La Cámpora ofreció en la Municipalidad de Ushuaia el abrigo perfecto para el séquito de funcionarios que quedaron huérfanos tras la derrota de Rosana Bertone en las elecciones de junio de 2019 a manos del binomio de Gustavo Melella y Mónica Urquiza. Desde Alejandro Ledesma hasta Angelina Carrasco, pasando por Ricardo Romano y Ezequiel Murray, Walter Vuoto cobijó con jugosos sueldos a los funcionarios que llevaron a cabo el ajuste más grande que sufrieron los fueguinos durante el gobierno provincial de Bertone entre 2015 y 2019.
El ex secretario de Medios, Pablo Ariel Cabas, designado mediante Decreto Municipal 2448/19, procesado por defraudación al Estado en 2019 en relación al manejo de 88 millones de pesos en pauta publicitaria en tiempos de administración de Cristina Fernández de Kirchner; percibe un haber que supera los 125 mil pesos mensuales por cumplir funciones de coordinador.
Ricardo Romano, legislador provincial del Frente para la Victoria (mandato cumplido), hoy subsecretario de Culto, fue designado mediante Decreto Municipal 2452/2019 y cobra alrededor de 157 mil pesos mensuales.
Maria Cecilia Fiocchi, ex candidata a diputada nacional junto a Bertone y ex subsecretaria de Relaciones Internacionales, fue designada mediante Decreto 2465/19 y cobra aproximadamente 157 mil pesos mensuales.
Sergio Niz, dirigente del Sindicato de Camioneros y uno de los impulsores de las movilizaciones de "vecinos autoconvocados" que militaban la anticuarentena frente a la Casa de Gobierno denunciando una "falsa Plandemia" en un juego de palabras que simulaba más un discurso conspiranoico que político, fue designado por Decreto 2476/19 y percibe un haber que supera los 157 mil pesos mensuales.
Pablo García, del Centro de Empleados de Comercio de Ushuaia, secretario de Gobierno y uno de los titiriteros de las protestas de comerciantes frente al Ministerio de Salud de la provincia, vio formalizada su designación mediante Decreto 2484/19, para recibir la importante suma de 176820 pesos mensuales.
Alejandro Ledesma, presidente de la Dirección Provincial de Energía (DPE), dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), gremio que hoy tiene entre sus dirigentes a integrantes de la cúpula del Partido Justicialista (PJ) e imputado por el pago a Ingeniería 65 SRL de alrededor de dos millones de pesos por productos que nunca habrían sido entregados al ente que presidía, hoy es funcionario del Ejecutivo de Ushuaia percibiendo más de 157 mil pesos mensuales.
La legisladora (mc) Angelina Carrasco, designada mediante Decreto 2502/19, pese a que fue reemplazada en la Secretaría de Cultura y Educación por María José Calderón, figura aún como parte del Gabinete en la sección Sueldos de Funcionarios Municipales como subsecretaria percibiendo 157165 pesos mensuales.
Patricio Lambert, ex secretario de Relaciones Institucionales y Comunitarias, actualmente jefe de Programa de Indicadores Evaluadores de Gestión tras la emisión del Decreto 2537/19, cobra casi 110 mil pesos mensuales.
Ezequiel Murray, ex secretario de Seguridad, denunciado por la compra de equipamiento para la Policía Provincial por más de 24 millones de pesos en actuaciones que fueron caratuladas como "reservadas" (expresamente prohibidas por la Constitución Provincial), actualmente es funcionario de la Municipalidad de Ushuaia designado mediante Decreto 2546/19, percibe 157165 pesos mensuales.
Eduardo Barrientos, legislador (mc) y actual jefe de Malvinización, fue designado por Decreto 2774/19 y percibe un haber que roza los 110 mil pesos mensuales.
Más allá de la gestión (escasa) que muestra el intendente Vuoto, la decisión política de incluir a personajes harto conocidos por su activa participación durante los cuatro años de gobierno de Bertone en los que se registró el mayor ajuste socioeconómico que hayan vivido los fueguinos, habla a las claras del principio que guía al Municipio de Vuoto: el principio del ajuste para los que menos tienen.