La reforma judicial que impulsa el Gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández nace ya con polémica. Desde la incorporación del abogado de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en un intento de blindaje a favor suyo en las distintas causas penales que arrastra de hace años, hasta la inclusión de la jueza María del Carmen Battaini, del Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia, señalada persistentemente dentro del ámbito tribunalicio con distintas acusaciones, las sorpresas de esta iniciativa están a la orden del día.
Presunta malversación de fondos públicos, excesivos gastos en servicios de catering, uso recurrente de viáticos con estadías en hoteles de máxima categoría y hasta maltrato y persecución laboral, forman parte de las polémicas acusaciones en contra de la magistrado que forma parte del Superior Tribunal de Justicia desde los albores del nuevo siglo, tras haberse desempeñado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en aquellos tiempos aún poseía la impronta de la ampliación que llevó a cabo el presidente Carlos Menem durante los años noventa cuando logró imponer una mayoría automática que fue desmembrada recién con la asunción del gobierno de Néstor Kirchner en 2003.
En 2019, durante el desarrollo de las 45° Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo organizadas por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo con el auspicio del Gobierno en ese momento liderado por Rosana Bertone, mientras Battaini exponía en el panel Justicia, Administraciones Públicas y Ciudadanía, una persona que, luego se supo, era Claudia Gallo, antigua empleada de los Tribunales fueguinos, apuntó contra la jueza acusándola de maltrato laboral y persecución, llegando incluso a reubicarse en la dependencia encabezada por Oscar Fappiano.
Pese a que se percibe un tufillo bolivariano en la reforma que promueve el Gobierno nacional y los aires renovadores no terminan de convencer a la oposición, liderada por la alianza Juntos por el Cambio, no debe dejar de señalarse que, a medida que se conocen los detalles del proyecto, también aumenta el afán investigativo sobre los adalides mediáticos, académicos y políticos que integran lo que podría ser una nueva avanzada contra el Poder Judicial, paradójicamente cual caballo de Troya con miembros del mismo Poder.