| 23 de noviembre

Con aportes de la oposición, Diputados aprobó la reforma a la Ley de Defensa de la Competencia

En sesión especial, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por 140 votos afirmativos, contra 72 negativos, el proyecto que establece la reforma de la ley de defensa de la competencia. La iniciativa fue modificada en la votación en particular, donde el oficialismo aceptó cambios al proyecto original pedidos por la oposición. Ahora el texto será girado al Senado para su debate. Al presentar la iniciativa, la diputada María Liliana Schwindt, quien preside la comisión de Defensa del Consumidor,

En sesión especial, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por 140 votos afirmativos, contra 72 negativos, el proyecto que establece la reforma de la ley de defensa de la competencia. La iniciativa fue modificada en la votación en particular, donde el oficialismo aceptó cambios al proyecto original pedidos por la oposición. Ahora el texto será girado al Senado para su debate. Al presentar la iniciativa, la diputada María Liliana Schwindt, quien preside la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, aseguró que “ésta norma es una herramienta para transparentar al mercado”.
 
“Es un gran beneficio para la defensa de los consumidores y para que realmente exista la competencia. Argentina pide integrar la OCDE y esta ley es sumamente importante para eso”, agregó la diputada de Federal Unidos por una Nueva Argentina.
 
En tanto, el diputado Mario Negri, titular de la bancada de Cambiemos y autor de uno de los proyectos en juego, destacó que “la ley tiene una significación en la economía que no tiene precedentes” al evitar la concentración para manejar el mercado y es “un paso gigantesco que va a estar por encima de quien esté en el gobierno”.
 
Por ello, valoró que “va a contribuir para terminar con la cartelización”, además de “defender a las PYMES”. “Es un aporte de la sociedad en defensa de la sociedad, para que finalice el negocio de los vivos para con el Estado”, concluyó el presidente del interbloque oficialista.
 
En contrapartida, desde el bloque FPV-PJ, Axel Kicillof, expresó que “en la Argentina y en el mundo lo normal es la ausencia de la competencia en los mercados de consumo masivo”, al tiempo que fue crítico: “Esto no se arregla con la creación de un tribunal, sino que hay que accionar desde el Estado para defender al consumidor”. 
 
Graciela Camaño, a su turno, valoró la labor de su par de bancada Liliana Schwindt por “su trabajo en la defensa de los consumidores”. “Es una buena ley teórica pero muy mala en la práctica”. 
 
“La defensa de la competencia es uno de los principios guía y es un elemento clave para el buen funcionamiento del mercado”, dijo. Luego, instó al Poder Ejecutivo para que avance sobre la constitución del Tribunal “como no se hizo en 18 años”.
 
Desde el bloque Justicialista, Diego Bossio, remarcó que “no existe ningún elemento de inconstitucionalidad en esta ley” y abogó para que se cree un instituto en el Congreso de la Nación para su regulación.
 
“Estamos abiertos al debate, hemos fortalecido esta ley en virtud de la independencia, porque no puede estar ligada al Poder Ejecutivo. Darle fortaleza política y decisión al Tribunal, para que tengan capacidad para actuar”, resumió Bossio.
 
Desde el socialismo, Alicia Ciciliani manifestó que “es una enorme satisfacción participar en este debate y poder tener una ley sobre defensa de la competencia; la democracia también tiene que ser económica, y la ley va en ese sentido”.
 
“Va a ser un instrumento para favorecer los derechos de los ciudadanos y las sociedades para participar de las rentas que se generan”, añadió, al mismo tiempo que reclamó que la ley de góndolas “tiene que ser un debate urgente en este ámbito”.
 
La norma busca impedir los abusos de posición dominante de los formadores de precios, crea la Autoridad Nacional de la Competencia e incorpora la posibilidad de sanciones de hasta tres mil millones de pesos ajustables por índices de precios.
 
Además, crea la Subsecretaría de Fomento a la Competencia y un Programa de Clemencia, que exime de sanción al primer integrante de un cartel que aporte las pruebas necesarias para detectarlo y sancionarlo; y reduce la multa entre el 20% y el 50% para algún otro miembro que aporte una prueba adicional.
 
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