La visita que esta semana realizarán los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua, Miguel Díaz Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, respectivamente, a la Argentina en el marco de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinos y Caribeños (CELAC) constituye una burla que adquiere tono grotesco en el 40° aniversario de la recuperación de la democracia.
Estos tres países difícilmente y sólo por desconocedores de las implicancias de la democracia pueden ser calificados de democracias. Resulta muy atinada la reflexión porque nuestro país pretende erigirse como paladín de la defensa de los derechos humanos y las libertades y, recibiendo con los brazos abiertos a estos autócratas, lo que hace es ratificar la imagen que el kirchnerismo ha instaurado del país, alineado con regímenes autoritarios que encarcelan opositores, aplican diversos métodos de tortura y modifican a su antojo las Constituciones con el fin de eliminar la división de poderes y prolongar indefinidamente los mandatos de los gobiernos para enriquecerse a costa del sufrimiento y el empobrecimiento de las mayorías.
Si bien la presencia de Maduro es la que más polémica genera, dado el reclamo de sectores de la oposición de proceder, una vez instalado en el país, a su detención por violación a los derechos humanos –largamente denunciados incluso por la ex presidente de Chile, la socialista Michelle Bachelet-; no son menos “meritorios” los antecedentes de Díaz-Canel y Ortega.
Díaz-Canel, personero del régimen de los tiranosaurio Castro que mantiene sometido al pueblo cubano en la isla-cárcel más famosa y de la que, solamente en los últimos 25 años, escapó un millón, gran parte de ellos con destino a los vecinos Estados Unidos; no sólo no ha traído aires renovadores a la dictadura más longeva del continente, sino que ha mantenido la represión con tortura y cárcel a quienes se atrevan a protestar por las inmisericordes y miserables condiciones en que tiene sometido a sus habitantes el títere de Fidel y Raúl Castro. Resulta curioso que las Damas de Blanco de Cuba, esposas y familiares de los presos políticos cubanos, no tenga la solidaridad que merecen de sus pares argentinas, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, demostrando estas últimas que, más que defender la causa de los derechos humanos, no son más que grupúsculos de apropiadoras y usurpadoras de tan noble causa como es la de la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales.
El caso de Ortega es muy similar. Imponiendo un Estado de terror permanente, tal como lo calificó el Centro Nicaraguense de Derechos Humanos, el régimen de este dictador ha determinado una política de encarcelamiento de candidatos presidenciales que le permitieron imponerse nuevamente en una farsa de comicios. Con 235 presos políticos a quienes se les aplican torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, el silencio de los presidentes latinoamericanos representa la complicidad de quienes deben ejercer el poder de presión para eliminar estas estrategias represivas como instrumento contra los ciudadanos.
Como si todo esto fuera poco, el anfitrión, Alberto Fernández, quien a través de las fuerzas de seguridad es responsable como máxima autoridad de las desapariciones y posteriores muertes de personas que, durante la pandemia, han sido detenidas por violación de las normas de aislamiento y de circulación restringida; ahora es el promotor de un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se reunirá este lunes en Ginebra, Suiza, a partir de las 14:30 horas (10 horas en la Argentina) para que los países miembro brinden su Examen Periódico Universal (EPU). El informe, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla, quien ya dio muestras de parcialidad cómplice necesaria al defender a dictadorzuelos de pacotilla, verdaderos señores feudales del siglo XXI, como el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán; pretende denunciar una “proscripción” contra la vicepresidente Cristina Fernández, además de acusar a los perseguidos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como perseguidores que actúan movidos por la venganza y el rencor.
No podemos dejar de aludir a algunos gobernadores como Jorge Capitanich o Ricardo Quintela, de Chaco y La Rioja, respectivamente, que no sólo han llamado a desconocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a la presentación que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo por la quita intempestiva y unilateral de recursos ejecutada por el Gobierno de Fernández en 2020. También, junto al senador Oscar Parrilli, de la provincia de Neuquén, han pedido al primer mandatario que amplíe por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la cantidad de miembros del máximo órgano del Poder Judicial. Básicamente, estos pedidos significan que Fernández reafirme y ratifique el rumbo autócrata que por momentos parece tener con un discurso tan belicoso y violento contra todos aquellos sectores que cometen la imperdonable tropelía de ejercer el derecho de crítica y la libertad de expresión en contra de algunas medidas gubernamentales.
Este mundo del revés en el que viven encapsulados personas como Pietragalla o el mismísimo señor presidente, en donde se invita a participar con pompa y boato y reconocimiento a dictadores que doblegan toda voluntad de sus pueblos, refleja el trastrocamiento de los valores que constituyen la piedra basal de una democracia.