La amenaza que vociferó el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, de paralizar la distribución de recursos hidrocarburíferos, constituye una versión Pro del uso de los recursos del Estado para beneficio personal y sectorial, amén de la confusión típicamente fascista entre Estado y partido que tanto se le adjudica a ciertos sectores políticos que cantan una marcha de adulación a un general de mediados del siglo XX.
Resulta poco seria la acusación del mandatario patagónico, primeramente, que denunció un recorte en los recursos de la coparticipación federal de impuestos que debía recibir la provincia. En estricto sentido de verdad, la provincia tiene una deuda con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial que, al mes de febrero inclusive de 2024, asciende a $119.091.257.332,36. El vicegobernador Gustavo Menna sostuvo que la provincia pidió refinanciar la deuda cancelándola en su totalidad mediante la emisión de títulos con garantía de regalías hidrocarburíferas, sin que el Ejecutivo nacional respondiera.
Es importante acotar que el Ministerio de Economía de la Nación, a través de su entonces titular, Sergio Massa, emitió el 2 de noviembre de 2023 la Resolución N°1632 en la que instruye al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial a refinanciar los servicios de amortización e interés que vencían en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023 del convenio suscripto entre el Estado nacional, la provincia y el Fondo el 16 de marzo de 2023. En el artículo 2° se establecen las condiciones financieras, que determinaban la amortización en doce cuotas mensuales y consecutivas, cuyo primer vencimiento operaría el último día hábil del mes de enero de 2024; el ajuste conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de cada nuevo vencimiento; la tasa de interés aplicable será de 0,10% nominal anual; y se cede “pro solvendo” los derechos sobre las sumas a percibir por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. Según el Diccionario Panhispánico de Español Jurídico editado por la Real Academia Española, la cesión “pro solvendo” es el “Negocio jurídico por el que el deudor propietario transmite a un tercero la posesión de sus bienes con la facultad de proceder a su realización y siempre con la obligación de aplicar el importe obtenido en la enajenación de aquellos al pago de las deudas contraídas con el cedente”, de lo cual se desprende que el débito operado por el Gobierno nacional sobre los recursos de coparticipación federal correspondiente a la provincia de Chubut no sólo no es ilegal sino que es de conocimiento pleno de la gestión del PRO en la jurisdicción.
Por otra parte, es preocupante la amenaza del gobernador Torres de cortar el suministro del gas y petróleo que produce la provincia, pues constituye una violación al artículo 126 que les prohíbe establecer aduanas provinciales y al artículo 127 que determina que ninguna provincia puede declarar ni hacer la guerra a otra provincia y sus quejas deben ser sometidas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y dirimidas por ellas. Además, considera que las hostilidades de hecho son actos de guerra civil, calificados de sedición o asonada, cuya represión corresponde al gobierno federal. El 128, en tanto, atribuye a los gobernadores de provincia el carácter de agentes naturales del Gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación.
Cuando Torres afirma que la Nación tiene un pie encima de la provincia para limitar y ahogar financieramente su distrito, omite mencionar que los legisladores de la Cámara de Diputados perciben como dieta la suma de $2.500.000, la cual fue informada a fines de enero por medios de comunicación de la provincia. También se informó del giro de cientos de millones de pesos para el financiamiento de espectáculos populares e incluso de ayudas económicas a clubes deportivos. Sin analizar pormenorizadamente los gastos en que incurre el gobierno chubutense pero especulando con gastos de similar tenor, cabe preguntarse si es cierto que el Gobierno nacional pretende ahogar financieramente a la provincia o si las autoridades de ésta aún no dimensionan el despilfarro en que a veces incurren los Estados.
Las consecuencias de semejante confrontación y los escenarios a los que nos enfrentaremos quedan para el análisis de los acontecimientos que se sucedan en los próximos días. Desde el diputado nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Unión por la Patria (UP), Leandro Santoro, que especuló con un desmembramiento similar al de la ex Yugoslavia en los años noventa que derivó en el surgimiento de diversos Estados en la región de los Balcanes en Europa; hasta la probabilidad que Torres recurra a la justicia en contra del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; y la respuesta de los sindicatos que podrían ser utilizados como fuerza de choque del gobernador de Chubut para llevar adelante las medidas extorsivas que anticipó recientemente; la vertiginosidad política empieza a ponerse en marcha y no hay señales que disminuyan.