La presencia del secretario de Seguridad, Ezequiel Murray, en la Legislatura de la Provincia para profundizar el detalle del presupuesto 2018 proyectado para esa dependencia, fue el principio de una polémica que debiera encender alarmas. En una discusión que difundió el legislador del Movimiento Popular Fueguino (MoPoF), Pablo Villegas, personal que asesora a Murray admite que usaron 17 millones de pesos en concepto de gastos reservados, contra lo dispuesto en el artículo 73, inciso 4, que "...N
La presencia del secretario de Seguridad, Ezequiel Murray, en la Legislatura de la Provincia para profundizar el detalle del presupuesto 2018 proyectado para esa dependencia, fue el principio de una polémica que debiera encender alarmas. En una discusión que difundió el legislador del Movimiento Popular Fueguino (MoPoF), Pablo Villegas, personal que asesora a Murray admite que usaron 17 millones de pesos en concepto de gastos reservados, contra lo dispuesto en el artículo 73, inciso 4, que "…No existirán partidas para gastos reservados". Constituye una confesión de inusitada gravedad, dado el desconocimiento de la Carta Magna provincial, más aún en un área que aborda temas de delicado abordaje para con los derechos humanos, las libertades civiles y las garantías individuales, como es la Secretaría de Seguridad.
La cuestión de los gastos reservados son motivo de debate recurrente en la Argentina. Regulados por primera vez a través del Decreto Ley 5315 en 1956, se establecía que "comprende exclusivamente a los organismos que tengan servicios atinentes a la seguridad del Estado". En 1969, la dictadura de Juan Carlos Onganía emitió el Decreto Ley 18302 que reglamentaba el anterior Instrumento Legal, aunque no cambiaba el destino que debían tener esos gastos: seguridad y defensa. Raúl Alfonsín, en la primavera democrática, abrió un período de notoria reducción de gastos reservados, que encontraron un nuevo marco legal mediante la Ley 23110, sancionada en 1984. No obstante ello, la década de Carlos Menem y la continuación de Fernando De La Rúa fueron el escenario en el que nuevamente los gastos reservados fueron el gran protagonista de polémicas como son el pago de sobresueldos o las coimas en el Senado para aprobar la tan ansiada Reforma de Flexibilización Laboral bajo el padrinazgo del ministro de Trabajo, Alberto Flamarique. Quizá en un consenso de iluminación intelectual, la inclusión de prohibir gastos reservados en el texto constitucional de los fueguinos representa un gran valor que habla de prevenciones que vaticinaban, claramente de forma republicana y apego a las leyes de parte de los convencionales constituyentes. No podemos dejar pasar dicha confesión de parte de personal de una Secretaría como la de Seguridad. Defendamos los valores de la Constitución Provincial.