Notoria polémica suscitó el proyecto de los senadores del Frente para la Victoria (FPV), Aníbal Fernández y Elena Corregido, para establecer que los jóvenes de 16 y 17 años puedan votar en los comicios nacionales en caso de quererlo. En términos concretos, significaría incorporar al Padrón Electoral cerca de tres millones de electores. Sin embargo, dicha iniciativa fue rechazada por distintos sectores de la oposición que ven en dicha iniciativa parlamentaria un mecanismo para torcer el eventual destino de una elección, considerando los recientes antecedentes de presunto adoctrinamiento político realizado por la agrupación La Cámpora, liderada por el hijo de la presidente Cristina Fernández, Máximo Kirchner. Si a eso sumamos que grupos de intelectuales de Carta Abierta y los partidos políticos que conformaron en su momento la llamada Concertación Plural “pero con los que piensan igual”, como dijera en su momento el ahora senador autor del proyecto en cuestión, han iniciado la campaña mediante encuentros de debate para promover la reforma constitucional que podría contener una cláusula para habilitar la re-reelección de la actual mandataria; se advierte el encendido de luces de alerta que van desde la Unión Cívica Radical (UCR) hasta la Iglesia Católica, pasando por el arco político del Pro de Mauricio Macri y el Frente Amplio Progresista de Hermes Binner.
En Ushuaia también hay una iniciativa del mismo tenor, promovida por el concejal del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Damián De Marco, consistente en realizar una enmienda a la Carta Orgánica Municipal para que los jóvenes de 16 y 17 años puedan optativamente participar de las elcciones municipales.
La polémica se suscita por los cambios culturales que se han dado en las últimas décadas en el mundo desarrollado y en aquellos países cuyos estándares de vida los ubican en un polo intermedio en la escala de calidad de vida. Argentina, precisamente, es uno de esos países donde ciertos indicadores muestran una calidad de vida superior a la de otros países subdesarrollados. Así, la penetración de internet y en materia de uso de las nuevas redes sociales, más un nivel de escolarización y alfabetización que históricamente se ubica entre los mejores de América latina; implica hoy la existencia de adolescentes y jóvenes en superiores condiciones respecto a otros países. Por ello puede plantearse la existencia de una franja de la población joven que podría adquirir derechos políticos en función de su relevancia a nivel social.
Lo cierto es que en la Argentina esos mismos cambios de relevancia de la juventud implicaron e implican que se reclame un viraje en el derecho penal, promoviendo la imputabilidad a partir de los 16 años y el cumplimiento efectivo de las penas que pueden recaer sobre ellos. Frente a dicha propuesta existe otra polémica, debido a que el sistema carcelario no hace más que empeorar la situación de quienes caen bajo las garras del sistema penitenciario, a pesar del mandato constitucional de la función de resocialización y no de castigo que deberían cumplir las cárceles.
Aquí también existe un dilema respecto a la elección de determinados medios en función de los fines que persiguen. ¿Es aceptable que un partido político que busca la polarización y el enfrentamiento permanentemente en la sociedad amplíe la base de electores en pos de ampliar la legitimidad democrática cuando luego no se observan dichos objetivos en la convivencia diaria del sistema político? Vale reflexionar al respecto sobre la paradoja de la oposición que al respecto manifestó el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Este centenario partido nació por un movimiento de jóvenes defraudados por la política del Unicato del tiempo de Miguel Juárez Celman, quien terminó renunciando luego de la Revolución de 1890 por la que una porción considerable de jóvenes excluidos de la participación política se volcaron a las armas y buscaron el fin del régimen. Al año siguiente, estos jóvenes liderados por Leandro Nicéforo Alem se separarían del sector encabezado por Bartolomé Mitre y, en rechazo al pacto que este último firmara con Julio Argentino Roca, terminaron creando la Unión Cívica Radical, en contraposición a la Unión Cívica Nacional que terminó siendo fagocitada por el régimen conservador hasta que en 1916 ganó la presidencia de la Nación don Hipólito Yrigoyen. El eje del radicalismo, en coherencia con sus postulados iniciales, fue la participación de quienes como excluidos del régimen político tenían que ser oidos y considerados a la hora de ejercer el gobierno de la república. Por eso hoy, frente a esta iniciativa, resulta paradójico aunque entendible la oposición a dicho proyecto. ¿Es válido impedir que sean incorporados al padrón nacional tres millones de jóvenes que pueden darle a la democracia mayor legitimidad? Quizá sea importante, como planteara también el arzobispo de San Juan, Alfonso Delgado, reducir la brecha social y mejorar los índices de escolarización y de inserción social y laboral de millones de jóvenes.
Válido resulta recordar la diferenciación entre la “república posible” y la “república verdadera” que hicieran Ezequiel Gallo y Natalio Botana, rescatando esos conceptos de Juan Bautista Alberdi cuando propone "(construir) en Las Bases el esquema fundamental del Estado de Derecho de nuestro país, (quien) es plenamente consciente de que propone un sistema autoritario (autoritarismo progresista sin duda, pero autoritarismo al fin), (y) por eso destaca que no propone la "República verdadera" sino la "República posible", lo que lo convierte en el más pragmático de nuestros pensadores utópicos", en palabras de Elida Lois, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Centre de Recherches Latino-américaines de la Unversidad de Poitiers de Francia. En este sentido, todo esfuerzo por arribar a la República Verdadera debe ser el norte de brújula de los distintos actores del sistema político, pero quienes abogan, tal como plantean, más sinceramente que otros por dicho esfuerzo, son los mismos que deben propugnar con mayor énfasis por encarar las reformas integrales y no meramente circunstanciales y electorales que puedan motivar la ampliación de la base de legitimidad de una democracia como definitivamente se está discutiendo en el fondo a través de estos proyectos de Fernández y Corregido en la Cámara de Senadores y en el Concejo Deliberante de Ushuaia con el proyecto de enmienda de De Marco.