe que se restablece el feriado puente. Bienaventurados aquellos que compraron pasajes y luego debieron cancelarlos, porque de ellos será el reino del voto de las PASO y de renovación del Congreso en noviembre.
Administrar una pandemia es algo que, sin lugar a dudas, no podíamos pretender que el Gobierno nacional lo hiciera de manera automática, sobre todo porque la última gran pandemia registrada fue la conocida como gripe española de 1918. No obstante, desde el inicio mismo de los primeros casos de Covid19, la reacción del Frente de Todos fue minimizar el peligro. Ginés González García, el ministro de Salud primigenio, en lugar de llevar tranquilidad a la población y prestar atención a la evolución de la situación, planteaba que el Covid19 no iba a afectar a la Argentina. Luego, afirmó que no sería más que una gripe estacional. Cuando Fernández decretó la cuarentena a mediados de marzo de 2020, el aire sobrador frentetodista se trasladó a soslayar el impacto de la pandemia en la economía y en la salud.
En materia económica, el Gobierno de Fernández dispuso una batería de medidas que abarcaba los denominados ATP e IFE, herramientas que sirvieron para mantener bajo control la situación social, sobre todo en un conurbano bonaerense tan voluble a las volatilidades de la supervivencia a la que están expuestos sus desdichados vecinos. Sin embargo, ello no impidió que los niveles de pobreza e indigencia subieran tanto, llegando a casi el 50% de la población para marzo de 2021.
Amén de aquellos bolsones de pobreza estructural, también es dable advertir que existe una precarización en numerosos sectores medios, independientes y en relación de dependencia, que, de repente, en función de la cuarentena dispuesta en marzo de 2020, o perdió su trabajo luego o lo hizo a medida que se prorrogaba el confinamiento. El sector público estatal, que siguió percibiendo sus haberes, se adaptó mejor a las condiciones de teletrabajo. Pero aquellos sectores que lo hacen en comercios y su sustento depende de la afluencia de clientes, empezó a padecer el ahogamiento financiero, pese a las ayudas dispuestas mencionadas anteriormente que resultaron ser migajas al lado de los gastos que debían seguir afrontando.
Gastronómicos, obreros de la construcción, servicios vinculados al turismo, profesores y empleados de gimnasios y centros de actividad física, entre otros, han visto cómo sus actividades pasaron a ser fuertemente reguladas sin que tuviesen más ayuda en lo atinente a la ecuación de gastos (alquileres, servicios, aportes patronales, etc), que debían seguir erogándose desde las arcas privadas cada día más alicaídas.
En materia sanitaria, la cuestión es menos clara pero no por ello más auspiciosa: afirmaron decretar una cuarentena estricta durante 2020 para poder poner a punto un sistema de salud que pudiera afrontar la demanda de camas y la internación de personas que así lo requirieran. Pero tampoco fue así: se volvieron a imponer restricciones alegando saturación de un sistema de salud que, ahora sabemos con certeza, finalmente no sólo no fue mejorado sino que sigue con las mismas carencias estructurales de antaño.
Sin embargo, el gran problema de cómo enfrenta la pandemia el Gobierno nacional es netamente moral. Desde la visita del presidente a la provincia de Formosa, gobernada por el caudillo semifeudal Gildo Insfrán, con quien se reunió a los abrazos sin ningún tipo de distanciamiento ni tapabocas; hasta la sucesión de vacunados VIP que incluye periodistas escribas de Balcarce 50, jóvenes pasantes de municipios del conurbano bonaerense, ex presidentes con su esposa y chofer y abogados y funcionarios del Poder Ejecutivo que dicen ser "personal esencial"; pasando por un fallido velatorio de Diego Armando Maradona con multitudes en estado de éxtasis colectivo sin ningún tipo de precaución; el mensaje que intenta transmitir Fernández y su gabinete es diametralmente opuesto a lo que efectivamente hace.
El problema es cómo sustentar nuevas medidas de confinamiento cuando los propios funcionarios que las dictan son los primeros en incumplirlas. Alberto Fernández, Ginés González García, Carlos Zannini, Horacio Verbitsky, Gildo Insfrán, son nombres tristemente célebres por ser sinónimo de disociación entre el dicho y el hecho. En tanto y en cuanto esta disociación se mantenga, la legitimidad de todas las medidas de restricción serán poco sostenibles.