El Gobierno Nacional anunció que enviará al Congreso una batería de iniciativas en materia de seguridad: una de ellas es un nuevo Régimen Penal Juvenil, pedido que el presidente Mauricio Macri les había hecho a sus asesores en materia de Justicia en 2017 y que quedó postergado por la campaña electoral legislativa de ese año. En los albores de 2019 recobró impulso y se planea enviarlo al Congreso para intentar reunir consenso con la oposición y aprobarlo durante las sesiones extraordinarias de febrero.
La principal novedad en la letra del texto, tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad: de 16 años pasará a 15, para los delitos más graves; y no a 14 como impulsaba el sector más duro.
La decisión de enviar el proyecto, que el ministro de Justicia, Germán Garavano ya tiene listo hace meses, se reflotó luego de que se evaluara la buena recepción que había tenido el anuncio de la compra de las pistolas Taser.
En el Gobierno hablan de un “cambio cultural” que permite plantear algunos debates que, años atrás, generaban prurito a la clase política.
Fue, precisamente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich quien junto a Garavano hablaron del tema en el cónclave del viernes. La funcionaria, que pretendía que la edad de imputabilidad bajara a 14 años, le había dado su conformidad al ministro para que quede en 15 años, porque, según cuentan cerca suyo, entiende que lo mejor es que salga un proyecto que reemplace a la Ley 22.278, vigente desde 1980.
Con las diferencias de criterio internas ya saldada y la carta de que se trata de una baja de imputabilidad más moderada que la prevista inicialmente, en el oficialismo aspiran a que el consenso con un sector del peronismo federal les permita avanzar en el Congreso. Y descuentan que el kirchnerismo se opondrá.
El proyecto prevé un sistema de escalas, según la edad. A los 15 años, los chicos serán imputables sólo por delitos considerados graves: homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego. En tanto, los mayores de 16 años y los menores de 18 años serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.
En todos los casos, como se apunta en el artículo 50 del proyecto, se establece que 15 años será el “plazo máximo” de prisión se le podrá imponer a adolescentes y se deja claro que “queda prohibida la imposición de reclusión y de prisión perpetua” para los menores.
Además se incorporan "mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos", como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores, siempre con el aval de la víctima.
Pero el proyecto no se limita sólo a los casos de los jóvenes que pueden ser declarados imputables. Movilizados por el impacto que provocó el caso de “El Polaquito”, el chico de 12 años que según dijo en una entrevista televisiva mató a un “transa” que no le quiso dar droga y fue acusado de robar en un jardín de infantes en Lanús, quienes trabajaron en las ocho mesas de trabajo que trazó el Ministerio de Justicia incluyeron, en los artículos 85 y 86 del proyecto, la “respuesta a inimputables” que tiene que dar el Estado.
De ese modo, en los casos en que la “investigación preliminar” determine que fue un menor de 15 años quien cometió un delito reprimido con pena máxima de diez años, se dispondrá que un equipo interdisciplinario -integrado por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales- elabore un plan individual para acompañar al joven en su recuperación y evitar que avance en la carrera delictiva.
“Hoy un joven de 18 años que comete un delito, probablemente haya comenzado a delinquir desde muy joven, pero recién tiene su primer contacto con el Estado cuando va preso a una cárcel de mayores. Si se lo acompaña antes, tal vez eso se pueda evitar”, razonan en el Gobierno.
“Esto plantea un cambio de paradigma. Hoy hay un modelo tutelar, en el que el juez decide discrecionalmente. Proponemos adecuar la ley a la Constitución y a los parámetros internacionales, dijo a Clarín el subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benítez.
El único punto que Macri deberá definir antes de enviar el proyecto gira en torno a los plazos máximos para la aplicación de la ley, que prevé la creación de un Fuero de Menores y establecimientos donde alojar a los jóvenes privados de su libertad.
“Hay provincias que están más avanzadas que otras. En algunas puede ser casi de forma inmediata y en las más atrasadas puede llevar varios años”, explican. Para definir cada situación, en un esquema progresivo, se conformará una “Comisión de Implementación”.
Tanto el Gobierno nacional como los gobernadores saben que el proyecto requiere de fondos adicionales. María Eugenia Vidal, que gobierna la provincia de Buenos Aires que es a su vez la que registra mayor incidencia de los jóvenes en el delito, fue la primera en plantearlo y pedir tiempo para adaptar el ya colapsado sistema penitenciario bonaerense.