El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) repudia la nueva quita de tutela sindical de otro dirigente sindical, esta vez Raúl Arce. “Si esto no es persecución política, ¿qué es?”, se pregunta el SUTEF y remarca que “el Juez quita la tutela a quien tiene condena en instancia de apelación, a quien tiene suspensión de juicio a prueba (probation) y a quien fue completamente absuelto”. Días atrás, el Juez Laboral Guillermo Penza le quitó la tutela sindical a Horacio Catena y Carlos Díaz, en tanto que este lunes hizo lo propio con Arce, Secretario Gremial del SUTEF y Secretario General Adjunto de la CTA Autónoma de Tierra del Fuego. En este proceso de exoneración, diecisiete docentes, que son dirigentes sindicales y delegados, todos con tutela sindical, están a punto de perder su trabajo.
La causa penal en la que se basa el Juez para otorgarle al Gobierno los desafueros gremiales para poder exonerar a los 17 docentes, está en instancia de apelación con pedido de nulidad absoluta por resultar inconstitucional. Pero si esto fuera poco, el Juez quita la tutela a quien tiene condena en instancia de apelación, a quien tiene suspensión de juicio a prueba (probation) y a quien fue completamente absuelto, en el caso de Raúl Arce. Para el Juez, todos tienen el mismo tratamiento. Es decir, solo es cuestión de tiempo llegar a la quita de tutela de los 17 trabajadores en cuestión.
No hay precedentes en tiempos de democracia de una quita de tutela sindical por cuestiones relacionadas con una acción gremial. Los antecedentes son exclusivamente de medidas de Gobiernos dictatoriales. El carácter antidemocrático del Gobierno y la connivencia con la Justicia queda cada vez más expuesta.
Hay una decisión política de exonerar que se traslada a la Justicia. Esta injerencia de la política del Ejecutivo en la Justicia se pudo ver en el adelantamiento del juicio el año pasado, en lo bochornoso que fue el mismo con testigos denunciando ser inducidos, violando el derechos a legítima defensa de los acusados, violando las garantías del debido proceso, con un Juez interino integrando un tribunal sin haber seguido la normativa para la selección del mismo, con la policía haciendo la investigación siendo parte querellante, con testigos recitando de memoria una declaración realizada dos años atrás, con irregularidades en los informes médicos del perito en cuanto a las supuestas lesiones.
A esto se suma la celeridad del Juez Penza en fallar sobre la quita de tutela sindical y su basamento en un juicio que no tiene sentencia firme.
Ante todo este contexto, la Justicia Laboral entiende que no hay persecución sindical, ni política.
Algunos dicen que no hay connivencia, sin embargo, hay muchas coincidencias. Una de ellas, la denuncia del testigo Boxer sobre que lo indujeron a declarar para incriminar a Horacio Catena y el corredero mediático que hizo llegar a los medios de comunicación la sentencia sobre Horacio Catena antes de ser notificado. No sucedió lo mismo con la exclusión de tutela de Raúl Arce, ya que ningún medio se enteró hasta que llegó la notificación al sindicato.
Pero tampoco se tuvo en cuenta que, aunque la oficial sumariante dictaminó suspensiones de entre 7 y 28 días, la definición del Gobierno de Bertone es continuar con el proceso de exoneración firmado por Fabiana Ríos. El mismo fue firmado horas antes de entregar el mandato a Bertone, lo que lleva a preguntarnos qué tipos de acuerdos se llevaron a cabo en la transición sabiendo que muchos funcionarios y planta política del PSP pasaron a planta permanente en el denominado Megapase VIP, tal como fuera denunciado en Fiscalía de Estado por el SUTEF y que no fue investigado, ni por la Justicia ni por el actual Gobierno.
También hay que recordar que los 17 sindicalistas que se encuentran sumariados por “conducta indecorosa” en un sumario administrativo, lo están a partir de un decreto ley de la dictadura militar.
El SUTEF considera que "Hoy tenemos en Tierra del Fuego un Estado que muy poco se parece a uno democrático, donde se utiliza todo el aparato estatal para perseguir a los trabajadores que no están de acuerdo con la política del Gobierno, que piensan distinto y que no están dispuestos a negociar entregando derechos conquistados. Aquellos que se oponen a las políticas de ajuste resultan víctimas de una persecución y hoy se encuentran en un estado de “indefensión”. No hay garantías institucionales para aquel que desea una provincia con mayor justicia social y lucha por defender sus derechos".