Por Luciano Moreno Calderón* La semana pasada los medios de comunicación nacionales, provinciales e internacionales, bombardearon nuestra conciencia con la repulsiva y alarmante noticia de que la Canciller argentina, Susana Malcorra, anunciaba que pronto sería posible iniciar “un diálogo potencial” “sobre la cuestión de exploración petrolera en la zona de Malvinas, y que, además en el corto plazo, podrían restablecerse los vuelos directos a Malvinas”.
Todo esto, según ella, enmarcado en una política de “no confrontación”, que muy suelta de cuerpo gusta llamar de “buenos vecinos”, como si esta expresión significara poco en la diplomacia y en el derecho internacional, por reconocer, con ella, en nuestro usurpador, un estado ribereño, y demostrando también una verdadera muestra clínica del síndrome de Estocolmo en nuestra concepción actual diplomática y de política exterior.
Si bien ambos anuncios y la calificación del tipo de “política” tienen gravedad, en esta ocasión hablaremos solo de las potenciales negociaciones para ser “socios” en la explotación de nuestros recursos hidrocarburíferos en Malvinas.
En un sistema constitucional como el de nuestro país, “republicano”, “federal” y “provincialista”, como lo define Dromi, es impensado desde la ética más básica realizar negociados que comprometan los recursos de una provincia, o pretender iniciarlos, sin consultarle a ella su parecer, más aún si la actividad se refiere a aquellos con la distintiva característica de ser “no renovables”, y cuya actividad extractiva y sus connotaciones son indiscutiblemente nocivas en varios aspectos.
La inconveniencia e impacto negativo de una situación como a la que pretende someter nuestra provincia el Ejecutivo Federal, no es una cuestión ambiental solamente, sino algo mucho más profundo, y es importante lo entendamos, puesto que posee gran impacto en varios ámbitos de nuestra vida como Estado, y sobre todo como Nación, tanto en el orden interno e internacional, como en lo histórico, jurídico, político, diplomático, económico y soberano.
Los habitantes de nuestra provincia, cada uno de ellos, y nuestros representantes salidos de la cantera el pueblo fueguino, entienden bien cada uno de estos factores, y sabe que asociarnos con el usurpador para explotar nuestro “petróleo”, es sentar un antecedente detestable para nuestros intereses soberanos, y para la integridad territorial de nuestra provincia.
Este pensar, sentir y entender, va más allá de la anuencia o no del gobierno federal de turno, que no debería ni puede plantearse, destruir en menos de 1 año de gobierno, más de 180 años de reclamaciones, que plantean claramente sin fisuras, que no tenemos por qué compartir obligatoriamente nuestros recursos con quien los cree propios, y viola todo el derecho internacional vigente para no devolvernos lo que legítimamente nos pertenece, o sentarse a negociar sobre la cuestión.
También ven claramente que considerar al usurpador como estado ribereño, asintiendo negociar obligatoriamente el petróleo que en su totalidad nos pertenece, le da directa o indirectamente algún grado de legitimidad a su concepción de propiedad sobre lo que es de exclusiva pertenencia del pueblo argentino, y también por extensión, porque no, del latinoamericano.
El sostener que lo que esta en nuestra plataforma continental es solo e indiscutidamente argentino, no es una visión caprichosa, sino una postura nacional irrefutable que está explicitada en la propia Constitución argentina, y que no es un capricho, sino un reclamo apoyado por la mayoría de los países del mundo.
En este sentido, y teniendo en cuenta lo antedicho, habría que informarle al Ejecutivo Federal, hasta ahora evidentemente anti-nacional, que más allá de que le importe o no, la máxima institución de representación política, que es la Legislatura Provincial de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico sur, dejó bien claro su posicionamiento al respecto de la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas, por parte de la potencia usurpadora. Y sea o no del anglófilo agrado de nuestro cuerpo diplomático actual, tiene que tenerlo en cuenta y respetarlo.
Estas muestras formales de repudio que el cuerpo deliberativo tomó y aprobó de manera unánimemente, por ser un reflejo indiscutido del pensar y sentir de todos los fueguinos, exteriorizado en las Declaración 002 de 2015 y su réplica en la resolución 199 de 2016, fueron producto de una propuesta de la Unión Malvinizadora Argentina, fundada por quien escribe y Rodrigo Palacios, y cuyo texto es el siguiente:
La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur,
DECLARA:
-Artículo 1°.- Su más enérgico repudio a las actividades de carácter unilateral que tiene
previsto llevar a cabo el gobierno británico con respecto a la explotación y extracción de
hidrocarburos en nuestras Islas Malvinas.
-Artículo 2°.- Declarar que las acciones que intenta desplegar la empresa atentan
decididamente contra el delicado equilibrio ambiental y la sustentabilidad de los recursos
marítimos.
-Artículo 3°.- Que la política desplegada por el Reino Unido se inscribe en la arcaica
cultura del colonialismo que tiene como objetivo la explotación y el agotamiento de los
recursos sin otro miramiento que la saciedad de sus apetitos”.
DATO DE COLOR: Es importante expresar que este proyecto, a pesar de haber obtenido resultados positivos gracias al cuerpo legislativo, jamás fue apoyado o criticado, pública o formalmente por el Observatorio Malvinas de la provincia, por lo que esperamos que ahora, que pueden ver la importancia tiene y que antes por su escaso trabajo en el tema no entendían, puedan usarlo a favor de los intereses nacionales, y, por otro lado, se esmeren un poquito más en comprender lo trascendentales que son los otro 16 que presentamos en estos 2 años, que al igual que este, salieron publicados por todos los medios de comunicación de la provincia, y jamás fueron criticados o apoyados por ellos.
Link de la Legislatura
http://www.legistdf.gov.ar/lp/novedadesip/Asuntos%20Entrados%202016/As.%20N%BA%20199-16.pdf
En conclusión…
Con respecto a la Declaración de nuestro cuerpo legislativo provincial, sostener la orientación interpretativa que solo encuadra la unilateralidad o la bilateralidad en el número de partes, es no conocer a nuestros representantes legislativos, y desconocer profundamente el pensar del pueblo fueguino, que es intensamente malvinero.
Si bien la declaración se orienta a repudiar una actividad, la verdadera raíz de dicho repudio está en que esta actividad “se enmarca en la arcaica cultura del colonialismo que tiene como objetivo la explotación y el agotamiento de los recursos sin otro miramiento que la saciedad de sus apetitos”, tal cual lo expresa el propio instrumento legislativo.
Cuando se hace referencia a “unilateralidad”, debemos entender que también se refiere a que para la única parte que resulta conveniente explorar y explotar petróleo en Malvinas, es para el cáncer británico y sus mulos kelpers, que no tienen pensado sentarse a negociar de soberanía hasta que no exterminen el último ser vivo del Atlántico sur y no quede una gota de petróleo, gas o lo que sea de valor en él.
Es decir, pretender contemplar, por utilizar la palabra “unilateral”, la posibilidad de que la llegada de un gobierno federal entreguista como el que nos está en este momento gobernando, negocie nuestros recursos tirando al tacho 180 años de historia de despojo, las 649 vidas de nuestros héroes, 50 años de logros diplomáticos, que en lo que atañe particularmente a recursos no renovables, tiene su mayor victoria en la Resolución 31/49 y el apoyo de la mayoría de los países del mundo a lo largo de todos estos años, es realmente una locura que debemos combatir intensamente.
También es importante que los organismos provinciales que hasta ahora estuvieron de adorno, en reuniones, viajes y fotos, hoy comiencen a realizar un trabajo serio, y que esa labor sea de calidad conceptual y no netamente sentimental. Porque el sentimiento malvinero lo tienen todos, pero ellos están ahí para hacer, y no solo para sentir, viajar, reunirse o sacarse fotos.
Con respecto a al Gobierno Federal, es imperioso entendamos que no existe una discrecionalidad o exclusividad absoluta por parte del ejecutivo para administrar las relaciones internacionales en el país, y menos aún cuando el objeto de las políticas versan sobre recursos provinciales, cuya explotación pueden afectar indiscutiblemente a la población y el medioambiente de las provincias que lo contienen, así como sus propias competencias como entes autónomos, ya lejos de lo que fueron los territorios nacionales, a los que parece quieren volver a llevarnos.
Debemos entender que si este gobierno federal hasta ahora total y profundamente anti-nacional, inicia las negociaciones por el petróleo, dejaría de ser la actividad extractiva una actividad y “modificación unilateral”, y generaría un antecedente negativo, difícil luego de sortear, causal y generador de STOPPEL. Una situación que debemos estar alertas de que no suceda.
Ante esta situación, mas allá de creemos claras las declaraciones de repudio ya existentes, creemos oportuno y necesario que la Legislatura fueguina, emitan su opinión desfavorable ante la posibilidad de que se negocien nuestro recursos petroleros en Malvinas, sin antes, iniciar y avanzar en las negociaciones recomendadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para iniciar el proceso de descolonización, de nuestro terruño argentino y luego se de conocimiento al foro patagónico para que instruya sus representantes en dejar clara la misma opinión.
*El autor de la nota es miembro de la Unión Malvinizadora Argentina