La legisladora Liliana Martínez Allende, fue convocada a participar de una iniciativa federal vinculada a la necesidad de debatir y generar una agenda relacionada con la sostenibilidad ambiental, como requisito necesario para un desarrollo socioeconómico perdurable y la erradicación de la pobreza, enmarcada en las distintas miradas legislativas desde todas las provincias.
En ese marco, una vez finalizado el encuentro que se llevó a cabo en la Casa de Salta, la legisladora expresó que "esta iniciativa busca fortalecer el intercambio de experiencias y colaboración legislativas, debatir, determinar y elevar los presupuestos mínimos provinciales y en síntesis, formalizar un espacio natural de encuentro legislativo federal para abordar los problemas y las soluciones del ambiente de las provincias de la República Argentina".
De la reunión, en la que participaron los representantes provinciales, surgió el comunicado que se transcribe a continuación:
"Buenos Aires, 4 de abril de 2016
REUNIÓN DE LEGISLADORES PROVINCIALES A EFECTOS DE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ FEDERAL DE LEGISLADORES DE MEDIO AMBIENTE (COFELMA)
La sustentabilidad ambiental implica necesariamente una administración eficiente y racional de los recursos naturales, dirigida a mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.
A fin de determinar las medidas necesarias para fortalecer un desarrollo legislativo, resulta trascendente conocer la estructura general con que se aborda la temática ambiental en las diferentes provincias del país.
El diferente ritmo de progreso que evidencian las distintas jurisdicciones en materia de protección del medio ambiente, permite concluir en la heterogeneidad de los requisitos de tutela exigidos, así como en la necesidad de transitar el camino hacia la unificación de criterios.
En tal dirección se inscribe la idea de avanzar en la conformación de un organismo ambiental a nivel legislativo interprovincial (COFELMA) que favorezca un examen completo e integrador del andamiaje jurídico sobre el que se asientan las políticas ambientales desplegadas por cada provincia, considerando de manera especial el contexto concreto de las distintas jurisdicciones, los recursos naturales existentes y las relaciones de interjurisdiccionalidad que presentan.