La legisladora del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Claudia Andrade, resolvió citar a la ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriela Muñiz Siccardi, con el propósito de conocer detalles del asunto 130/13. Fue en el marco de la Comisión de Tierras Fiscales (5) que abordó la problemática de los barrios irregulares de la margen sur del Río Grande; recibiendo para ello a referentes barriales de aquella ciudad.
El asunto girado por el Poder Ejecutivo (PEP Mens. 08/13) para su tratamiento parlamentario busca extender por 5 años la publicación de las leyes provinciales 847 y 848. EXPROPIACIÓN INMUEBLES EN LA LOCALIDAD DE RÍO GRANDE: DECLARACIÓN UTILIDAD PÚBLICA, MACIZOS: 49, 50, 51, 52, 53 Y 151 DE LA SECCIÓN K y EXPROPIACIÓN INMUEBLES EN LA LOCALIDAD DE RÍO GRANDE: DECLARACIÓN UTILIDAD PÚBLICA, MACIZOS: 63, 64, 65, 66, 67, 68 Y 69 DE LA SECCIÓN K, respectivamente.
Durante el encuentro, los legisladores conocieron detalles de la realidad social que atraviesa ese sector de la ciudad del norte fueguino, y la urgencia de postergar las fechas establecidas por la normativa vigente, en cuanto a la expropiación de inmuebles. “La Ley está pronto a caer, por los plazos que son de dos años; estamos muy jugados” dijeron a los Parlamentarios reunidos.
Andrade, además, pidió conocer el trabajo que realizan los vecinos en Río Grande y dijo que desde la Comisión se espera planificar reuniones con el Ejecutivo, particularmente el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y el IPV. Se espera que el proyecto oficialista tome estado parlamentario en el próximo encuentro legislativo.
En la zona sur de Río Grande, actualmente viven –datos de mayo de 2012- “un total de 6.089 personas y hoy supera los 8.344 personas” según un censo elaborado por asentados junto al municipio local. Se trata de 2.749 familias, “donde hay 3.464 niños”, ejemplificaron.
Puntualmente, restan algunos macizos, de los citados en las leyes, que faltan por ser escriturados; “mantienen un estado irregular los restantes debido a que pasó más de un año para que se presenten los dueños; no están conformes con la tasación oficial”. Manifestaron que la misma llegará en los primeros días del mes de mayo. “Estaba demorado el trámite del pago de la tasa de Justicia”, suma que asciende a 206 mil pesos. Ese trámite, está en contaduría para su cancelación. Asimismo, informaron, que los tiempos legales caducan, por eso las familias necesitan una prórroga en la normativa a fin de llegar con los tiempos.
Finalmente el legislador del Partido Justicialista (PJ), Eduardo Barrientos, señaló que al existir “voluntad política de prorrogar la norma”, se dictamina en la Comisión y se trata en la sesión. “No es tan complejo el mecanismo, si está la voluntad de los Legisladores”, resumió.
Hay que señalar que la Ley Provincial Nº 421 – Ley de Expropiación, establece -en su artículo 34- que “se tendrá por abandonada la expropiación -salvo disposición expresa de la ley especial- si el expropiante no promueve el juicio dentro de los dos (2) años de vigencia de la ley que lo autorice”.
Al respecto, es dable informar que la Ley Provincial Nº 847 fue sancionada el 28 de Mayo de 2011, promulgada y publicada en el boletín oficial en junio de ese mismo año.
De la reunión participaron también los parlamentarios Laura Rojo, del Partido Popular Patagónico (PPP); Pablo Blanco, de la Unión Cívica Radical (UCR); Myriam Martínez y Juan Arcando del Frente para la Victoria (FpV); y Eduardo Barrientos y Susana Siracusa del PJ.