Durante la Sesión Ordinaria desarrollada este miércoles, el Observatorio Cuestión Malvinas emitió un crítico documento donde analiza el errático rol del Gobierno Provincial a tres años de la firma del acuerdo Foradori Duncan. Mediante un extenso análisis – aprobado por unanimidad – titulado “Apuntes sobre el manejo de la Cuestión Malvinas por parte del Poder ejecutivo provincial encabezado por la Gobernadora Dra. Rosana Bertone a tres años de la firma del Acuerdo Foradori-Duncan” los integrantes del cuerpo realizaron un detallado informe donde se pone en evidencia el silencio y la falta de posición de la Provincia, intervenciones a destiempo y zigzagueantes exposiciones públicas que perjudicaron el reclamo de soberanía plena por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
En el documento afirmaron que “… la tardía pronunciación y el silencio frente a determinadas decisiones tomadas por parte del Poder Ejecutivo Nacional, en virtud de la defensa del interés provincial, sobre los territorios usurpados (…) nos conduce a formular algunas consideraciones respecto de la gestión que hace el Poder Ejecutivo Provincial sobre la Cuestión Malvinas. A lo largo de tres años de gestión (…) las contradicciones y el doble estándar con el que el gobierno de la Provincia lleva adelante la Cuestión Malvinas han sido una constante“.
Asimismo, los consejeros destacaron que deben “… advertir, una vez más que, de dar continuidad al curso de acción establecido en el Pacto Foradori – Duncan, Gran Bretaña, lograría uno de sus objetivos mas anhelados en política exterior, que es el reconocimiento por parte de la República Argentina de su condición de Estado Ribereño en el Atlántico Sur. (…) A pesar de ello, el gobierno de la Provincia, luego de reiteradas advertencias de las consecuencias negativas – por parte del Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas – de carácter político, económico, jurídico, diplomático e histórico, que se desprenden de las negociaciones bilaterales enmarcadas en la “hoja de ruta” firmada el 13 de septiembre del 2016, continuaba haciendo oídos sordos” evidenciaron.
El Observatorio señaló que el Gobierno “… bajo el pretexto de formular una política de Estado en torno a la Cuestión Malvinas, decidió convocar a todo el arco político provincial para celebrar, en la ciudad de Buenos Aires, la creación de la Secretaria de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas, decisión que el Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas celebró y acompañó. A partir de ese entonces comienza a darse en la Provincia un proceso de aparente malvinización que tiene como actor principal el uso y la manipulación mediática de la Cuestión Malvinas por parte del actual gobierno de la Provincia para meros fines electorales”.
Los representantes de las distintas instituciones sostuvieron que “…este proceso tiene como eje la promoción de la “Ley Malvinas.” Proyecto de Ley que si bien es impulsado por el Poder Ejecutivo Provincial, no le cabe derecho intelectual alguno, dado que fue apropiada, por un lado del trabajo desarrollado en el marco del Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas, que de manera consensuada por las instituciones que integran dicho Observatorio, elevaron a la Señora Gobernadora tal recomendación. Siendo la misma mejorada por los aportes del prestigioso Constitucionalista, el Dr. Eduardo Barcesat y puesta a su disposición ”
Respecto a Nación hicieron notar que “… el Estado Nacional tiene una clara Política de Estado y la misma se hace manifiesta justamente en este tratado signado por los representantes diplomáticos de Argentina y el Gran Bretaña. Política de Estado contraria al interés nacional y al interés provincial que lesiona los principios fundamentales que sustentan el legitimo reclamo de soberanía plena”.
Finalmente, cerraron poniendo de manifiesto que “…es por todo ello que la legítima e imprescriptible soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos correspondientes de conformidad con la Clausula Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional y, la integridad territorial de nuestro país y nuestra provincia, nos coloca en una posición en la cual el silencio, la inacción, la improvisación, la desidia y la hipocresía ya no son una opción”.