La gobernadora Rosana Bertone destacó “la rápida actuación de la Justicia” que posibilitó el secuestro en una vivienda de Ushuaia de gran cantidad de sellos a nombre de diferentes facultativos, los que serían utilizados para la confección de certificados médicos falsos. A raíz de una denuncia presentada por la directora de Fiscalización Sanitaria de Ushuaia, Susana Zajic, la jueza María Cristina Barrionuevo ordenó una serie de medidas, entre ellas un allanamiento a la vivienda de Sara Lía Altamirano y Daniel Heizman, donde fueron encontrados sellos apócrifos, documentación, computadoras, comprobantes de depósito de dinero y otros elementos relacionados con la causa.
“No deja de sorprendernos que sea una docente o un ingeniero del estado provincial quienes pudieran haber llevado adelante esta comisión de hechos ilícitos” admitió la Mandataria, señalando que la investigación del Gobierno ahora se centrará en “determinar cuántos trabajadores, de que áreas y por cuanto tiempo han usado estos certificados truchos”.
Bertone ratificó que una de las premisas de su gestión “es combatir cualquier tipo de acto de corrupción” y que al igual que en el caso de la estafa de los planes Red-Sol “se realizarán las investigaciones correspondientes y se sancionará a quienes cometieron estos ilícitos que no sólo perjudican a la administración pública, sino a toda la sociedad”.
Por su parte, el jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz, aseguró que “hay una firme decisión política de controlar y de denunciar hechos de corrupción, y una orden precisa de la Gobernadora de investigar a fondo a través de los sumarios administrativos y de colaborar con la Justicia en las causas penales”.
En este caso “el jueves pasado mantuve una reunión con el Secretario de Salud Dr. Guillermo Ruckauf y personal de su equipo, que ante la detección de certificados falsificados en perjuicio de distintos médicos se sospechó de la existencia de varios sellos falsos en poder de las mismas personas y se procedió a la denuncia que derivó en el allanamiento que se hizo público”, precisó.
Gorbacz agregó que “se están recabando todos los antecedentes para determinar las responsabilidades y avanzar en los sumarios administrativos que correspondan, porque el Estado no va a tolerar este tipo de situaciones”.