Si bien desde hace tiempo se registra en la Dirección Provincial de Energía (DPE) cierto malestar con las autoridades del ente autárquico, recientemente se han dado situaciones que están empezando a exacerbar ciertos ánimos. Denuncias por presunto acoso, designaciones en planta permanente de familiares de directivos y reincorporación de personal cuestionado por haber avalado el pago por la compra de equipos que nunca habrían sido entregados en la gestión del ex bertonista, actual vuotista y vacunado VIP, Alejandro Ledesma; el trabajo allí empieza a generar más ruido interno.
Encabezado por Juan Mancini, en julio de 2020 Energía sufrió las primeras bajas, tras la presentación de la renuncia del hasta entonces vicepresidente, Ariel Bugliolo, denunciando en una carta pública el ingreso de hijastros del titular del ente. Bugliolo, cabe destacar, pertenecía a la DPE por trabajar allí desde hacía más de veinte años, así como también en el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la patagonia.
También advirtieron empleados de la DPE la existencia de quejas por presunto acoso por parte de alguna autoridad, lo cual todavía se encontraría en etapa investigativa interna, aunque sin resultados a la vista.
La designación de Enzo Gabriel Barría Velásquez, hermano menor de Javier Barría, personal jerárquico de la DPE en planta permanente, también sumó resquemor en algunos ámbitos del ente, en relación a la suspicaz incorporación de familiares en la DPE, quienes contemplan estupefactos cómo el Barría mayor se refiere a la ministro de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, como "La Jefa", en clara señal de la persona a la que reporta en su trabajo.
Asimismo, se habría dado recientemente la reincorporación de Patricia Valencia, jefa de departamento administrativo contable de la DPE durante la gestión de Ledesma, que conllevó al fiscal mayor de Ushuaia, Eduardo Urquiza, a imputarla, junto a otros empleados jerárquicos, por la compra de empalmes y conectores terminales de 13,2 y 33 Kv para el pañol del Departamento de Distribución. Dicha compra, que derivó en el pago de 1,7 millones de pesos por adelantado el 8 de noviembre de 2019, no fue correspondida con la entrega de los materiales. Si bien Valencia habría usufructuado una licencia especial durante el proceso, ya se habría presentado a prestar nuevamente funciones en la DPE.