El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Ushuaia, integrante de multisectorial de Derechos Humanos participó de la reunión con el gobernador electo, profesor Gustavo Melella. En el encuentro le entregaron a Gustavo Melella un documento en que se describe la realidad de la provincia en materia de Derechos Humanos. Le expresaron la preocupación entre otros por la Salud Pública, educación, salarios, ley 19640 y la defensa de nuestra soberanía.
La Nota al gobernador electo dice:
Las y los abajo firmantes y las organizaciones gremiales, políticas, barriales, sociales y estudiantiles que conformamos la Multisectorial por los Derechos Humanos de Ushuaia y la Multisectorial por los Derechos Humanos de Río Grande, queremos dejar expresada nuestra profunda preocupación en relación a los temas que más abajo desarrollamos y que creemos que deben ser abordados de manera prioritaria por parte del Estado, a partir de ahora bajo su gobierno.
La realidad que venimos atravesando en la provincia como consecuencia de las políticas económicas que los gobiernos nacional y provincial han desarrollado en los últimos años, impactan fuertemente sobre los Derechos Humanos. Desde las diferentes organizaciones observamos un marcado retroceso en esta materia a partir del recorte presupuestario vía Pacto Fiscal, el "paquete de leyes" votado por la mayoría de la Cámara Legislativa y el endeudamiento del actual gobierno.
A su vez, la quita de derechos no hubiese sido viable sin la complicidad de las principales fuerzas políticas y de la justicia. Tierra del Fuego ha sido punta de lanza del ajuste que luego se extendió a nivel nacional.
La violencia institucional y la criminalización de la protesta social mediante la persecución y maltrato de jóvenes por parte de la policía provincial, la falta de protocolos en materia de detención de personas, la represión a las movilizaciones populares, la persecución a militantes de derechos humanos, la falta de seguimiento de las causas que involucran a personas desaparecidas, las victimas por el gatillo fácil, la falta de infraestructura acordes para las personas privadas de la libertad, los traslados arbitrarios y la violencia penitenciaria, evidencian la realidad a la que estamos siendo sometidos por parte del estado.
En relación a este punto, es de caracter urgente la derogación de los Edictos Policiales que rigen en la provincia desde el año 1959, por su caracter inconstitucional y violatorio de los principios de estado democrático y tratados y declaraciones internacionales de jerarquia constitucional en materia de DD.HH; ya que institucionalizan privaciones ilegítimas de la libertad en manos de la fuerza policial sin intervención del Poder Judicial. Además, pretendemos la conformación de una mesa técnica para discutir y delinear políticas de seguridad, y formación y actuación de las Fuerzas de Seguridad de la provincia.
En el sector estatal la situación es crítica. La falta de convocatoria a paritarias en estos últimos cuatro años, la constante persecución y hostigamiento al personal, la separación del cargo de seis supervisoras; un vicedirector, suspensiones y sumarios a ellas y a otros trabajadores; de dos trabajadoras estatales; la intervención del IPESFA y el desmantelamiento de las carreras terciarias son algunas de las medidas que denunciamos.
Un apartado especial merecen las exoneraciones de trabajadores de la administración pública y de la educación, y los 5 dirigentes "chupados" por la justicia provincial en connivencia con el Poder Ejecutivo que apuntan a disciplinar y restringir la libertad sindical. Al respecto, adjuntamos un informe minucioso que detalla la situación actual.
Los paquetes de Leyes de ajuste aprobados en enero de 2016 y diciembre de 2017 atacaron de lleno las condiciones previsionales, aumentando la edad jubilatoria y deteriorando las condiciones para el retiro laboral. Este paquete de leyes también vino a conculcar derechos de las personas con discapacidad. La ley N°1072 que dejó sin la obra social del Estado a un gran número de pensionados fue la primera de las medidas que tomó el gobierno en complicidad con el poder legislativo. Restringieron el acceso a las pensiones provinciales, amparados en una supuesta regularización y dieron de baja un gran número de las mismas; redujeron el marco prestacional de la obra social y hasta restringieron el acceso al transporte estatal para concurrir a los tratamientos y establecimientos educativos. En discapacidad también la provincia de TDF tiene el triste mérito de ser precursora de las medidas que luego aplica el macrismo a nivel nacional.
La realidad respecto al derecho al hábitat de las familias que viven en barrios aún no regularizados se destaca por la falta de servicios básicos que son parte de los derechos humanos y que particularmente en la capital provincial son víctimas del violento e ilegal accionar del Municipio de Ushuaia y al amparo de la fuerza represiva provincial desalojando familias de manera discrecional, mientras privatizan la tierra pública.
Con la Policía provincial actuando fuera del debido proceso, en el marco de una creciente militarización, en connivencia con el gobierno municipal y provincial se ejerce una política habitacional mentirosa, discriminadora y violenta, sin atender a las familias desalojadas ni atacar a los responsables que ejercen el negocio inmobiliario que convoca a nuestros vecinos a la difícil decisión de arrojarse a vivir sin servicios básicos y condiciones de accesibilidad limitadas.Todo esto demuestra la falta de garantías sobre nuestro derecho a tener acceso a la tierra y a una vivienda digna.
En relación a este punto, consideramos necesaria la conformación de una mesa técnica con participación de los diferentes sectores y ambos municipios para trabajar en materia de políticas habitacionales.
No es mejor la situación de los jubilados, quienes dieron la mayor parte de su vida activa, su esfuerzo y tiempo trabajando para generar riqueza a nuestro país y a la provincia de Tierra de Fuego. Sin embargo, desde el 2016 esos derechos fueron destruidos por estos gobiernos a nivel nacional y provincial. Antes de esa fecha éramos un bastión de la política previsional en el país, se cumplía con el tan ansiado 82% móvil. No aceptamos la excusa que la longevidad de los jubilados hace deficitaria la Caja Previsional. Entre otras cosas, por ejemplo, si reponen nuestro homologado Fondo de Sustentabilidad que fue saqueado durante el primer Gobierno Provincial y nunca fue recuperado por los sucesivos gobiernos fueguinos. En cuatro años retrocedimos más de medio siglo en nuestros derechos para la tercera edad.
En materia de Educación, la firma del Pacto Fiscal por parte del gobierno provincial al que también adhirieron los municipios, extendió el ajuste a las y los estudiantes restringiendo el derecho al acceso a la Educación Pública, Gratuita y Laica e, incluso, al libre ejercicio del derecho a la organización estudiantil dentro de las escuelas secundarias. La imposición del estatuto de conformación de los Centros de Estudiantes Secundarios es una clara muestra de esto. En todos los niveles, sistemáticamente, se han concretado medidas que van en contra del estudiantado porque implican el cierre de turnos y cursos; la pérdida de proyectos que apuntan a la contención pedagógica y su permanencia en las instituciones educativas, entre muchas otras.
Uno de los embates más brutales a nuestra Educación Pública ha sido la intervención del Instituto de Formación Docente IPES “Florentino Ameghino”. Además de desplazar a sus autoridades e imponerles sumario y denuncia penal, al igual que al personal de secretaría, la Resolución 677/18 MDE desconoce al Consejo Directivo, el cual es el órgano de co-gobierno de la institución, cuyos integrantes son elegidos democráticamente.
La comunidad educativa del CENT Nº35 de la ciudad de Río Grande, se ha visto perjudicada por la decisión arbitraria del MDE de cerrar la radio que permitía la formación profesional de los estudiantes, vulnerando el derecho al acceso a la información para toda la comunidad.
Con respecto a este apartado, pretendemos la restitución de los programas y proyectos educativos, los cargos arbitrariamente eliminados, las horas cátedra recortadas; como también la independización de los Centros de Estudiantes secundarios y la confección de sus estatutos; la finalización de la intervención del IPES FA y la reapertura de la radio del Cens 35; así como el cese de la persecusión al sector docente.
Desde salud presenciamos con desolación que lo único que ha crecido dentro del sistema sanitario local son las instituciones privadas y el organigrama del Ministerio de Salud de la provincia. A pesar de las fortunas que se invierten en infraestructura, el gobierno provincial no ha logrado asegurar un sistema de salud que garantice, equidad, universalidad, integralidad y calidad en sus prestaciones. Esta es la realidad de los sectores más postergados, que aún padecen interminables colas en los hospitales, centros de salud sin médicos y la infinita burocratización de medicación y estudios complementarios. El recorte en programas nacionales se traduce en la falta de anticonceptivos, medicación de Remediar, vacunas, etc. en nuestra comunidad, y deja en evidencia la falacia que plantea la política “maquillaje” de nuestra provincia.
Con asombro hemos presenciado el esmero con que se han optimizado todos los mecanismos de recupero (cobro a obras sociales) dentro del sistema de salud provincial. Sin embargo, poca agenda se ha invertido a nivel local para garantizar el acceso a la salud de los que menos tienen. En una provincia con creciente desocupación, el sector salud requiere políticas transformadoras, con capacidad de paliar los estragos de la crisis, que jerarquice su recurso humano y brinde respuestas integrales. En cambio, la aceptación acrítica por parte de la provincia de la CUS (cobertura universal de salud) impuesta por nación.
En este punto, consideramos esencial en materia de Salud Pública garantizar de manera urgente el pleno acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por causales de salud, vigente desde 1921 y refrendada por el fallo FAL. El no cumplimiento de la misma pone en riesgo la salud de las mujeres más vulnerables. En este sentido, es necesario el cese en la persecución a profesionales que recetan "Prostaglandina" (Misoprostol u Oxaprost) para estos casos amparados por ley. Es preocupante la contratación de profesionales que se niegan a practicar la Interrupción del embarazo por estas causas escudándose en ser "objetores de conciencia" sin que se garantice un registro de estos ni el reaseguro de la presencia de profesionales que aseguren el acceso a este derecho consagrado es alarmante.
Las mujeres e identidades disidentes no están exentas de esta crisis. Muy por el contrario, son uno de los sectores que más sufre la opresión de un estado patriarcal y capitalista que se empecina en tomar posesión de sus cuerpos y decisiones. Tierra del Fuego es un bastión de las prácticas anti-derechos y el gobierno de Rosana Bertone y Arcando la expresión de lo perjudicial que es la imposibilidad de dejar de lado las propias creencias religiosas en pos de un Estado laico.Una muestra de esto es el total acuerdo manifestado por el Vice Gobernador ante el tratamiento de la ley que determinó la adhesión de la provincia al decreto presidencial del año 1998, que declara el 25 de marzo como el “Día de los Derechos del Niño por Nacer”, sancionada este año por la Legislatura provincial. Esto es una afrenta para todas las mujeres y personas gestantes que vienen trabajando y luchando en pos de un triunfo en el ámbito de la Salud Pública y del reconocimiento del derecho a decidir sobre su propio cuerpo y a recibir la contención y asistencia necesarias para que, cualquiera sea la decisión que tomen, estén amparadas por el Estado. Las mujeres y personas gestantes son perseguidas y estigmatizadas en los lugares en los que se les debiera asistir en relación a sus derechos reproductivos. Las militantes feministas son perseguidas por las fuerzas de seguridad, tal como sucedió con las compañeras de Río Grande, quienes sufrieron allanamientos ilegales y acusaciones infundadas.
La comunidad trans de la provincia también es avasallada en sus derechos sin acceso a la vivienda, al trabajo, educación y salud. Exigimos la igualdad en toda provincia respecto al cupo laboral Trans.
El aumento de casos de femicidio en nuestra provincial es alarmante. Por esta razón manifestamos que se implemente la Ley de erradicación de violencia de genero Nº1022, la adhesión a la Ley Micaela y la promoción de políticas públicas que garanticen presupuesto, capacitación, prevención y atención de las víctimas.
La situación de los Pueblos Originarios en relación a su representación también debe ser obsevada en este documento. La existencia de una Dirección de Pueblos Originarios y Culto implica una violación a los tratados internacionales en materia de autodeterminación y autorepresentación (Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales eb países independientes), así como de lo establecido en la Constitución Nacional; dado que nada tiene que ver la cultura ancestral con los llamados cultos y, más serio aún, las comunidades de nuestra provincia carecen de representatividad en dicho espacio institucional. Esto significa el silenciamiento e invisibilización de sus demandas.
La ley 19640 comprende la defensa de nuestra soberanía y el derecho a seguir a habitando la provincia de Tierra del Fuego tanto para las empresas como para todos los fueguinos. La extorsión que sufrieron los metalúrgicos que los llevó congelamiento salarial, la precarización laboral, los altos ritmos a las que se someten los trabajadores y las consecuencias en la salud por las tareas que realizan, exigen una intervención inmediata entre diferentes competencias del estado.
En los últimos cuatro años se perdieron más de 8 mil puestos de trabajo de forma directa y replicándose en otros sectores debido al importante derrame que representa. Todo esto desnuda el objetivo final que tiene el Gobierno Nacional de liquidar el Subrégimen de Promoción Industrial. Como por ejemplo la baja de aranceles a la producción de notebook, tablets y monitores, y los decretos que redujeron la mano de obra en otros productos, es una clara demostración de la necesidad de analizar una ampliación urgente de este subregimen con garantías de acceso a los beneficios fiscales e impositivos para todos.
No resignamos la defensa de la Soberanía y en ese camino, el reclamo permanente por la legítima devolución del territorio usurpado en nuestras Islas Malvinas. También en ese aspecto hay que remarcar que el Gobierno fueguino mantuvo silencio ante el proceso de desmalvinización y entrega que quiere implementar el gobierno nacional. Tarde salió a poner palabra sobre el pacto Foradori – Duncan y tratan permanentemente de vaciar de contenido el Observatorio Malvinas.
Los medios de comunicación de la provincia son también un fiel reflejo de lo que sucede en el ámbito nacional; con trabajadores precarizados, sueldos de hambre, presiones permanentes para las voces críticas, pauta publicitaria para “amigos” y censura en los medios públicos. La pantalla de la TV Pública fueguina se encuentra vedada para los sectores gremiales y sociales que plantean alguna crítica a la gestión de la gobernadora, la televisión del Estado se convirtió en una agencia de propaganda proselitista.
Esta síntesis recoge los temas que desde las organizaciones definimos como prioritarios. Como responsable de definir la política de Derechos Humanos para los próximos años, le requerimos su intervención de manera inmediata con el único objetivo de avanzar en una perspectiva que tenga a los Derechos Humanos como eje central de su agenda.
Para ello creemos conveniente la convocatoria a estas organizaciones para diagramar en conjunto un cronograma de reuniones con la Subsecretaría de Derechos Humanos.