El diputado se diferenció del resto de la oposición, a la que calificó como “coro de pagadores”, luego de que el ministro de Economía anunciara el pago de deuda por más de $1.000 millones a los bonistas que entraron en el canje. Las líneas de acción que propuso.
El diputado nacional Claudio Lozano (Unidad Popular) insistió este jueves en que “Argentina puede desconocer el fallo del juez Griesa”, luego de que el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunciara el pago por más de $1.000 millones a los bonistas que sí entraron en los canjes de 2005 y 2010.
Lo hizo a través de un informe elaborado en el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), al que calificó como “una hoja de ruta distinta a la propuesta oficial y al ‘coro de pagadores’ de la oposición”.
En el texto, Lozano sostiene que el fallo del juez Thomas Griesa que ordena pagarle a los “fondos buitre” “no puede ni debe ser asumido por la Argentina en los términos en que ha sido planteado”.
También agrega que “la jurisdicción del juez Griesa abarca los EE.UU. pero nada dice sobre las decisiones que pueda tomar el Estado Nacional sobre bonos que no formen parte de la causa judicial de Griesa”.
En este sentido, analizó que “si el Banco de Nueva York no puede cumplir con el mandato que le da la Argentina, que es pagarle a los bonistas tal cual se lo estipula en el contrato que la Argentina y dicho banco tienen firmado, nuestro país tiene absoluto derecho para reemplazar al banco de Nueva York por otro agente de pagos”, como el Banco Central (BCRA) o el Banco Nación.
Además, el diputado propuso convocar una asamblea de bonistas para modificar los bonos con legislación extranjera pasándolos a legislación local, y argumentó que todas estas medidas “representarían una notable recuperación de soberanía”.
No obstante, consideró Lozano que ante todo hay que “abandonar la tramposa idea del desendeudamiento” ya que “la misma implica la destrucción del sistema previsional y del patrimonio del Banco Central”.
En cambio, indicó que, manteniendo los pagos tal cual fueron convenidos, debería conformarse una comisión bicameral que investigue la legitimidad de la deuda pública para así poder suspender los pagos que no correspondan.