Por Alejandro Betts* La política nacional actual con relación a la única disputa territorial abierta con otro Estado fue anticipada al público muy pocos días de recibir la Banda Presidencial el Ing. Macri: volver a transitar por el camino de las “relaciones carnales” que nos condujo al fracaso estrepitoso de la década del 90. En ese entonces, el Gobierno nacional generosamente abrió la puerta a un “intercambio positivo” con la contra-parte de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas: el Reino Unido.
En la práctica, el “intercambio positivo” se convirtió en una pesadilla de concesiones desmalvinizadoras por parte de Buenos Aires, a demandas unilaterales e inflexibles desde Londres, vía Puerto Argentino. Acuerdos firmados que le permitieron a los británicos ampliar su pretendida jurisdicción marítima circundante a Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur de las 12 millas mar adentro de la línea base de cada archipiélago a los 150 millas primero, a los 200 millas después y finalmente a lo que pretendan en la actualidad de una línea irregular desde el Banco Namuncurá, a 150 km al este de la isla de los Estados y extendiendo 400 millas al Sur de la Isla Soledad; luego siga en abanico hacia el Este sobre la Meseta de Malvinas, para terminar en una traza paralela al talud continental de la Plataforma continental argentina, al Norte del archipiélago.
Para ser gráfico, esto representa dos millones y medio de kilómetros cuadrados de Mar Argentino apoderado en nombre de una Zona de Exclusión Económica en que se explotan de manera unilateral desde 1986 los enormes recursos ictícolas en esta área; y donde comenzaron tareas de exploración y perforaciones de las cuencas sedimentarias de hidrocarburos a partir de 1995 en adelante, también de forma unilateral.
Las pruebas están a la vista, mantener el “status quo” beneficia únicamente a las “víctimas de un acoso feroz” del Gobierno argentino, como ellos se autodefinen los habitantes británicos del territorio malvinero. Sin embargo, la realidad es que solamente de la pesca, se han beneficiado de una acumulación de 150 mil millones de dólares brutos en las tres décadas que van desde el inicio de la actividad industrial de la captura ilegal no reglamentada de los recursos pesqueros argentinos-fueguinos-sudamericanos en el Mar Argentino. Pingües ganancias que no condicen con la frase de “víctimas de un acoso feroz”.
Ahora van por más. Encontraron un Gobierno Nacional permeable a ceder aún más a las demandas unilaterales del Reino Unido para satisfacer sus necesidades inmediatas, de proseguir sin demoras en la extracción del petróleo que yace en los pozos ya acondicionados para tales operaciones en la plataforma continental argentina. Para ello, era imperioso volver a la práctica de los años 90 y un “diálogo constructivo” entre Londres y Buenos Aires.
Esa posibilidad se materializó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 13 de septiembre, a través del Comunicado Conjunto, en que, cito: “…ambos Gobiernos acordaron que la fórmula de soberanía del párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989, se aplica a este Comunicado Conjunto y a todas sus consecuencias.” Los ciudadanos británicos que habitan Malvinas estaban y siguen siendo, eufóricos, y no era para menos. El segundo párrafo del último punto de dicho Comunicado establecía expresamente que: “…ambas Partes acordaron que serían establecidas conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países. En este contexto acordaron el establecimiento de dos escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino, una en cada dirección.”
Un texto claro y conciso: conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países. Vuelos adicionales a las islas que constituirán una línea logística para el recambio de tripulaciones de los barcos pesqueros y las plataformas petroleras y abastecimiento en general, multi-rubro, sin participación directa argentina.
La pregunta que cabe aquí es: ¿A cambio de qué se accede validar estas rutas aéreas futuras? ¿Poder ingresar al territorio de Malvinas los argentinos del continente sin usar pasaporte o sufrir restricciones migratorias?; ¿Reducción progresivo hasta su definitiva eliminación de la base militar británica/OTAN de mayor envergadura de fuerzas extranjeras de la región sudamericana, emplazada en Monte Agradable?; ¿Acceder a iniciar gestiones concretas tendientes a la recuperación efectiva de la soberanía argentina de las Islas? No, nada de eso. De esos temas no se habla, esa postura es un reflejo fiel de su ya tradicional intransigencia que desarticula toda táctica de acercamiento entre Buenos Aires y la metrópoli británica.
Pues claro está que los británicos sí tiene una política de estado bien definida y en plena ejecución con respecto al futura relación bilateral por las Islas, anunciado por la Primera Ministra May en su mensaje navideño a los ciudadanos británicos del territorio: “Cosechará las recompensas con beneficios para vuestra economía, mejorando el comercio y el turismo, a la vez que desarrollando vuestras industrias de hidrocarburos y de pesca.” Más claro, echarle agua, como dice el refrán popular y otro claro ejemplo de que “la mano tendida” es del gobierno argentino y no tiene reciprocidad británica.
Además, cada tanto les damos motivos para entender que todo lo que se construye con el “diálogo constructivo” sería en beneficio excluyente de Londres y los ciudadanos británicos en ocupación en las Malvinas como lo que ocurrió hace pocos días con la tarjeta de salutación con diseño de mapa de la Argentina sin incluir en él las islas Malvinas ni el territorio antártico argentino. Este hecho suma a una extensa lista de “errores” u “omisiones involuntarios” por parte de funcionarios nacionales en temas relacionados con Malvinas que hemos sido testigos en estos últimos meses.
La última “omisión” tiene una característica particular que aumenta sensiblemente el agravio. Por ley 26651 sancionada el 20 de octubre de 2010 y promulgada el 15 de noviembre del mismo año, se establece “…la obligatoriedad de utilizar en todos los niveles y modalidades del sistema educativo como así también en su exhibición pública en todos los organismos nacionales y provinciales, el MAPA BICONTINENTAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.” En consecuencia, no hay justificación válida con que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación pueda rectificar su desconocimiento e incumplimiento de dicha ley. Pero sí, deja lugar para reflexionar sobre si realmente fue un “error involuntario” o, un globo de ensayo más, lanzado por el gobierno a los efectos de medir reacciones desde la opinión pública, el arco político y los medios de comunicación al nuevo intento de repetir la estrategia de las “relaciones carnales” del 90. Digo esto porque cuando se persiste en él, o los errores, a sabiendas, se pone en evidencia la falta de voluntad por defender los intereses nacionales.
Para finalizar este pequeño resumen de la situación actual con relación a la Cuestión Malvinas, no puedo dejar de lado el tema de la identificación de los combatientes argentinos caídos, haciendo la retaguardia con todos honores en el Cementerio de Darwin. Este no es un tema menor, sino algo que remonta del año 1983 cuando los británicos decidieron trasladar los restos mortales de los soldados argentinos sepultados en cada uno de los lugares de combate, hacía el sitio actual, bajo supervisión de una delegada del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). En el mes de abril de ese año, una delegación de familiares de Caídos argentinos fue recibida en Londres por funcionarios de la Oficina de Relaciones Exteriores quienes repitieron la “oferta” del traslado de los restos de los soldados fallecidos desde Malvinas hacía el continente, bajo el concepto de “repatriación”. Esta misma “oferta” había sido transmitida al gobierno argentino por el gobierno británico el año anterior, 1982. Obviamente, en ambas oportunidades tanto el gobierno nacional como los familiares de los combatientes caídos, rechazaron la propuesta británica de “repatriar” a quienes ya descansan en el suelo argentino malvinero.
Desde aquellas lejanas fechas, la identificación de los 115 fallecidos que no portaban algún elemento que permitiera su personificación y los 29 que llevaban nada más que su placa de identificación militar ha sido una prioridad impostergable en que Comisiones de Familiares de Caídos en Malvinas familiares y Centros de Ex Combatientes han trabajado denodada e incesantemente, en estrecha colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja, para la efectiva concreción de la tarea humanitaria de las pericias genéticas sobre los restos de los soldados argentinos sepultados en el Cementerio de Darwin. Por lo tanto, no es correcto interpretar la ejecución de la misma como una concesión del gobierno británico o la Asamblea Legislativo de las Islas -a quien Londres relegó la dependencia del Cementerio-, sino como una obligación de derecho del Estado del Reino Unido.
Nadie en su sano juicio puede oponerse a la iniciativa de identificación. Más aun, cuando dicha tarea va acompañada y fehacientemente documentada que se ajusta a todos los protocolos humanitarios que demandan las normas internacionales del consentimiento informado de las familias o seres queridos de los sepultados, convocados por los organismos involucrados y a los expertos designados para las pericias.
Al cuerpo diplomático argentino, le cabe la responsabilidad ineludible de rechazar tajantemente cualquier pretensión británica de “facilitar” el traslado de los cuerpos identificados desde Malvinas al suelo continental argentino como dejaron entrever en 1982 y 83 y cuya posibilidad está abierta todavía, según consta en acápite (e) de la carta elevada a la Comisión Nacional de Padres y Familiares de Combatientes Desaparecidos en Malvinas por el funcionario de Relaciones Exteriores Británicas, Cranley Onslow, de fecha abril 1983.
*Peticionante argentino ante la ONU, nacido en Puerto Argentino