Durante la madrugada del domingo pasado, y en cuestión de horas, se levantaron prácticamente de manera simultánea, cuatro precarias casillas, confeccionadas con plásticos, troncos de la zona, chapas y demás materiales ligeros. Inmediatamente introdujeron a niños en las construcciones, impidiendo la labor de la Municipalidad para la preservación y recuperación del espacio que se halla afectado al anteproyecto de urbanización de los asentamientos de la zona.
Según fuentes extraoficiales existía la clara intención de un grupo organizado de personas de ocupar una superficie del bosque con 10 familias. Además pudo observarse el apoyo e instigación de otras personas que alentaban el uso de los niños para sostener y afianzar la ocupación clandestina llevada adelante en parte de la masa boscosa clasificada en "amarillo" por la Dirección de Desarrollo Sustentable de la Provincia.
Una vez realizadas las actuaciones administrativas, el mismo domingo se dio intervención a la Policía solicitando, en dos oportunidades, que tome todas las medidas tendientes a brindar seguridad para que el Municipio ejerza su poder de Policía Municipal y a la Justicia Penal en razón de advertirse la comisión de varias delitos por las personas que intervinieron.
Mientras el Municipio aguardaba las respuestas de los organismos intervinientes y durante los siguientes días, personal de Desarrollo Social, Promoción y DDHH realizó relevamientos e intervenciones adecuadas a las necesidades de cada una de las familias instaladas persuadiéndolas de que abandonen el espacio público y cese el riesgo al que están expuestos los niños por parte de los adultos.
En este marco, y en horas de la tarde del día jueves, cuatro días después de ocurridos los hechos, personal de la Subsecretaría de Fiscalización y Contralor Urbano es convocado por la Policía, en virtud del cumplimiento de una manda judicial tendiente a la recuperación del predio, al lugar también se hizo presente el secretario de Gobierno Oscar Rubinos, el secretario de Promoción y Desarrollo Social, Juan Manuel Romano, y otros funcionarios en representación del Municipio.
Lamentablemente, la permanencia de los niños dentro de las edificaciones, juntamente con la presencia de personas que arengaban las ocupaciones clandestinas -como referentes de distintos asentamientos y de otros espacios geográficos- y la legisladora del PSP Amanda del Corro, quien obstruía la labor de la Policía y contribuía a profundizar el riesgo en el que se encuentra las personas que se instalan en espacios públicos, razón por la cual, y pese al Oficio Judicial vigente, resultó ineficaz la labor policial.