La aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto mediante el cual se ratifica el acuerdo de entendimiento entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacionla (FMI), constituye una victoria pírrica para el Frente de Todos (FdT) que, a partir de la eventual sanción en el Senado de la iniciativa, deberá someter a discusión en el Congreso el plan económico (con las distintas medidas que eventualmente formen parte del mismo) que pretenda implementar para sortear las revisiones trimestrales que deberá realizar el organismo internacional a partir del primer desembolso, previsto para el próximo 21 de marzo.
No podemos soslayar el rol que ha jugado la oposición, sobre todo la aglomerada en torno a Juntos por el Cambio (JxC) en sus diversos bloques, para alcanzar la media sanción que había estado peligrosamente empantanada hasta menos de 24 horas antes de iniciada la sesión de Diputados. Podría decirse que primó la responsabilidad institucional que conlleva ser la principal oposición y su rol en el delicado juego de la gobernabilidad. Rol que, vale aclarar, no estaría pudiendo encontrar uno de los pilares de la alianza gobernante, sobre todo en el sector conocido como La Cámpora pero que incluye otros parlamentarios del núcleo duro del kirchnerismo.
Pero también JxC, al votar a favor del entendimiento más no del plan económico, le genera un gran desafío al presidente Alberto Fernández, a su ministro de Economía, Martín Guzmán, y al resto del elenco gobernante que debe balancear sus posicionamientos entre el pragmatismo albertista y la épica cristinista. Entre el primero y la segunda, queda en el medio un país que necesita previsibilidad y seguridad para avizorar una dirigencia capaz de dejar diferencias de lado y encarar una salida en medio del largo túnel de la economía argentina que ya lleva una década (y más) de tour por los distintos círculos del infierno.
La discusión del plan económico, con las distintas metas que se incorporaban (inflación, déficit, etc), es un punto álgido en el que la oposición probablemente no sea tan propensa a aprobarla. Y es que ya no se trata de garantizar sólo la gobernabilidad, sino de la capacidad del FdT de resolver sus diferencias internas que permitan, por un lado, esquivar un ajuste que Máximo Kirchner insinuó como "contrario" a la épica cristinista; y, por el otro, no generar más presión tributaria sobre algunos distritos que, como en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la anunciada revaluación fiscal para el pago del impuesto inmobiliario, conmina a percibir un tufillo perjudicial contra un posible rival de Fernández en las elecciones presidenciales de 2023, tal el caso del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Sino fuese por la quita de recursos de coparticipación federal de impuestos contra la Ciudad Autónoma para satisfacer un reclamo de la policía bonaerense, el tufillo tendría más de paranoia que de realidad. Pero la realidad, en tal caso, muestra que Fernández optó por dejar andar esos tufillos desde el momento en que sucumbió a los cantos de sirena, no de los patrulleros sino de los camiones contra incendio que usó el gobernador Axel Kicillof para lograr ese río de recursos que le facilitó el presidente y que hoy se encuentra bajo discusión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El presidente Fernández ha reiterado la necesidad el pago de sobretasas que el FMI impone a ciertos países cuya participación en esa gran sociedad que es el organismo es mayor de la que le corresponde. Esta especie de subsidiariedad que compensa a través de estas sobretasas generó discusiones e iniciativas del Gobierno nacional que pretendió un cambio de rumbo en el FMI. Lo paradójico es que dicha iniciativa adquirió relevancia en un momento en que el ministro Guzmán le pidió la renuncia a Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica perteneciente a La Cámpora y que no sólo se negó a renunciar sino que motivó una fuerte interna que terminó derivando en el mantenimiento de ambos funcionarios pero que significó la derrota simbólica de Guzmán que fue quién pidió la renuncia de su subalterno. ¿Qué margen de acción tiene un presidente y un ministro cuando estos no pueden hacer cumplir un pedido que está entre sus facultades y que está motivado por la necesidad de cohesionar el equipo que debe llevar a cabo una política y un plan económico conducentes al cumplimiento de un acuerdo de entendimiento con un organismo internacional?
No es menor tampoco la necesidad de analizar el rol que están jugando la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y la agrupación que conduce su hijo Máximo, La Cámpora. ¿Buscan esmerilar más todavía al presidente que ya viene con un nivel de desgaste que se profundizó con la derrota del FdT en las elecciones de medio término de noviembre de 2021? ¿Buscan desgastar a un Alberto Fernández de manera que desista de competir por la re-releección y reemplazarlo por alguien que sea más digerible al paladar negro kirchnerista? ¿O simplemente consideran que el pragmatismo del presidente y la no alineación automática con los deseos de la matriarca del peronismo del siglo XXI son una traición a una serie de principios que constituye las "escrituras" de la religión que abrazan cuando evocan a Néstor Kirchner y su famosa cancelación de la deuda con el FMI?
A partir de la segunda gestión presidencial de Fernández de Kirchner, la sucesión de cadenas nacionales, la comunicación directa y sin mediación alguna entre la líder y su pueblo, la demonización de toda opinión contraria (satirizada por quienes aludían a las placas del programa televisivo propagandístico en la TV Pública, 6, 7, 8, que "revelaba" vínculos de dirigentes con empresas multinacionales, la dictadura cívico-militar o algún ente que sirva para desacreditar al emisor de palabras que no fueran del agrado kirchnerista) y el más que conocido "vamos por todo" que pronunció la diputada Diana Conti y que "obligó" al actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a competir en las legislativas de 2013 y luego a prometer "barrer a los ñoquis de La Cámpora"; provocó un hastío y un cansancio en una porción del electorado que le permitió a Mauricio Macri triunfar en los comicios presidenciales de 2015. Hoy se ironiza desde ciertos sectores que "si Cristina habla, es porque habla, y sino habla, es porque no habla", como si se tratase de un mero juego de palabras. No se trata de hablar por hablar. Tampoco de pretender dialogar sólo si el otro "admite" estar equivocado. Este refrito de la transversalidad con los que piensan igual, como la llamó Néstor Kirchner, no puede ser aceptado sin más en una democracia con instituciones en donde haya un juego de mayorías y minorías conscientes de su circunstancia y, por ende, de su vulnerabilidad. Que la vicepresidente hable o no, no es tanto el inconveniente. Sí lo es, que no diga una palabra que asegure que el sector que se aglomera en torno a ella sea consciente de su pertenencia a una alianza de gobierno que debe hacerle frente a los inconvenientes, buscados o no, pero inconvenientes al fin, razón por la cual hubo una mayoría de argentinos que los votaron en 2019 en detrimento del binomio de Macri y Miguel Ángel Pichetto.
Las intrigas palaciegas que parecen no tener fin podrán vislumbrar un final (o una aceleración) cuando el proyecto de acuerdo llegue al Senado y la vicepresidente junto a los parlamentarios que le responden, anuncien cuál será la postura que tomen en esta iniciativa.