La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, presidida por el diputado nacional Marcos Cleri, rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que crea la Agencia Nacional de Discapacidad y el que modifica la Ley de Ministerios. Asimismo, comenzó el tratamiento de la creación de la sociedad de corredores viales.
Luego del cuarto intermedio que se había dispuesto el 11 de octubre pasado, la bicameral decidió emitir dictamen en rechazo al DNU 698/17, que crea la Agencia Nacional de Discapacidad y elimina la Comisión Nacional Asesora para la Inclusión de Personas con Discapacidad y la Comisión Nacional de Pensiones.
Además, la bicameral rechazó el DNU 746/17, por el cual se modifica la ley de Ministerios para incorporar y adecuar una serie de funciones a distintos Ministerios, que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri y todos los ministros del Gabinete nacional.
Por su parte, el senador Mario País manifestó su rechazo al decreto 698/17 porque consideró que “es un decreto por demás promiscuo en materia de acceso a la información pública” y puso mayor objeción a la autoridad de aplicación que, según explicó, “tiene graves problemas de conflicto de intereses”.
En otro orden, se puso en tratamiento el Decreto 794/2017, por el cual se dispone la constitución de la Sociedad Corredores Viales S.A.
La senadora Norma Durango expresó “la preocupación de los cinco gremios de Vialidad Nacional por el futuro de esa institución y de sus fuentes de trabajo”.
La senadora Anabel Fernández Sagasti consideró que “es un decreto encubierto, una farsa para intentar evadir las funciones de los legisladores”. Y afirmó que “se ha iniciado un camino de privatización al que van dirigidos los empleados”.
El senador Daniel Lovera afirmó que “este decreto es inconstitucional” a la vez que pidió “tener las herramientas para la derogación total de este DNU”.
La comisión acordó que, tanto el Poder Ejecutivo como la Procuración General de la Nación, remitan el decreto a la comisión y por otro lado, se invitó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y a trabajadores de Vialidad Nacional para expresarse sobre el tema.
El decreto 797/2017 dispone la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional; y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera. El objeto también comprende la realización de las actividades y actos jurídicos dirigidos a la explotación de «áreas de servicio», explotaciones complementarias y explotaciones accesorias y toda otra actividad vinculada con su objeto social.
La sociedad estará integrada por el ministerio de Transporte, que será tenedor del 51% del capital social de titularidad del Estado nacional, y por la Dirección Nacional de Vialidad, que será tenedora del restante 49% del mismo, los que ejercerán los derechos societarios respectivos.