Por Iván Carrino* El último anuncio del presidente es una buena señal, pero no resuelve la cuestión de fondo. Lo he dicho antes, Mauricio Macri hace milagros. Tras anunciar que iba a recortar el 25% de los cargos políticos de la administración nacional (y que con ello iba a ahorrar $ 1.500 millones por año) encumbrados referentes del kirchnerismo y la izquierda tildaron la medida de tibia, cosmética y demagógica.
Gabriela Cerruti, por ejemplo, dijo concretamente que los $ 1.500 millones eran “una moneda”. La socialista Alcira Argumedo, mientras tanto, tuiteó que “Cambiemos aumentó entre 26% y 34% la estructura que ahora dice que va a reducir”.
En la misma línea estuvo la ex presidenta CFK, que en las redes sociales comentó que a los argentinos los tomaban por “estúpidos”, al tiempo que compartía el título de una nota que sostenía que Macri iba a recortar la misma cantidad de cargos políticos que aumentó…
¿Querrá Cristina que se recorte el gasto que su partido aumentó? Si así fuera, éste debería bajar 20 puntos del PBI. Estimada CFK, bienvenida al neoliberalismo.
Insisto, Macri hace milagros. Con un solo anuncio, convirtió a los fanáticos del gasto estatal, a quienes llevaron a las cuentas públicas a su situación más delicada en los últimos 25 años, y a confesos socialistas, en adalides del conservadurismo fiscal, desilusionados con un anuncio que “se queda corto”.
Bien, una alegría inconmensurable. Lo que nadie dice. El debate sobre el gasto público está bien instalado en Argentina. Es que con crisis fiscales recurrentes, y un nivel de despilfarro que creció de manera vertiginosa en los últimos 12-15 años, el tema no se puede evitar.
Ahora bien, lo que se puso muy de moda es decir que el tema se resuelve yendo contra “el gasto político”. María Eugenia Vidal, hace ya un tiempo, afirmó que “para reducir el déficit fiscal tiene que haber un violento ajuste de la política en cargos y asesores”.
Claro, uno ve que un joven de 25 años que entró en la política, casi sin experiencia, cobra un sueldo muy por encima del promedio y se le eriza la piel. Otros ven que los diputados tienen no sé cuántos asesores, y sucede lo mismo. También es indignante ver la cantidad de choferes, hoteles de lujo y pines bañados en oro como destino para los impuestos que pagamos todos y que le restan inexorablemente a nuestro ingreso disponible.
Claramente, todo eso nos da bronca. Sin embargo, hay algo que nadie se anima a decir, y es que el problema del gasto en Argentina no es ni de cerca éste. Es decir, el quid de la cuestión no radica en el “gasto de la política”, sino en el llamado Estado de Bienestar.
El Estado de Bienestar es ese sistema que se encuentra en crisis en todo el mundo (especialmente en Europa, tanto que el rey de Holanda dijo que había que ponerle fin), pero que acá nadie se atreve a discutir.
Según los socialdemócratas locales, el estado tiene que proveer educación, la más cara y la mejor; tiene que dar salud, para todos, todas y de primer nivel; tiene que pagar jubilaciones, 82% móvil y más también; subsidiar el gas, la luz, el transporte… y, por si esto fuera poco, también ofrecer cine, deportes, cultura, etc.
Todo “gratis”, por supuesto. Al mismo tiempo, pedimos que la carga tributaria sea baja, que no haya inflación y que no tomemos deuda. Lamento decirlo, pero todo no se puede.
Mirando los datos
“Carrino está loco”, pensarás. “Es obvio que recortando el exceso de “gasto superfluo” acá se acaba el problema. Si terminamos con los 20 asesores y recortamos a la mitad la cantidad de diputados, nos convertimos en potencia…”
Lamentablemente, esto no es así. Veamos los números. De acuerdo con el presupuesto 2018, el gasto público en “Administración Gubernamental” es de $ 143.879 millones. Es decir, un 5,2% del total de gasto público proyectado, de $ 2,78 billones.
Por si tenemos dudas de qué hay dentro de ese gasto político, los conceptos más destacados son el gasto del Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo, así como las Relaciones Exteriores e Interiores, la Administración Fiscal y la Información y Estadísticas Básicas.
Ahora imaginemos que, como planteábamos antes, redujéramos a la mitad el poder legislativo, con todo su fastuoso gasto que nos agobia. El resultado sería un recorte de $ 7.500 millones, o de un mero 0,3% del gasto proyectado total.
Ok, hagamos un esfuerzo un poco mayor.
Dejemos al país sin presidente, sin poder legislativo y sin cancillería. El ahorro en ese caso sería muy superior: $ 94.800 millones… Pero nuevamente, es solo el 3,4% del gasto total, y con la incertidumbre de ver cómo funcionaría el país sin todas estas labores.
Ahora vamos a lo importante: ¿de cuánto es el agujero fiscal?
Es decir, cuánto necesitamos gastar de menos para que haya equilibrio en las cuentas públicas: alrededor de $ 700.000 millones. Es decir, 4,8 veces el monto del gasto político. O sea que incluso llevando a $ 0 el gasto en Administración Gubernamental, apenas si resolvemos el 20% del desequilibrio presupuestario.
La discusión relevante
En el cuadro de arriba figuran los rubros más importantes del gasto público según el presupuesto. Puede verse que el 68,3% se destinará a “Servicios Sociales”.
Claro, como dice “Sociales”, todo el mundo asume que está perfecto dicho gasto.
No es así, y es hora de que empecemos realmente a discutir este tema sin miedo a los epítetos de los estatistas de siempre.
Dentro de dichos servicios “sociales” está la protección de la salud, la asistencia social, las jubilaciones, la educación, la cultura, la ciencia estatal, los planes de vivienda y los planes de alcantarillado y agua potable.
¿Son todas estas tareas que indeclinablemente deba hacer el estado? ¿Es necesario gastar $ 1,9 billones del dinero de todos en llevarlas a cabo?
Esta es una discusión mucho más interesante que si hay dos o tres autos oficiales en cancillería.
Obviamente, ser austero en la administración gubernamental es un mandato ético. Pero discutir el Estado de Bienestar es la llave para solucionar nuestros problemas económicos crónicos como la inflación, la falta de crecimiento sostenido y la elevada pobreza.
*El autor de la nota es analista económico y director de CONTRAECONOMÍA. Además, edita El Diario del Lunes, el servicio de información económica y financiera más desafiante de Argentina.