Según refiere el senador de la Unión Cívica Radical (UCR), Ernesto Sanz, el sistema de designación de conjueces actualmente en vigencia, reglamentado a través de la Ley 26376, aprobada en 2008 por impulso del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, es inconstitucional. “Nosotros tenemos una acción judicial contra la ley que avaló el sistema de selección porque viola la Constitución Nacional”, explicó el dirigente de Mendoza.
Según refiere el senador de la Unión Cívica Radical (UCR), Ernesto Sanz, el sistema de designación de conjueces actualmente en vigencia, reglamentado a través de la Ley 26376, aprobada en 2008 por impulso del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, es inconstitucional. “Nosotros tenemos una acción judicial contra la ley que avaló el sistema de selección porque viola la Constitución Nacional”, explicó el dirigente de Mendoza.
La acción destinada a reclamar la inconstitucionalidad de la norma, fue presentada por Sanz y el también diputado nacional de la UCR, Gerardo Morales, de Jujuy, basándose al respecto en el fallo Roza de la Corte Suprema de Justicia. Para Sanz, en ese fallo el máximo tribunal de justicia objetó la legalidad del sistema de elección de subrogantes impulsado por el Poder Ejecutivo, que deja fuera de cualquier participación en el proceso al Consejo de la Magistratura, órgano creado tras la reforma de 1994 y cuya función es seleccionar a los magistrados nacionales.
Dicha acción tomó nuevamente actualidad al cuestionar desde diversos sectores de la oposición en el Senado la aprobación de la lista de 21 conjueces para la cobertura de vacantes en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, al ser la instancia de apelación de los juzgados de primera instancia que tramitan causas por denuncias por presuntos casos de corrupción del matrimonio Kirchner y socios y allegados al poder santacruceño, hoy en la Casa Rosada. Sanz denunció que "La inmensa mayoría son funcionarios oficialistas de los gobiernos de esas provincias", en tanto que su colega de la Coalición Cívica – Frente Amplio Progresista (CC – FAP), María Eugenia Stenssoro, recordó que "Esto muestra que el Gobierno quiere jueces militantes que le garanticen impunidad".