El presidente del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas, Ricardo Uribe, habló por FM Líder de Río Grande acerca de las repercusiones del informe presentado por Jorge Lanata, sobre el canon que pagan las máquinas tragamonedas del Casino Club propiedad de Cristóbal López.
“Me parece muy interesante que haya tenido escala nacional, para que pueda ser tratado en Tierra del Fuego y se lo ponga en el centro de la discusión política, porque es un cuestión que nos incumbe y nos concierne a todos”, expresó Uribe.
El funcionario comentó que al momento de asumir su cargo, “una de las consignas que me da la Gobernadora, sabiendo que íbamos a una Institución desvastada, era tratar de recuperar la institucionalidad y la potestad del IPRA, por lo que estamos llevando adelante una tarea de empoderamiento”, aclarando que, “nos encontramos con un canon por un monto irrisorio, por lo que nos abocamos a la tarea de tratar de equilibrar esa relación tan remota entre una y otra, que mientras teníamos una Institución pública que se empobrecía, teníamos las empresas vinculadas al IPRA que se enriquecían”.
Con respecto al canon, confirmó que se trata de un monto fijo de 300 pesos, y que son actualizables por el índice del CER. “En el gobierno de Manfredotti pierde la potestad el IPRA, por lo que la gobernadora Ríos está luchando lograr la potestad de poder imponer el canon. Tenemos la concepción de defender las instituciones públicas, y si la instituciones públicas no pueden hacer enteramente su trabajo, lo que se está haciendo es distorsionar; porque para eso está hecha la Constitución, que pone el monopolio del juego en manos del Estado, y crea al IPRA para regular, por lo que en sus facultades está imponer el canon, y esto se transforma en un problema político”.
Uribe mencionó que ya hay dos fallos judiciales en contra, aclarando que “si nos falla nuevamente en contra la Justicia, obviamente lo que se está haciendo es entregar el poder de policía a un privado, por lo tanto, casi podría decir que se ha privatizado el juego. Debido a esto, ahora apelamos al Superior Tribunal de Justicia, para lograr la potestad de un institución pública”, aseveró.
Por último, agregó que hay 8 máquinas de juego pertenecientes al Casino Club que fueron detectadas por el Secretario de Juego, y no se autorizó su utilización.