La presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Silvana Giudici, pidió la intervención de la Relatoria de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación con la evaluación de periodistas que hizo la Comisión Provincial de la Memoria a pedido del juez federal Alejo Ramos Padilla. La ex diputada de la Unión Cívica Radical (UCR), que se desempeñó como presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja sostuvo que "Es inaceptable que se monitoree la labor periodística, uno de los pilares mas importantes de los sistemas democráticos es la libertad de expresión y las garantías para que los periodistas puedan informar, opinar e investigar con absoluta libertad, tal como lo expresa el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos de la OEA".
También afirmó que esos derechos fueron "vulnerados desde el momento en que una investigación judicial encomienda a Adolfo Pérez Esquivel (presidente de la Comisión de la Memoria) el monitoreo de las notas periodísticas y el juzgamiento de sus autores".
El organismo que preside Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz en 1980, le entregó un informe a Ramos Padilla vinculado al caso D'Alessio en el que denuncia la existencia de "una red de espionaje ilegal utilizada para cometer delitos" en la que incluye a agentes de inteligencia, personal judicial y periodistas. Es un escrito de 200 páginas en el que señala con nombre y apellido a periodistas reconocidos, como Daniel Santoro, Jorge Lanata, Luis Majul y Nicolás Wiñazki, entre otros.
"Desde el comienzo la investigación de Ramos Padilla se pone en riesgo la garantía de resguardo de las fuentes periodísticas previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional", denunció Giudici. Según ella, el informe de la Comisión Provincial de la Memoria agrava la situación porque "vulnera directa y gravemente los derechos de los periodistas investigados". Y recuerda que la libertad de expresión forma parte de los derechos humanos que la Comisión Provincial de la Memoria dice tutelar. "Monitorear notas periodísticas y acusar a periodistas es un peligroso mecanismo utilizado por dictaduras y regímenes totalitarios, inconcebible en la Argentina a 36 años de la recuperación de nuestra democracia", concluye.