Hana Fischer es analista política uruguaya.
De los gobiernos populistas de la región se han dicho muchas cosas, y han sido ampliamente analizados. Se podría afirmar que ya existe una “tipología” del actual caudillo latinoamericano.
Entre los rasgos principales, se señalan una marcada tendencia hacia un autoritarismo creciente, el culto a la personalidad, el ser un movimiento de masas basado en los “dádivas” gubernamentales, el control casi total de la economía, el centralismo que raya con el absolutismo, y el control de la información y de la opinión por medios directos o indirectos.
Consideramos interesante destacar, que ése es el perfil que ha caracterizado a todos los comunismos y fascismos a lo largo de la historia. Porque hay que tener en cuenta que estos populismos latinoamericanos actuales, son un híbrido entre ambos totalitarismos: su discurso es de “izquierda” (comunista) pero su accionar es de “derecha” (fascista).
No obstante, nos parece que hay una peculiaridad de estos gobiernos que ha pasado desapercibida, y que lo diferencia de los autoritarismos anteriores. Nos estamos refiriendo al desborde de la delincuencia.
Tanto en el comunismo (soviético, norcoreano o cubano), como en el fascismo (ya sea de Mussolini, Hitler o Perón), o las dictaduras militares, la delincuencia en las calles estaba controlada hasta tal punto, que casi se podría decir que no existía. La única amenaza contra la integridad física y los bienes de las personas, provenía del propio gobierno, pero no de gente actuando por “cuenta propia”.
La mezcla rara que caracteriza a los regímenes populistas actuales, es el de un totalitarismo creciente junto con la “jungla” en las calles. Dado todo el poder que han acumulado estos gobernantes, creemos que ése no puede ser un hecho fortuito. Nos da la impresión, que hay un objetivo político que se encubre detrás de ese fenómeno.
Nos vamos a referir concretamente a lo que está ocurriendo en Uruguay, porque es uno de los casos menos conocidos a nivel internacional. En nuestro país, la inseguridad ha aumentado a grados alarmantes desde que la izquierda está en el gobierno, tanto con respecto a la asiduidad de los delitos como por la violencia con la que son realizados. Las modalidades delictivas son cada vez más osadas: ya no se puede caminar con tranquilidad por las calles por temor a los frecuentes robos; se copan violentamente hogares; uno de los últimos casos que conmocionó a Montevideo, fue el asalto masivo en el estacionamiento de un popular supermercado en la hora pico, que causó pánico entre los concurrentes.
A pesar de los años de bonanza excepcionales que hemos tenido —gracias a los precios inusualmente elevados de los commodities— ocurrió hace poco que cuando se llamó a la policía en el preciso momento en que estaban robando una casa, desde la Seccional Policial se afirmó, que no podían ir porque "no había vehículos disponibles”. Lo peor de todo es, que unos meses antes vecinos de esa zona habían ofrecido la donación de vehículos para patrullaje, que fueron rechazados por el Ministerio. La razón aducida por el gobierno para rehusar el ofrecimiento fue, que consideraba “el planteo como una presión inapropiada”.
Hace un tiempo, cuando el malestar popular debido a este asunto estaba llegando a un climax, el presidente José Mujica lanzó el "bolazo" de la “liberalización” del mercado de la marihuana.
Se le llama “bolazo” a la estrategia política de lanzar una idea extravagante, con el fin de desviar la atención pública de un tema candente. También, cuando alguien expresa algo que no tiene ningún asidero. Lo afirmado por Mujica con respecto a la liberalización de la marihuana, se ajusta a ambas acepciones. Tanto es así, que hasta los propios legisladores de su partido quedaron asombrados, porque nunca les había transmitido tal posibilidad.
Fuera de fronteras, la idea de Mujica de “liberalizar” el cultivo de marihuana causó sensación; dentro del país no tanto, porque ya estamos acostumbrados a que frecuentemente el presidente largue “bolazos”. Ideas, que se esfuman como el aire de sus palabras.
Atrapado por sus propias afirmaciones, dado que la noticia dio la vuelta al mundo, Mujica se vio obligado a materializar sus dichos. Ellos se concretaron en el proyecto de ley, que el Ejecutivo envió al parlamento en agosto de 2012. El artículo 2 de la citada norma, expresa que “el Estado, directamente o a través de las instituciones a las cuáles otorgue mandato legal, asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización, y distribución de cannabis o sus derivados”. En pocas palabras, la intención de Mujica es que el Estado centralice la producción y la venta de la droga. Por cierto, una postura bastante alejada de la idea que uno suele hacerse, cuando se habla de “liberalización”.
Como no hubo consensos para aprobar el proyecto del Ejecutivo —ni siquiera convencía a algunos legisladores de su propio partido— los parlamentarios oficialistas decidieron modificar el texto. En la nueva redacción se observa una postura más liberal, ya que se permitirá el autocultivo, la producción en clubes de cannabis, y el uso medicinal de la hierba. A pesar de que se autorizaría el autocultivo, la idea es que el Estado regule y controle el mercado. Habrá un registro de productores, aunque no de consumidores. Se especifica especialmente, que el rol del Estado será fiscalizar y controlar el mercado de marihuana, pero no producir.
Sin embargo, a pesar de que Mujica había manifestado a destacados periodistas extranjeros que pensaba “liberalizar” el mercado de la marihuana, frente al hecho concreto de la discusión de la ley, se manifestó en contra de que la misma incluya el autocultivo.
El corolario de esta situación tragicómica con seguridad será, que los medios internacionales concentrarán su atención en otras noticias vistosas; Mujica quedará con la “etiqueta” de ser uno de los pocos mandatarios que se atrevió a “liberar” el mercado de las drogas; y los uruguayos nos quedaremos con el problema de la delincuencia desbordada sin solucionar.
Fuente: El Cato Institute