Este jueves, por la tarde, en la Sala de Comisiones del Concejo Deliberante se llevó a cabo una reunión correspondiente a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente que preside la concejal Laura Colazo y que había sido postergada, oportunamente a los efectos de contar con la presencia de los sectores que eran objeto del encuentro. También se analizó la decisión del Municipio de intervenir en los últimos días.
Los ediles recibieron al Secretario de Coordinación de Gabinete del Gobierno de la provincia, Mauro Coronel, acompañado por equipos de su área, y a vecinos del barrio 10 de noviembre en virtud de que el área que preside Coronel busca trasladar a las familias que viven en dicho sector de la ciudad.
El encuentro estuvo presidido por la titular de la comisión, concejal Laura Colazo y participaron el presidente del Cuerpo, Alejandro Nogar; y los concejales Verónica González; María Eugenia Duré; Miriam Laly Mora; y el concejal Paulino Rossi.
El encuentro posibilitó que el funcionario municipal y los vecinos expusieran, a su turno, la situación del sector y tanto uno como otros dieron su versión sobre el particular. Mauro Coronel expuso las razones por las cuales promueve el traslado de las familias, que son unas 15, en tanto que los afectados por la decisión criticaron al funcionario provincial y reprochar no contar con certezas en cuanto a las condiciones en las que vivirían en caso de ser trasladados. Los concejales, en tanto, también hicieron observaciones y pidieron explicaciones al funcionario provincial.
Concluido el encuentro la presidenta de la Comisión, concejal Laura Colazo explicó que se abordaron "tres temas, uno es la construcción de la Capilla Nuestra Señora de Fátima con la presencia de un arquitecto del IPV que está diseñando el proyecto para que nosotros evaluemos la futura sesión de tierras; también se trató el caso de una familia con su bebé que están ocupando un espacio en el barrio 10 de noviembre y el gobierno tiene la intención de relocalizarlo en un lugar con servicio".
Por lo cual destacó como "positivo" el hecho de que "hayamos podido generar este encuentro con la presencia de Mauro Coronel que explico todo lo que se ha hecho en todo este tiempo en esa zona y además logramos que se pueda trabajar con el IPV para que se pueda reubicar a esta familia en un lugar con servicios que actualmente no tienen" aunque "quedaron casos pendientes que los vamos a seguir estudiando uno por uno en conjunto con Mauro Coronel y el IPV".
Por lo tanto "se aclararon algunas dudas; pudimos consultar a las partes y poder anoticiarnos de lo sucedido y ver que son situaciones muy complejas pero lo importante es que se respete la legalidad y se proteja a las familias".
Por lo cual la concejal Colazo remarcó la importancia de "poder plantear ámbitos de trabajo amplios con la presencia del Municipio, la provincia; el Concejo los vecinos que todos queremos que vivan dignamente".
Intervención en el río
Finalmente otro de los temas abordados por la Comisión fue la intervención que el Municipio hizo en el río Grande para garantizar el servicio de agua potable por lo cual "convocamos a la secretaría de Ambiente, de la Dirección de Gestión Ambiental de la provincia para saber si estaban trabajando en conjunto con el Municipio" ya que "nos preocupaba el impacto ambiental de estas obras" a lo cual "se nos informó que hay que hacer un registro de obras hidráulicas y además hay que respetar la Ley 55 que es la Ley de ambiente" y si bien "somos conscientes de la necesidad de contar con agua nos parece bien que se pueda convocar a los organismos provinciales para que toda intervención se hagan con la debida cautela y prevención".
Por lo cual opinó que a su entender "antes de hacer esta obra se hubiera consultado a los técnicos de la Dirección de recursos hídricos que tienen a cargo el manejo de todos los espejos de agua como una protección a nuestro recurso que es nuestra fuente de aprovisionamiento del agua y me parece que siempre hay que tener la asistencia técnica de las áreas que cuentan con los expertos".
La versión de Gobierno
El subsecretario de Coordinación de Gabinete explicó que asistió al Concejo Deliberante para abordar la situación de los vecinos del barrio 10 de noviembre, en la Margen Sur, al respecto indicó que se trata de una situación "compleja" aunque remarcó que "venimos trabajando con los dirigentes barriales de la Margen Sur para que ellos tengan una mejor calidad de vida a través de todas las obras que se están realizando con el PROMEBA".
En el caso del barrio 10 de noviembre explicó que "hubo unos casos de usurpación, los dirigentes de la Margen Sur nos plantearon que el propietario de la tierra es el IPV entonces cuando hubiera nuevas usurpaciones que el IPV sea quien tome cartas en el asunto y esto hemos hecho" además aseguró que "nos hemos juntado con los vecinos, hemos hecho un relevamiento social del cual se desprende que algunos pueden ser reubicados y otros no porque ya tienen otras viviendas" aunque "hay un solo caso de una familia que está viviendo ahí que le estamos ofreciendo reubicarla en un lugar con servicios".
Coronel señaló que durante la reunión "invité a los Concejales al barrio para ver la situación particular de cada uno y accedieron la concejal González y Colazo para evaluar caso por caso".
Tras lo cual aseguró que desde el Gobierno "los barrios que a están los vamos a ayudar para ordenarlos pero no podemos permitir nuevas usurpaciones".
Con relación a los reproches en cuanto a la presencia de un obrador de una empresa constructora ubicado en el lugar el funcionario municipal aseguró no tener conocimiento "no sé cuál es la situación puntual, desconozco si es un obrador, estamos haciendo las averiguaciones correspondientes".
Los vecinos
En representación de los vecinos, Susana señaló que "hace tres años que estoy viviendo ahí y otras familias hace dos años y nos quieren desalojar porque supuestamente es una usurpación reciente pero como Gobierno están un poquito fuera de órbita porque no conocen como está armado el barrio".
Por lo cual "nosotros en el macizo 151 estamos esperando que el IPV nos reconozca como barrio y nos de mejores condiciones para vivir y estamos hablando con la gente del IPV y están trabajando y hoy somos 11 familias en esta situación".
Además contó que "hay un obrador de una empresa constructora y es un lugar que ahí se podría ubicar a las familias y darle una utilidad a ese espacio". Con relación a la propuesta de traslado "nosotros queremos tener la seguridad de que los lugares a los que nos quieren sea no sean de otras personas y no nos vengan a pegar, a quemar la casa o maltratar porque son lotes que están cerrados".
Concejales disconformes
La concejal Miriam Laly Mora expresó disconformidad con las explicaciones brindadas por el Secretario de Coordinación de Gabinete, a quien "invitamos porque los vecinos nos aseguraron que estaban siendo intimidados por él para que desocupen el lugar dónde viven actualmente" y coincidió con los vecinos en cuanto a que "hace dos años están viviendo allí unas 11 familias y hay un obrador en frente que además derramó agua y dejó a los vecinos inundados ".
Por lo que "nosotros queríamos saber cuál era la urgencia de sacar a estos vecinos para trasladarlos a otro lugar en el que estarían en las mismas condiciones". Además reclamó "mirar a los vecinos que están en el barrio Miramar que tienen muchas probabilidades de inundación y deberían ser trasladados porque tampoco cuentan con servicios".
Mora aseguró no haber quedado "conforme" con las explicaciones de Coronel porque "me parece extraño que quieran reubicar a la gente en otros lugares dónde no tendrían servicio" por lo tanto "no nos quedó claro cuál era la urgencia, yo conozco el barrio y se que hay vecinos que están hace más de dos años" además "la familia Cornejo está viviendo en un SUM sin pisos y con un techo de plástico" por lo que "necesitan una vivienda porque tiene un hijo y a su marido con discapacidad" por lo tanto "cuando se quiere dar una solución tiene que ser real y no cambiarlos por una situación similar" concluyó.
“No entiendo cual es la premura de quitar a esta gente de ese lugar”.
En tanto la concejal Verónica González indicó haber “quedado sorprendida e impactada por lo que fue el encuentro con el funcionario provincial”, dijo, al tiempo que agregó que “nosotros sabemos que son once familias las que se encuentran en una situación de total vulnerabilidad porque cae sobre ellas una denuncia penal, los miedos que tiene alguien cuando no maneja las cuestiones legales son de temer, y son temerosas, entonces a raíz de eso no logro entender adonde se quiere llegar cuando esas personas no tienen acceso ni al agua, ni al gas, cuando sabemos que la mayoría son mujeres con niños, entonces esto es lo preocupante respecto de lo que escuche, y no entiendo cual es la premura de quitar la gente de ese lugar”.
La edil puntualizó que la exposición del “funcionario provincial no me quedó para nada claro, no entiendo cual es la idea de ir con las generales de la ley contra gente vulnerable, no es lo que se debe hacer, se las debe ayudar con cuestiones concretas”.
Además manifestó que “detrás de todo esto debe de haber algo más porque solamente estamos hablando de once familias, sabiendo que hay otros barrios que están en situaciones de riesgo mucho más grande como el ‘Miramar”.
Por último indicó desde el Concejo Deliberante vamos a “seguir acompañando a los vecinos de manera firme, las políticas de estado del Municipio es intervenir en los barrios irregulares, esto quedó muy claro, la intervención y la regularidad se está alcanzando de a poco, la necesidad habitacional sigue existiendo”.