La denuncia, presentada por Claudio Lozano (Unidad Popular) y Jonatan Baldiviezo (Observatorio del Derecho a la Ciudad), quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2. En conferencia de prensa explicaron, “No hay expediente administrativo que diera cuenta de la cantidad de dinero que se pidió y de la forma en que se pidió. Asimismo hacía falta un informe del BCRA para evaluar el impacto que tendría el pago de ese préstamo en las cuentas públicas y las reservas.” “Las deudas se pagan, las estafas no”.
En la conferencia de prensa realizada en la CTA AUtonoma, expusieron sobre la denuncia penal efectuada por Claudio Lozano y Jonathan Baldiviezo, contra el Presidente de la Nación, Mauricio Macri; el ex Ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne; el Presidente del Banco Central, Guido Sandleris; y demás funcionarios responsables por las irregularidades legales en el acuerdo con el FMI.
En la misma explicaron los argumentos de la denuncia por la deuda contraída con el FMI por “la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y Abuso de Autoridad, previstos y reprimidos en el art. 248 del Codigo Penal y de Administración Fraudulenta contra la Administración Pública”.
En este sentido, el Secretario General de la CTA-A, Ricardo Peidro, dijo que la Central subscribe a dicha denuncia: “Independientemente de las consecuencias que trae sobre el pueblo en general y la clase trabajadora, las denuncias apuntan a los incumplimientos que ha tenido el acuerdo ya que no pasó por el Congreso de la Nación y también incumple acuerdos internacionales. Desde la CTA Autónoma repudiamos el acuerdo y somos parte de esta denuncia colectiva contra los responsables”.
La denuncia ya fue radicada la última semana por Lozano y Baldiviezo, en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 a cargo del juez Sebastián Roberto Ramos.
“El planteo tiene que ver con la forma en que los funcionarios toman decisiones en el marco de un Estado de derecho. No hay expediente administrativo que diera cuenta de la cantidad de dinero que se pidió y de la forma en que se pidió. Asimismo hacía falta un informe del BCRA para evaluar el impacto que tendría el pago de ese préstamo en las cuentas públicas y las reservas.”, explicó el letrado en torno a la presentación.
Al respecto, Claudio Lozano, Director del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), explicó: “Durante toda su gestión, Macri tomó deuda por un monto superior a los 100 mil millones de dólares y de esos, 86 mil millones de deuda se fugaron. Entonces, su acuerdo con el Fondo, que es una parte de ese endeudamiento, está flojo de papeles, hay argumentos para que el próximo gobierno tenga como tarea investigar y auditar el acuerdo”.
Asimismo el dirigente afirmó que: “Con el acuerdo con el fondo se acrecentó la fuga, no se detuvo”. Y denunció una correlación de responsabilidades del Fondo y de Macri en la crisis argentina, en tanto ese crédito tuvo una condicionalidad de carácter geopolítico por los recursos naturales de nuestro país.
Cabe recordar que el acuerdo implicaba en primera instancia la reforma laboral, tributaria y previsional, además de la modificación de la carta orgánica del BCRA: “Pretendían así la enajenación del Estado en materia económica. Por eso es tan importante resolver con todos los criterios. Las deudas se pagan, pero las estafas no”, ratificó Lozano.
Por su parte, Jonathan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, reafirmó: “Esto constituye una gravedad institucional muy grande. No solamente por las implicancias políticas del acuerdo y de la intervención del FMI en nuestro país, sino porque lo hizo basándose en leyes caducas. El gobierno pasó por encima al congreso en muchas oportunidades: ha vendido terrenos fiscales, ha autorizado el uso de la fuerza en el interior, etcétera”.
Asimismo, remarcó que: “esto es un uso del poder fraudulento en perjuicio de la gente, que permitió la fuga de capitales. El cepo cambiario impuesto tras las elecciones de octubre para evitar la fuga de capitales, da muestra que sabían que Política tenían que tomar, y que no lo hicieron por cuestiones electorales y de campaña”.
Eduardo Murúa, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), explicó que el trabajo de los abogados logró comprobar “que el gobierno no había cumplido con ninguna de las reglamentaciones correspondientes, ni hicieron un estudio para decir para qué iba a ser utilizado el dinero, ni pidió el informe que debía al BCRA”.
“Estamos convencidos que la deuda es ilegítima, y viene a comprometer el futuro de nuestros hijos, y creemos que la deuda fue consensuada en complicidad con el Departamento de Estado, el gobierno de Macri y el FMI, y busca condicionar a cualquier gobierno popular que pueda venir”, denunció.