| 16 de septiembre

Pese a haber sido filmados vendiendo camionetas a particulares, Bomberos rechazan que Gobierno adquiera equipamiento para los cuarteles

Luego de haberse dado a conocer una cámara oculta que destapaba el escándalo de venta de vehículos pertenecientes a los Bomberos Voluntarios de Tolhuin, en la ciudad de Ushuaia iniciaron una juntada de firmas para rechazar un recorte presupuestario del cincuenta por ciento que el Gobierno provincial busca compensar mediante la compra de equipamiento y así evitar el uso arbitrario de recursos públicos sin rendición por parte de las asociaciones.

Luego de haberse dado a conocer una cámara oculta que destapaba el escándalo de venta de vehículos pertenecientes a los Bomberos Voluntarios de Tolhuin, en la ciudad de Ushuaia iniciaron una juntada de firmas para rechazar un recorte presupuestario del cincuenta por ciento que el Gobierno provincial busca compensar mediante la compra de equipamiento y así evitar el uso arbitrario de recursos públicos sin rendición por parte de las asociaciones. 
Pese a que ninguno de los involucrados en la maniobra dada a conocer hace dos días en relación al pago de cuarenta mil pesos por parte de un ciudadano particular para comprar una camioneta (a lo que se suma la presencia de autobombas circulando fuera de Tierra del Fuego), el martes 15 los bomberos se hicieron presentes en la avenida San Martín en la vereda de la Intendencia para recolectar firmas. 
El artículo 23 del proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio 2021 establece la facultad al Poder Ejecutivo "…a destinar hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo establecido en el primer párrafo del artículo 33 de la Ley provincial 959 como afectación específica a la adquisición de equipamiento y capacitación a cargo de la Secretaría de Protección Civil del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.". Como se advierte, no se desfinancia sino que se regula de otro modo la adquisición de equipamiento para evitar irregularidades como la antes descripta. 
El secretario de Protección Civil de la provincia, Daniel Facio, afirmó tras la difusión de la cámara oculta que se iniciará una investigación que determine si se cumplieron con los protocolos de rigor para poder dar de baja equipamiento de los cuarteles. "La ley 345 establece que para poder vender deben notificar a los estamentos de control”. Ahora, “estamos buscando el hilo conductor en cuanto a lo administrativo para ver si se cumplieron con los pasos que allí se establecen. Todo esto se avanzará luego con la denuncia si corresponde o no", sostuvo en declaraciones a medios radiales. 
Resta saber si se avanzará con esta modificación a fin de disminuir el grado de arbitrariedad y dilapidación de los recursos públicos o si los bomberos plantearán una guerra a cuartel con el Gobierno, pese a quedar en evidencia el desmanejo con algo tan simple y contundente como una cámara oculta. 
 
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