El proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una muestra más de las políticas espasmódicas y coyunturales que tanto caracterizan a nuestro país. De 16 o 25 miembros, las iniciativas en pugna, impulsadas por distintos sectores del Partido Justicialista (PJ) y el Frente de Todos (FdT), alegan buscar una composición federal y con paridad de género. Sin embargo, no es muy difícil refutar que ambos objetivos podrían ser alcanzados sin necesidad de promover una nueva reforma.
Haciendo un breve repaso de las procedencias de los actuales jueces de la Corte, vemos que Ricardo Lorenzetti es de Rafaela, provincia de Santa Fe; Horacio Rosatti, de la ciudad de Santa Fe, provincia homónima; Juan Carlos Maqueda de la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba; y Carlos Rosenkratz, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con la composición actual, podemos decir que tres de los cuatro miembros son de provincias (incluso actualmente gobernadas por el partido del gobierno del presidente Alberto Fernández) e incluso podrían sumar una persona más que sea del género femenino y de alguna otra provincia, simplemente a partir de la propuesta elevada por el Poder Ejecutivo Nacional. Ampliar la Corte a 16 o 25 magistrados a propuesta de los gobernadores suena más a rosqueo de las castas provinciales que a una preocupación genuina por un mejor funcionamiento del Poder Judicial.
Por otro lado, no podemos hacer caso omiso a la historia del máximo tribunal de nuestro país. Con existencia y atribuciones establecidas por la Constitución Nacional de 1853/60, se determinó que su integración sea de cinco miembros, dando el Senado su acuerdo para la primera composición en octubre de 1862. Esta conformación se mantuvo hasta 1960, cuando el entonces presidente Arturo Frondizi amplió el número a siete. Seis años después, Juan Carlos Oganía retrotrajo la integración a cinco, decisión que se mantuvo incólume hasta 1990, cuando Carlos Menem logró el incremento a nueve magistrados, hasta una nueva disminución en 2006 en forma progresiva a cinco integrantes.
Es curioso, además, cómo Fernández trastocó sus ideas a lo largo de los años. En 2016 aseguraba que "La Corte Suprema debe tener cinco miembros" y ponderaba que Cristina Fernández "tuvo el mérito de volver a cinco miembros para que no se juegue con el número de los jueces para tener jueces adictos".
Cuando en 2020 se debatía la pertinencia de una reforma judicial, se enfatizaba en las consecuencias que dicho paquete de medidas tendría. ¿Sería más fácil adoptar un niño para las parejas que quisieran hacerlo? ¿Habría sentencias con mayor celeridad para delitos graves? ¿Serían penados los hurtos y robos con mayor facilidad? ¿Se resolverán los conflictos laborales con más rapidez? Si la respuesta es sí, podríamos decir que claramente es una reforma y una ampliación de la Corte valedera. Pero, por desgracia, la percepción es que ninguna de estas críticas serán resueltas, ni con una reforma judicial ni con una ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.