A partir de la presentación por parte de Jorge Colazo, de un proyecto en la Cámara de Senadores, prorrogando la vigencia del Régimen de Promoción Industrial hasta el año 2050; se desató una polémica que abarcó aspectos tan disímiles como la forma, el contenido, la fundamentación, el consenso, la viabilidad y el oportunismo. Mientras Julio César Catalán Magni hizo énfasis en las formas impugnables –especulando incluso con que sería rechazado antes de ser siquiera considerado por sus pares-, Jorge Garramuño prefirió criticar la utilidad de la iniciativa, ya que, al ser un proyecto que involucra al conjunto de los actores políticos, sociales, económicos y gremiales de Tierra del Fuego, debería haber sido presentado primero ante las entidades interesadas al respecto, en lugar de “primerear” sin sentido.
Más allá de los aspectos criticables y encomiable que dicho proyecto tiene; no pueden escapar algunas reflexiones que merece la vigencia de dicho Régimen. Como bien aclarara en declaraciones periodísticas Garramuño, el Régimen de Promoción Industrial fue implementado para fomentar el poblamiento de estos australes parajes, en un contexto histórico en el que Chile y Argentina se disputaban la soberanía de la Patagonia sur, a partir de la influencia que tenía, por caso, Punta Arenas, como “capital” de la macro- región patagónica austral, como la definiera el historiador regional Mateo Martinic Berós. Además, la escasa influencia que las autoridades administrativas argentinas tenían sobre ciertos poblados, como Ushuaia sobre Río Grande, había dado al dicho popular –según menciona el Libro del Centenario de Ushuaia dirigido por Arnoldo Canclini-, que en esta última ciudad “se hablaba chileno”. Aunque se habían dado pasos sumamente significativos, como el cierre del Presidio de Ushuaia que, a priori, sumió en un período de decrecimiento económico de Ushuaia, significó también el avance de la inmigración italiana de 1948 y 1949, afianzando la población con familias que incluso han llegado al prestigio por su presencia en ámbitos sociales, económicos y políticos del entonces Territorio Nacional; la creación del Colegio Nacional de Ushuaia –posteriormente denominado Colegio “José Martí”-, a partir de la iniciativa del profesor Pablo Imboden, dando una perspectiva de formación educativa para los alumnos de Ushuaia que antes de dicha creación debían irse a Río Grande a la Misión Salesiana, a Río Gallegos o a Comodoro Rivadavia, para cursar estudios secundarios; o la fructífera gestión de don Ernesto Manuel Campos en la década de los ’60, proveyendo de gas natural, pavimento en diversas arterias de Ushuaia y Río Grande, impulsando la actividad turística mediante la construcción de Hosterías e iniciando la explotación hidrocarburífera mediante el acuerdo de concesión de yacimientos en el marco de una política petrolera nacional que procuraba el autoabastecimiento bajo las ideas del presidente Arturo Frondizi y una de las preclaras mentes económicas del gobierno, tal el caso de Rogelio Frigerio; todavía a fines de la década de 1960 la población de esta región seguía siendo sumamente insuficiente en función del potencial que tenía dada las inmensas tierras des-habitadas y con la presencia de algunos latifundios que sin embargo dejaban un margen de expansión demográfica aprovechable.
En este contexto, bajo la presidencia de facto de Alejandro Agustín Lanusse (1972), se impulsa el Régimen de Promoción Industrial bajo la Ley 19640, sumando un instrumento jurídico más al afán poblador que había llevado a cabo Frondizi cuando estableciera un Régimen de Exenciones Impositivas que posibilitó la inversión en equipamiento y expandiendo, por ejemplo, el parque automotor de Ushuaia y Río Grande. Con ambos instrumentos legales vigentes y con un proceso de crisis económica “casi” permanente que afectaría al país hacia la segunda mitad de los años ’70 –con el “rodrigazo” del gobierno de María Estela Martínez de Perón y la avalancha de bienes importados que iniciarían un proceso de empobrecimiento y degradación de la situación de vida de las grandes urbes industriales-, el sur se transformaría en un horizonte elegido por cada vez más familias, teniendo el pico de ocupación industrial y expansión demográfica de la isla en los años ’80, en medio de la primavera democrática que no trasladaría sus efectos al ámbito económico producto de un contexto de endeudamiento, crisis de financiamiento, déficit fiscal y declinación del modelo económico intervencionista keynesiano en beneficio de las políticas monetaristas de Milton Friedman en Estados Unidos con Ronald Reagan e Inglaterra con Margaret Tatcher.
Si bien ya en los 70 se había pretendido derogar la serie de beneficios fiscales y económicos que amparaban la situación de Tierra del Fuego –tal como revelaría Liliana “Chispita” Fadul con el archivo de su tía Esther, diputada fueguina, como aval inconmensurable-, nunca se avanzó al respecto y no quedó más que en pretensiones. Pero los embates no quedarían reducidos a esos años y aun hoy se juega políticamente con el miedo a la posible derogación de los beneficios y el caos que ello induciría en la población y en los inversionistas que a fuerza de galpones, fábricas y contratos, son vistos como los redentores de la economía fueguina.
Es indudable que el resultado de las exenciones fiscales y el Régimen de Promoción Industrial ha sido notoriamente exitoso, sobre todo en un país cuyos últimos grandes éxitos duraderos datan de principios del siglo XX con la política económica de la Generación del ’80. En este sentido, la política industrialista y de poblamiento hacia Tierra del Fuego quizá sea la única política de Estado que hubo en Argentina en los últimos 40 años. Pero también hubo y hay grandes déficit en la materia que no pueden ser esquivados.
En primer término, resulta inconcebible la existencia de contratos sumamente precarios en materia laboral de la industria fueguina. Si bien los sueldos son elevados en comparación con la media industrial nacional e incluso con la media salarial de la población económicamente activa de la isla, existen grandes desafíos en materia de formalización y estabilidad laboral. El Plan Joven, largamente alabado por los relatores de la “década ganada”, fue abandonado y ni siquiera la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ha dado las respuestas que merecerían los trabajadores englobados en dicho Plan.
En segundo término, reducir y seguir restringiendo el Régimen de Promoción Industrial a las industrias electrónicas y metalúrgicas, implica desconocer, lisa y llanamente, la realidad potencial que tiene Tierra del Fuego a partir de los recursos naturales que posee. La pesca, los hidrocarburos, la extracción forestal, entre otros sectores, hoy no son parte del boom económico industrial al amparo de la Ley 19640. Tanto el desarrollo poblacional de Almanza como posible polo industrial de envasado y desarrollo pesquero; como la infinitamente experimental etapa de derivados de la actividad forestal; son dos ejemplos de la visión cortoplacista que en materia industrial dominan las mentes de la política fueguina.
En tercer término, es importante poder conectar la actual industria electrónica con aquellas tecnologías que vayan sustituyendo la provisión proveniente de otros lugares del mundo. No sería negativo poder coordinar con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDFAeIAS), la implementación de carreras con posterior otorgamiento de becas, o incluso la creación de laboratorios que puedan servir de base para avances en los procesos productivos de los bienes que hoy fabrican las industrias locales. En este sentido, el ejemplo del Valle del Silicio en los Estados Unidos es de referencia a nivel mundial, aunque incluso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desarrolló una infraestructura a partir de beneficios fiscales para la radicación de empresas tecnológicas en el barrio de Agronomía; de modo que no constituye una utopía pensar en algo similar para la propia Tierra del Fuego.
En cuarto término, la coordinación entre los niveles nacional, provincial y municipal, para generar los lineamientos y consiguiente implementación de las medidas que sean necesarias para no entorpecer el desarrollo de las industrias, resulta de vital importancia. Es inadmisible que una provincia modifique las leyes tributarias tres veces en menos de ocho años, tal como ha sucedido en los años de gobierno de Fabiana Ríos. Sería interesante que los distintos partidos políticos asuman el compromiso de implementar una simplificación tributaria –con una serie de alícuotas únicas e inmodificables-, con vigencia de 10 años mínimamente, dando así una previsibilidad y una seguridad jurídica que facilite el clima de inversiones. Además, el compromiso a nivel nacional de facilitación de las tramitaciones para la apertura de empresas –bajando la cantidad de días que debe soportar un emprendedor en la realización de trámites burocráticos-, o un cambio radical en el sistema tributario que bajen la presión impositiva –actualmente una persona debe trabajar más de seis meses sólo para cumplir con sus obligaciones fiscales- y reduzcan la circulación por oficinas mediante el sistema de ventanilla única el pago de los tributos municipales, provinciales y nacionales; son cuestiones que sin la suficiente presión de los representantes de las provincias que mayor incidencia tienen en sus respectivas economías de las actividades industriales –electrónicas, metalúrgicas, etc.-, no podrían llegar a encararse con la suficiente probabilidad de éxito.
En quinto término –y considerando que el gran problema del futuro es que en algún momento llega- , no podemos obviar la perspectiva sobre qué haremos el día que falten las exenciones impositivas y el Régimen de Promoción Industrial. El desarrollo de la infraestructura que eleven las tasas de capitalización y mejoren progresiva pero sustancialmente los estándares de vida de los fueguinos, constituye uno de los grandes desafíos para los cuales se debería mantener hoy el sistema de promociones impositivas e industriales, pero teniendo la certeza que, aunque sea después de 2050 o 2150, dichos beneficios se terminarán.
La diferencia entre los simples políticos y los estadistas, es que los primeros miran la próxima elección; en tanto que los segundos miran la próxima generación. Y en Tierra del Fuego, por más que haya quienes quieran parecer estadistas, con las anteojeras y el reduccionismo para las políticas públicas de Estado, no dejan de ser simples políticos.
Publicado el 28 de Julio en Shelknam Sur (www.shelknamsur.com)