En un polémico fallo para una de las causas más emblemáticas de la investigación por presuntos hechos de corrupción fueguina, el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, absolvió sin costas este viernes a Ángel Gustavo García Casanova, Néstor Sierra, Eduardo Filosa Graciela D' Adamo, Francisco Grondona y Enrique Pinto, del delito de defraudación contra la administración pública en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. La utilización de una empresa fantasma como pantalla para apropiarse de créditos del Fondo Residual a través de bienes inmuebles subvaluados, con prostíbulos como domicilio legal, funcionarios del gobierno peronista de Carlos Manfredotti y "notables" letrados, son numerosos los elementos con que contó esta causa que hoy se cierra con un fallo cuyos fundamentos se conocerán el 4 de abril. Incluso el vicegobernador (mc), Daniel Gallo, recientemente volvió a la tapa de los diarios por poseer una empresa off shore en la investigación de los Panamá Papers, en sintonía con su hijo, referente de la alianza Cambiemos en Tierra del Fuego a partir del vínculo que éste último posee con la familia del ministro del Interior, Rogelio Frigerio (n.).
En la instancia de últimas palabras que tuvo lugar por la mañana en tribunales, los imputados Eduardo Filosa y Néstor Sierra, decidieron no pronunciar ninguna palabra ante los jueces del Tribuna del Juicio, si accedieron a ese beneficio Enrique Pinto, quien sólo agradeció a los magistrados y al representante del Ministerio Público Fiscal, el trato dado hacía su persona. Por su parte, Graciela Dadamo le dijo a los jueces que siempre había actuado “dentro de las normas legales”, que no había cometido ningún ilícito y se mostró confiada en el veredicto de los jueces.
En tanto, Ángel García Casanovas afirmó: “Después de 15 años de proceso judicial, tengo muchas cosas para decir, pero prefiero no repetir lo que dijo mi defensa técnica”, y acto seguido hizo referencia a su inocencia, relatando que “injustamente se ha arruinado mi persona y lo siguen haciendo”. Durante la etapa de alegatos, el abogado del Fondo Residual, Martín Muñoz, había solicitado al Tribunal de Juicio que condene a los 6 imputados a la pena de 4 años por el delito de defraudación agravado contra la administración pública, mientras que el representante del Ministerio Público Fiscal, Eduardo Urquiza, había fundado su alegato en penas que van de los 2 años de prisión más inhabilitación especial para ejercer cargos públicos mientras dure la condena, a 1 año y 6 meses de prisión para los imputados.
Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 4 de abril, a partir de las 20 horas.