El intendente otorga toda la tierra a sindicatos y asociaciones, aún recién creadas. El concejal propone fijar un tope de 60 por ciento para entidades y 40 por ciento a la desatendida demanda individual. “Sciurano responde a los cuestionamientos diciendo que es legal, pero se le cuestiona lo injusto y violatorio del espíritu de la norma de su método”, señaló el edil.
El concejal Silvio Bocchicchio (PSP) consideró “imperioso” que el Concejo Deliberante modifique la ordenanza que define el sistema de acceso a la tierra municipal para “darle equilibrio al sistema que el intendente Sciurano distorsionó haciendo un uso político-electoral de la tierra, concentrando la entrega en asociaciones civiles y sindicales en detrimento de la demanda individual”.
Bocchicchio presentó en la última sesión un proyecto de modificación de la Ordenanza 3178 recortando la discrecionalidad al intendente, para que en cada entrega de tierra que realice la Municipalidad “un 60 por ciento se adjudique a organizaciones y un 40 por ciento a satisfacer la demanda individual, hoy congelada”, explicó.
De este modo, Bocchicchio busca respetar los criterios establecidos en la ordenanza madre, de contemplar la autogestión colectiva que se funda en razones técnicas, pero propone fijarle límites al Intendente que, en el caso de Sciurano, “utiliza un bien público finito y valioso de la ciudad, como es la tierra urbanizable, con fines electorales”.
“La arbitrariedad es tan flagrante que ante cada cuestionamiento, Sciurano responde diciendo que el mecanismo que implementa es legal, cuando lo que se le cuestiona es la injusticia y que viola el espíritu de la norma”, comparó.
“Sciurano lleva entregadas al menos 25 hectáreas de tierra urbanizable a sindicatos y asociaciones civiles, cuyos beneficiarios incumplen en su totalidad el orden de prelación del Registro Único de Demanda Habitacional. Así, un recién llegado, pero agremiado, accede a la tierra mucho antes que un vecino de la demanda individual que espera hace 10 o 15 años”, comparó el concejal.
En esa línea, Bocchicchio aclaró que “nadie puede negar que los trabajadores agremiados son vecinos que necesitan y tienen el derecho de acceder a la tierra, eso no se cuestiona; lo que está en crisis es quien debe implementar las normas con criterio de equidad y justicia, pero hace todo lo contrario”, diferenció.
“En la era Sciurano acceden a terrenos vecinos con mucha menos calificación que otros bien posicionados en el Registro de Demanda Habitacional por el sólo hecho de pertenecer a un sindicato”, sostuvo Bocchicchio y contó la experiencia del grupo de profesionales recién llegados a Ushuaia que lo fueron a ver a su despacho porque habían ido a la Municipalidad por tierra y les dijeron que armen una Asociación Civil, pero la IGJ les rechazó la inscripción.
“Si se hubiesen podido inscribir como asociación fantasma que eran, hoy tendríamos la paradoja de que vecinos con pocos meses en Ushuaia acceden a un predio mientras que los inscriptos en forma individual en el Registro de Demanda la ven pasar desde hace una década”.
Bocchicchio precisó que la gestión Sciurano asignó sólo en Alakaluafes II y Barrancas del Río Pipo “10,7 hectáreas al SUTEF -además de la concesión directa del camping Municipal-; 2,83 hectáreas a ATE; 1,63 hectárea a Luz y Fuerza; 1,34 hectárea al SAT, casi 1 hectárea a la CGT; cerca de 8 hectáreas a la Asociación Civil Kamshen; y alrededor de 1 hectárea a la Cooperativa 10 de marzo. Sciurano también entregó lotes que van de un tercio a tres cuartos de hectárea a los gremios SOEM, SPJAP, Camioneros, Mutual de Periodistas, Renacer, ASEOM, UEJN, SOMU, CECU, UOM, entre otros.
“Empujan a la gente a crear cooperativas o asociaciones figuradas cuyo objeto real es acceder a la tierra, aunque pongan otra cosa, la experiencia indica que esto es un problema durante y después de preadjudicados los terrenos; a cambio, la satisfacción de la demanda individual sigue congelada y muchos de los beneficiarios del sistema de acceso por autogestión colectiva no superan en puntaje a quienes siguen esperando”, comparó Bocchicchio.
En este sentido, el concejal del PSP propuso “balancear” el mecanismo de entrega de tierra, “asignando el 60 por ciento a las entidades intermedias y el 40 por ciento por el acceso individual de modo de dar mayor justicia” para lo que se requiere modificar la normativa vigente.
“La demanda individual representa a las personas con mayores necesidades en Ushuaia, son los que tienen trabajos eventuales o informales, o no pertenecen a un grupo organizado por lo que son más vulnerables y el Estado debe atender especialmente a quienes más lo necesitan”, analizó el edil.
Bocchicchio presentó en la última sesión un pedido de informes al intendente para conocer cómo asignó la tierra en los últimos seis años, con detalle de predios adjudicados al sistema colectivo y al individual, la ubicación de los lotes, y el envío al Concejo del Registro Único de Demanda Habitacional con detalle de información útil para legislar y controlar a la administración Sciurano.