Legisladoras de la Comisión de Salud (5), recorrieron instalaciones de la Residencia Estudiantil de Río Grande que depende del Ministerio de Desarrollo Social. También mantuvieron un encuentro con el titular de la institución y las operadoras que trabajan allí. De la visita, participaron referentes locales de ATE. Adelantaron que continuarán recorriendo instalaciones ministeriales.
La titular de la Comisión de Salud de la Legislatura, Claudia Andrade (MPF) afirmó que buscan mantener contacto con las instituciones, saber cómo funcionan, verificar el estado edilicio y dialogar con el personal. “Hay un reclamo con las operadoras para mantener una reunión con los Legisladores, para dar a conocer qué actividades desarrollan y la realidad diaria”, dijo.
Andrade, adelantó que se proponen analizar en profundidad la Ley Provincial 521 LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. “Buscamos hacer un trabajo en conjunto y tener un encuentro con personal de la Justicia, quienes intervienen” en el funcionamiento de este tipo de instituciones.
La titular de la Comisión 5, concluyó en que “hace falta trabajo, planificación en cuanto a directivas y estrategias diarias” y entendió que la realidad de este tipo de dependencias ministeriales cambia “día tras día”. También, contó que planifican un encuentro con ”todas las operadoras y así vamos a tener más información sobre el rumbo que tomaremos en la Comisión”. Destacó, finalmente, que mantendrán el contacto con ellas ya que “son la fortaleza de este tipo de instituciones, que con el pecho y el corazón” garantizan el funcionamiento.
La legisladora Myriam Martínez (FPV) señaló que mantuvieron una reunión con el director de la institución, recorrieron las dependencias y “dialogamos con las operadoras”. Se mostró “muy preocupada, ya que presentíamos lo que hoy pudimos constatar”.
La titular de la bancada del Frente para la Victoria evaluó que “hay una dejadez importante desde el Estado hacia la institución” y contó que son 10 los menores albergados en esa área que se ubica en el barrio CAP de la margen sur de Río Grande. “Vamos a seguir trabajando, es un tema muy delicado y veremos –desde nuestro lugar- cómo podemos colaborar”.
Entendió que desde el Parlamento se puede aportar pero agregó que “necesitamos que el Estado tome una decisión con respecto a la educación y protección de estos niños. Vemos que hay muchas buenas voluntades para hacer las cosas bien” al tiempo que notó que “hay falta de recursos”. Informó, al igual que su par Andrade, que mantendrán un encuentro con las operadoras, para que “cada una pueda expresarse desde su lugar”.
Martínez añadió que se evidencia falta de “formación, capacitación y no hay ningún tipo de seguimiento desde el Ministerio”, cerró.
Desde el PJ, la legisladora Susana Siracusa dijo que esperan interiorizarse y “escuchar a todo el personal del sector. Falta interrelación entre todos ellos con un cuerpo interdisciplinario” y lo ejemplificó con la necesidad que un profesional sociólogo “planifique cómo se trabaja año tras año. Necesitamos saber dónde están los asistentes sociales para conocer su labor”.
Finalmente, resaltó la necesidad de articular el eje de trabajo con la Justicia. “Vamos a escuchar a todos los sectores”, pero aclaró que “no somos quienes debemos hacer ésta tarea, aunque estamos dispuestos a colaborar para encontrar soluciones a las distintas falencias en este tipo de instituciones”, cerró.