El senador nacional de Juntos por el Cambio (JxC) por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Pablo Daniel Blanco, presentó un proyecto de Ley de Coparticipación Federal de Impuestos para que sea discutido y acordado en el Senado, ámbito natural de la deliberación entre las provincias y la Nación.
La propuesta se basa en dos pilares fundamentales. El primero es el de la total separación de los recursos coparticipados entre la Nación y el conjunto de las 24 jurisdicciones (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) a partir de las fuentes tributarias. Esto permitirá terminar con las permanentes injerencias de los gobiernos centrales de turno en las cuestiones de distribución entre las provincias, injerencia que se limitará ahora exclusivamente al uso del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). También el proyecto pone fin a la interrelación de los temas federales con el sistema previsional nacional, que había quedado inmiscuido por las “precoparticipaciones” de impuestos que terminaron en la Justicia: ahora la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) vuelve a estar totalmente del lado de la Nación.
Blanco declaró que “es hora que nos animemos a debatir un nuevo proyecto de coparticipación ya que el sistema que tenemos ahoga más a las provincias que lo que les permite crecer. Si esta iniciativa prospera y se sanciona, habrá 4 impuestos que se denominarán ‘federales’ (IVA, internos, bienes personales y monotributo impositivo), cuyas recaudaciones se distribuirán enteramente entre las 24 jurisdicciones. El resto de los impuestos se considerarán ‘nacionales’ y su producido se distribuirá exclusivamente entre la Nación y la ANSeS. Dejarán de existir las asignaciones específicas de impuestos y las garantías mínimas de recursos para las provincias”.
Blanco destacó que “el segundo principio fundamental del proyecto es el de la correspondencia fiscal, ya que cada jurisdicción provincial recibirá el equivalente al total de la recaudación de ‘impuestos federales’ que se genere en su propio territorio y, además, tendrá la facultad de modificar, dentro de su jurisdicción, las alícuotas y las exenciones de esos impuestos”.
El senador fueguino señaló que se trata de “una propuesta muy innovadora y altamente viable gracias a dos instrumentos estratégicos. El primero es que no se innova nada en materia de administrativa: la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- seguirá a cargo de toda la recaudación y distribución de los impuestos coparticipables: tanto de los federales como de los nacionales. Pero será convertida en un órgano verdaderamente federal, integrado y supervisado por todas las partes: Nación y provincias. El segundo es que se establece un sistema automático de compensaciones para el mantenimiento de la situación inicial, de modo que ninguna de las 25 partes firmantes (Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), cuando comience el nuevo régimen, quede peor de lo que está en la actualidad”.
“El proyecto –puntualizó Blanco– permitirá además dar certezas sobre el futuro de los regímenes promocionales regionales, como el de Tierra del Fuego que vence en 2038, ya que, al quedar incorporados a la situación inicial, solo dependerán en el futuro de cada jurisdicción beneficiaria. Esta Ley nos permitirá a los fueguinos diagramar un sistema que permita mejorar el Subrégimen vigente con total autonomía, con el plazo de duración y según los objetivos estratégicos de la provincia. Podremos decidir por nosotros mismos qué actividades promover, mediante la modificación de los impuestos federales que se aplican en la provincia”, enfatizó.
“Lo mismo vale para todas las demás provincias, que podrán hacer política de promoción tributaria con sus propios recursos. Y podrán también eliminar distorsiones unificando los impuestos inmobiliarios y automotores con bienes personales o modificando coordinadamente IVA e ingresos brutos, ya que todos ellos serán de facultad discrecional de las Legislaturas provinciales”, propuso el parlamentario radical.
“La autonomía fiscal, tanto de la Nación como de las 24 jurisdicciones, es el alma de la propuesta. ¿Quién se podría negar a una mayor autonomía?”, desafió Blanco.