La Secretaría de Derechos Humanos presentó una nota este jueves ante la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), a los fines de dejar formalmente comunicada su preocupación, respecto de las falencias de prestación de los servicios que tiene bajo su órbita en la Provincia de Tierra del Fuego, en tanto constituye una vulneración del Derecho a la Comunicación de sus habitantes.
La secretaria Nélida Belous, indicó que en los fundamentos se expresa la vulneración a la normativa en la materia, y específicamente la recientemente sancionada Ley 27.078 “ARGENTINA DIGITAL” sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del pasado 16 de diciembre de 2014, mediante la cual se declara de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados (art. 1°), y cuya finalidad es garantizar “el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones” (art.2).
Esta misma ley determina en su Artículo 59 que “El usuario de los Servicios de TIC tiene derecho a: a) Tener acceso al Servicio de TIC en condiciones de igualdad, continuidad, regularidad y calidad. Y c) Tener acceso a toda la información relacionada con el ofrecimiento o prestación de los servicios”.
Por ello, Belous explicó que se solicitó intervención a la Comisión Nacional de Comunicaciones “a fin de que nos remita información sobre las acciones que la mencionada ha tomado de acuerdo a los reclamos de los consumidores los cuales, sabemos, son numerosos y reiterados; así como también una evaluación de calidad del servicio en relación a la prestación de los servicios y su nivel de calidad en la provincia, todos los prestadores sobre las redes propias o públicas”.
Además, la funcionaria entendió que “las deficiencias no corresponden a un hecho aislado sino que, muy por el contrario, es casi azaroso lograr una comunicación o una optima conectividad a internet, por lo que claramente se está vulnerando la normativa vigente que regula el desarrollo actual de las tecnologías”.
“Las garantías de la libertad de expresión consagrada por la Declaración Universal de los Derechos humanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) están siendo, claramente, infringidas por las empresas multinacionales y consideramos que es momento de analizar, como provincia, la posibilidad de iniciar las acciones”, finalizó.