La totalidad de los bloques políticos del Parlamento, tomaron el asunto de Particulares 004/14 de la Asociación Nacional de Politólogos sobre un proyecto de ley que regule y establezca lineamientos de los hogares convivenciales de niños, niñas y adolescentes. La propuesta fue girada a la Comisión de Salud, que preside la legisladora Claudia Andrade (MPF).
Los profesionales sostienen que “es responsabilidad del Estado provincial garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y, particularmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad”. Mencionan sobre las normativas en vigencia que disponen la existencia de hogares convivenciales donde se “cuiden, protejan y ayuden a niños, niñas y adolescentes desvinculados, por diferentes razones, de su grupo familiar”.
Asimismo, señalan, entre los fundamentos de la propuesta elevada al Parlamento, que también existe el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, representado por los poderes de la Provincia, municipios y ONGs y es allí dónde se deben “diseñar las políticas públicas destinadas a los niños, niñas y adolescentes”.
En la iniciativa, sostienen la necesidad de “explicitar las condiciones de funcionamiento de los hogares convivenciales transitorios de Tierra del Fuego, en el marco del nuevo paradigma que coloca a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos”.
Entre el articulado propuesta, de 21 ítems, determina que “son considerados hogares convivenciales transitorios de niñas, niños y adolescentes, aquellos establecimientos públicos o privados sin fines de lucro, en los cuales se brindan servicios de alojamiento transitorio en un espacio convivencial a niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años”.
Entre otros, califica a los hogares en tres categorías. Convivencial para niños, niñas y adolescentes; para adolescentes embarazadas y/o madres y sus hijos y de atención especializada. Determina, finalmente, que la “cantidad de residentes permitida en los establecimientos habilitados” se adecuará a la extensión del espacio físico y “a los requisitos establecidos en los Códigos de Planeamiento urbano de los respectivos municipios”.
En los siguientes artículos de la propuesta, los politólogos determinan las condiciones de institucionalización de menores; los ambientes de cada edificio de contención; sistemas de seguridad; documentación habilitantes; los protocolos que deberán seguir quienes intermedien con ellos, como así también las incumbencias de profesionales y técnicos intervinientes, entre otras disposiciones.