Este fin de semana se produjo en Ushuaia un paradójico hecho: en medio de la negociación por una pauta salarial en el ámbito del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), se hizo presente el sindicalista denunciado por presunta estafa de viviendas por más de 8 millones de pesos, Carlos Córdoba, para respaldar a una de las líderes del reclamo, Silvia Arean, ex colaboradora del titular de la Dirección Provincial de Energía (DPE) y actual funcionario de Walter Vuoto, Alejandro Ledesma. En
Este fin de semana se produjo en Ushuaia un paradójico hecho: en medio de la negociación por una pauta salarial en el ámbito del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), se hizo presente el sindicalista denunciado por presunta estafa de viviendas por más de 8 millones de pesos, Carlos Córdoba, para respaldar a una de las líderes del reclamo, Silvia Arean, ex colaboradora del titular de la Dirección Provincial de Energía (DPE) y actual funcionario de Walter Vuoto, Alejandro Ledesma. En la asamblea de la que participaron trabajadores, Córdoba avaló y pidió que sean tomadas como suyas las amenazas de "prender fuego el IPV" en un audio que circuló a través de WhatsApp.
La figura de Córdoba en el IPVyH resulta por demás curiosa dado que en 2019 fue procesado por el juez Javier De Gamas Soler por presuntas estafas en un plan de viviendas para afiliados del sindicato que dirige, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Vale acotar que, según el magistrado, Córdoba intercedió ante el órgano de vivienda para pedir la incorporación de beneficiarios ajenos al gremio. Según se dio a conocer en informes de prensa, la maniobra perjudicó a 22 beneficiarios por la suma de tres millones de pesos en una causa que abarca defraudación, falsificación ideológica de documentos y hasta lavado de activos
Según afirmó el juez, con el dinero estafado, el responsable de Vivienda del sindicato, Miguel Angel Arana, compró equipamiento para armar una empresa constructora junto a su pareja, Gisela Edith Escobar. Además, Arana es empleado de la Municipalidad de Ushuaia, a la que pretendía facturarle obras, según se desprendió de la investigación.
Como si fuera poco, el descubrimiento del cuerpo de Daniel Belbey, uno de los denunciados, tras haberse ahorcado en inmediaciones del Polideportivo Municipal "Augusto Lasserre" no hizo más que teñir de oscuridad la saga de las estafas denunciadas por quienes sólo pretendían obtener el sueño de la casa propia.
Si bien la política de recomposición salarial impulsada por el Gobierno provincial a partir de la asunción de Gustavo Melella el 17 de diciembre de 2019 logró llegar a vastos sectores de la administración pública provincial (como los docentes, empleados del escalafón seco, fuerzas de seguridad y personal de salud), es evidente que durante 4 años el abandono en que sumió la gestión de Rosana Bertone a quienes forman parte del engranaje de cada área del Estado amerita un abordaje que parece no llegar. Sin embargo, el diálogo, el acercamiento de posiciones, como pilares del vínculo entre empleadores y empleados, no pueden ser reemplazados por la violencia o la extorsión.
