Los legisladores Liliana Martínez Allende y Oscar Rubinos del Bloque de la UCR-Cambiemos, mantuvieron una reunión con representantes de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y de la CGT Ushuaia y técnicos del área previsional del IPAUSS, en la que evaluaron el impacto de la aplicación de la Ley 1068 de Emergencia del Sistema de Seguridad Social de la Provincia y la reforma de la Ley 561 de jubilaciones.
En la última sesión legislativa, el Bloque radical marcó su posición de acompañar el paquete de leyes que presentó el oficialismo ante la cámara, aun cuando el tiempo para llevar a cabo un exhaustivo análisis antes de la votación era más que escaso. “Tuvimos tan sólo unas horas antes de la sesión, para examinar las leyes más importantes con que el ejecutivo iniciaba sus gestiones y más, cuando afectaba a una porción tan grande de nuestra sociedad” expresó Oscar Rubinos y prosiguió “la voluntad de no obstaculizar las primeras medidas de resolución de cuestiones impostergables por parte del ejecutivo, no implicaba aceptar todos los artículos sin cuestionar nada, sino que acordamos la modificación de varios puntos en los que a nuestro entender, el perjuicio para la gente era extremo”.
Es una realidad, que esta legislatura cuenta con un bloque mayoritario con una posición ampliamente cómoda para el oficialismo al momento de llevar adelante las propuestas del ejecutivo. En este marco, la UCR Cambiemos eligió aportar las modificaciones posibles e incorporar mejoras, como fueron la corrección de los 180 meses en la determinación del haber jubilatorio por los 120 meses; que las disposiciones no sean de aplicación a las jubilaciones otorgadas ni a los trámites presentados y que los docentes de servicios especiales deben obtener su jubilación con 20 años de servicio y no con 25 como en el proyecto original del Gobierno.
Otro acto al que se opuso el bloque, fue al incremento de aportes personales para empleados, docentes, radiólogos, médicos y para servicios penosos insalubres; y propuso incrementar los aportes patronales y conservar una diferencia entre la edad del hombre y la mujer.
Respecto al tema puntual de los descuentos que se realizaron en concepto de “aporte solidario”, desde el bloque consignaron que si bien la aprobación de las leyes en cuestión, persiguen un fin necesario de saneamiento de los inconvenientes deficitarios del ente, la legisladora Martínez Allende agregó “como oposición, es nuestro deber hacer un seguimiento de los aportes solidarios que actualmente están ingresando al Instituto, para controlar el destino específico de estos fondos y que no se vulnere el patrimonio de los trabajadores activos y pasivos”.
En el encuentro, los representantes gremiales aportaron datos concretos sobre el déficit a diciembre de 2015, que era de 18 millones de pesos y acercaron las cifras de los importes aproximados que se recaudaron a partir de la aplicación de esta medida: proporcional pasivos, 6 millones; agentes activos permanentes, 12 millones y activos planta política, 2 millones de pesos.
Este trabajo técnico en conjunto con los especialistas del Organismo de Seguridad Social, tuvo por objeto determinar con el mayor grade de certidumbre el “impacto financiero” de cada una de las modificaciones, por lo que se determinó la necesidad del monitoreo y fiscalización para el seguimiento financiero del nuevo sistema, tanto como para evitar las distorsiones históricas por los incumplimientos.
Desde el Bloque, también dieron su opinión sobre las medidas tomadas para regularizar el pago de los haberes previsionales, deduciendo que “se desprende que a partir del próximo mes de marzo el pago debería verse regularizado y realizarse en tiempo y forma, ya que se contará con los fondos que se generarán a partir de la recaudación del aporte solidario”.
Dentro del ámbito de la salud, en esta reunión se pudieron establecer que las prohibiciones al trabajo en ámbitos sanitarios de profesionales médicos jubilados, serán excesivas y perjudiciales para el sistema sanitario que se pretende mejorar, por lo que merecerán que la UCR Cambiemos, impulse la modificación de esta limitación. Sujeto de análisis similar será la incorporación de las guardias, en la determinación del haber jubilatorio por ser inmanentes al trabajo esencial en hospitales y centros de salud.
Un tema específico que causó gran malestar dentro de la oposición, fue el veto al artículo 27 que planteaba la validez de los trámites ya iniciados y de quienes cumplieran los requisitos correspondientes al momento de la sanción. Al respecto, la legisladora manifestó “dentro de los términos bajo los cuales se convino la votación de la ley de emergencia, se contemplaba a los más de 400 trabajadores que se encontraban en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio y sin embargo al haberse vetado, perderían la posibilidad de quedar amparados bajo los beneficios de la Ley561”.
Consultada sobre los pasos a seguir en este punto, expresó “esta situación nos obliga a intentar nuevamente su incorporación para resguardar a estos trabajadores y para evitar el aumento de juicios y demandas innecesarias contra el Organismo de Seguridad Social, como también es voluntad de nuestra fuerza política impulsar aquellas modificaciones a la Ley de Jubilaciones que no fueron oídas el 8 de enero”.
En cuanto al traspaso del impuesto inmobiliario municipal al ámbito de la Provincia, el legislador Oscar Rubinos sostuvo que “la aprobación de esta Ley denominada Código Fiscal, conlleva una pérdida de recursos para los Municipios, que puede generar un significativo aumento del Impuesto Inmobiliario para los vecinos de esta Provincia y resulta a todas luces excesivo en este contexto de subas en el costo de vida y disminución del poder adquisitivo de los contribuyentes”. En alusión concreta al papel de los Municipios, agregó que esta cuestión está específicamente determinada en las Cartas Orgánicas y que de ser aplicado de la manera propuesta, se estaría duplicando este impuesto en el bolsillo del vecino.