Las diputadas radicales Jimena Latorre, Ximena García y Pamela Verasay, presentaron un proyecto de resolución para que la Secretaría de Energía y el Ministerio de Ambiente brinden información sobre el derrame de petróleo que tuvo lugar el pasado 10 de diciembre en la provincia de Río Negro. Asimismo, presentaron un proyecto de Ley para identificar Infraestructuras Críticas de la Energía e incluirlas en un Plan Nacional con el objetivo de proteger a la población y al medio ambiente.
El pedido de informes busca, por un lado, dilucidar las causas y consecuencias del derrame de petróleo en Río Negro, ocasionado por una falla en el sistema de oleoductos de la compañía Oldelval y que se propagó por unos 20.000 metros cuadrados de zona afectada. Se trata del derrame más grave en la provincia, al menos en los últimos 10 años.
Por otro lado, las legisladoras buscan conocer el funcionamiento e inversiones de la empresa responsable, dado que se investigan dos posibles factores: la antigüedad de la infraestructura y la cantidad de crudo que circula.
En este sentido la diputada García dijo: “Lo que pasó es una verdadera catástrofe ambiental. El daño debe ser determinado cuantitativa y cualitativamente lo antes posible. A priori, el estado de la infraestructura nos indica que hemos tenido mucha suerte de que las consecuencias para el ambiente no sean aún mayores”.
Por su parte, la diputada Latorre expresó: “Creemos necesario que se informe sobre el funcionamiento del sistema concesionado a Oldelval, ya que el mismo se encuentra en el centro de las críticas. El salto en la producción de Vaca Muerta puso al límite su capacidad de transporte y desde algunas empresas aseguraron que hubo días en que no pudieron inyectar todo el petróleo que esperaban”.
Y agregó: “No es menor que el accionista mayoritario de la empresa sea YPF, empresa en la que a su vez el socio mayoritario es el Estado argentino. Una situación que viene a sumarse a la crítica situación operativa y financiera de la principal empresa productora y refinadora del sector”.
“Es evidente que hay una confusión de roles en un escenario donde la autoridad de aplicación energética y ambiental no cumplen los relevamientos y controles; y la empresa que debería mantenerse fuera del diseño de las políticas energéticas toma las decisiones que le competen a la Administración” afirmó Latorre.
El Proyecto de Ley “Plan Nacional de Infraestructuras Críticas de la Energía”, también presentado por las legisladoras, va en sintonía con el pedido de informe y busca evitar que estos incidentes tengan lugar y que los riesgos ante los potenciales desastres que tales hechos pudieran ocasionar, puedan mitigarse con mejores y más estrictas regulaciones en la materia. A los fines de su ejecución, la ley crea una Comisión Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas en Energía, y define los criterios básicos para que cada provincia, junto a la comisión, trabaje en la identificación de las mismas y se incorporen al Plan Nacional.