El Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de la Provincia, Gustavo Zanone, se refirió a la postura de dirigentes gremiales del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina, que denominan “criminalización de la protesta” a los llamados a indagatoria efectuados por la Justicia por las lesiones graves a policías y destrozos, hurtos y faltantes en las oficinas publicas, generados durante la toma de Casa de Gobierno.
El Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de la Provincia, Gustavo Zanone, se refirió a la postura de dirigentes gremiales del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina, que denominan “criminalización de la protesta” a los llamados a indagatoria efectuados por la Justicia por las lesiones graves a policías y destrozos, hurtos y faltantes en las oficinas publicas, generados durante la toma de Casa de Gobierno.
Zanone indicó que “las acciones desplegadas” por los sindicalistas durante la toma, “no pueden enmarcarse dentro de un reclamo salarial, sino que son hechos tipificados jurídicamente y cuyos componentes conforman los elementos de diferentes tipos penales”. Ante ello “el Gobierno formalizó la denuncia y esto tramita en el ámbito de la Justicia”, aclaró.
“Personalmente adhiero a la postura doctrinaria de que los delitos de acción pública no pueden estar sujetos a mediación”, sostuvo el Ministro, pero que sin embargo “nada le impide a los imputados que opongan las mejores defensas que estimen aplicables. Es más –añadió- considero que pudiera ser calificado bajo la figura de coacción agravada”, a la vez que opinó que “resulta claro que este hecho no puede quedar impune y es algo que la sociedad reclama”.
Respecto a la intención del SUTEF de realizar un paro durante la jornada en la que está prevista que los sindicalistas comparezcan ante el Juzgado de Instrucción a prestar declaraciones, Zanone señaló que “el gremio tiene derecho de expresarse como desee”, aunque “no dudo de que nuevamente equivocan la metodología, ya que mas allá del conflicto gremial, existió un ataque a las instituciones que fue rechazado por toda la sociedad fueguina”, aseveró.
“Un reclamo salarial no puede ser causa de justificación para la comisión de delitos. Ante ello, sostener que la citación a la Justicia es la criminalización de una protesta, es una interpretación absolutamente forzada que sólo busca justificar lo injustificable”, aseveró.