| 22 de marzo

López Murphy denunció a Alberto Fernández por la suba de retenciones mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia

El diputado nacional Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos-JxC) denunció penalmente al presidente Alberto Fernández a raíz del DNU 131/2022 que dispuso, hasta el 31 de diciembre de este año, el aumento de dos puntos -de 31% a 33%- en la alícuota del derecho de exportación de productos como la harina y el aceite de soja.

El diputado nacional Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos-JxC) denunció penalmente al presidente Alberto Fernández a raíz del DNU 131/2022 que dispuso, hasta el 31 de diciembre de este año, el aumento de dos puntos -de 31% a 33%- en la alícuota del derecho de exportación de productos como la harina y el aceite de soja.

“Acabo de denunciar penalmente al presidente @alferdez por su atropello a la Constitución Nacional. La suba de retenciones anunciada es facultad del Congreso, no del Poder Ejecutivo. Soy diputado para representar y defender a los argentinos y no voy a tolerar el abuso de poder”, anunció este lunes en su Twitter el porteño.

En el escrito, el legislador opositor expresó: “Antes de comenzar el relato de los hechos constitutivos del ilícito y dada la gravedad que representa denunciar a un presidente de la Nación, debo decir que me ha inspirado avanzar en esta dirección la profunda convicción de que no puede ser la más alta magistratura del Estado” la que apunte a “atropellar los postulados de nuestra Constitución Nacional”.

“La calidad de nuestra democracia, vapuleada desde hace algunos años por gobiernos que detentan un poder ilimitado, sin frenos ni contrapesos, debe comenzar a sanearse a partir de la reivindicación inexcusable de la vigencia del Estado de derecho, del cumplimiento de la ley y de la Constitución Nacional, que al organizar nuestra República establece la división de los poderes para impedir que la preponderancia del Poder Administrador desparrame sus tentáculos amenazando las facultades de otro de los poderes del Estado, como es el Congreso de la Nación”, señaló.

Además, el diputado liberal indicó que “el bien jurídico tutelado por la norma penal que se infringe es, justamente, el regular funcionamiento de la administración pública y la legalidad de sus actos intentando impedir el uso arbitrario o abusivo de la función pública”.

Fuente: Parlamentario.com

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