Al ser analizado en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, el bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) rechazó y cuestionó severamente el decreto 457/2020, por el cual el Presidente Alberto Fernández dispuso que se eliminan los límites del Poder Ejecutivo para redefinir las partidas presupuestarias. En este sentido, el diputado nacional Gustavo Menna, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, señaló que “a esta altura no podemos estar discutiendo de quién es la atribución constitucional de decidir la ley de Presupuesto.
La Constitución es absolutamente clara, es una atribución exclusiva del Congreso de la Nación. Este decreto desbarata ese mandato Constitucional. Está aún pendiente, transcurrido casi medio año, el debate del Presupuesto 2020. Ese debate requiere de representación, por eso todas las constituciones lo ponen en cabeza del Poder Legislativo, y no en manos de un funcionario que ni siquiera es electo, como es el Jefe de Gabinete”.
“El DNU 457 le quita todo sentido a la ley de presupuesto. De qué va a servir todo ese debate en torno a las prioridades del presupuesto público si un funcionario como el Jefe de Gabinete puede cambiar las prioridades, y sin ningún tipo de límite. La Ley de Presupuesto pasa a ser una norma vacía de contenido, pasa a estar en manos de un funcionario que ni siquiera es el Presidente”, agregó.
El Poder Ejecutivo toma por sí unilateralmente atribuciones del Congreso. Ya existe una delegación de facultades, hay una Ley de Emergencia existente. Está también el plazo de esa delegación, que es por todo 2020. Por lo tanto no puede venir a superponerse un DNU, y así ya lo estableció la Corte Suprema de la Nación.
Todos sabemos las consecuencias que esto trae. Esto termina perjudicando no solo la división de poderes sino que también afecta el control de la ejecución presupuestaria. Son normas que permiten los desvíos de poder y de fondos. Por eso fue una buena decisión cuando en 2016 se modificó el artículo 37 de la ley de Administración Financiera y se volvió a una normalidad, previendo algunas situaciones que pueden darse de un modo inesperado y por eso se había establecido un 7,5 % de tope y 5 % a partir de 2008. Eso es algo lógico, era una norma, ahora sin efecto por este decreto, que contemplaba aquellas situaciones de emergencia.
Luego, el diputado nacional Luis Petri afirmó que “desde diciembre a la fecha se está exacerbando la concentración de poderes, se está exacerbando el hiperpresidencialismo en nuestro país”.
“El DNU tiene antecedentes en nuestro país, no es nueva la tentación que tiene quien ejerce el Poder Ejecutivo de quedarse con facultades que son propias del Congreso. Esta forma de establecer reasignaciones de partidas comenzó en la época de Menem, y se institucionalizó en 2016. Quien era jefe de Gabinete en ese momento y quien tenía la facultad de reasignar partidas es quien hoy es Presidente de la Nación. Esa posibilidad extraordinaria e inconstitucional ponía una delegación del Congreso al PEN respecto de facultades que le son propias. Terminaba siendo el Legislativo arrebatado de estas facultades por parte del Ejecutivo. A partir de la modificación de la Ley de Administración Financiera, la Ley de Presupuesto podía reducirse a un artículo: recáudese lo que se pueda y gástese lo que se quiera”, agregó.
“Esto está volviendo a pasar hoy. Y es aún más grave con ese decreto 457, porque en la actualidad no tenemos Presupuesto. El Poder Ejecutivo se ha negado a enviare el Presupuesto para que se debate cómo se van a gastar los recursos del Estado nacional. Esto debilita también los controles que necesariamente el Congreso de la Nación debe hacer respecto de ese programa de Gobierno. Y es más grave porque ya no hablamos de una delegación del Legislativo al Ejecutivo, sino que ahora es el propio Poder Ejecutivo el que con un DNU nos arrebate las facultades que la Constitución pone en manos del Congreso”, finalizó.