Los postulantes a jueces de Tierra del Fuego deberán responder preguntas vinculadas con la igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos, discriminación y protección de intereses colectivos, de acuerdo con un decreto de autolimitación de facultades firmado por la gobernadora Fabiana Ríos.
La medida instruye al ministro del Poder Ejecutivo que integra el Consejo Provincial de la Magistratura a consultar a los candidatos a administrar Justicia sobre derechos de minorías sociales, además de instrumentar otra serie de mecanismos que garanticen la idoneidad técnica de los futuros magistrados.
La mandataria, que autorizó el 28 de diciembre de 2009 en su jurisdicción, el primer casamiento del país entre personas del mismo sexo (antes incluso de la vigencia de la ley de matrimonio igualitario) tomó esta decisión para que “el perfil de los nuevos jueces se corresponda con las normas y derechos que después tendrán que hacer respetar”, afirmó Ríos en dialogo con Télam.
El decreto 196713 establece en su artículo 6 que “durante el proceso de preselección en el Consejo de la Magistratura, el ministro designado por el Poder Ejecutivo deberá considerar objetivamente la formación, capacidad jurídica, trayectoria pública, independencia de criterio, compromiso con los valores democráticos y con los derechos humanos de los candidatos evaluados”.
En ese contexto, la normativa dispone que el ministro consultará a los postulantes sobre “cuestiones vinculadas con los derechos de minorías sociales, autonomía de las decisiones personales, cuestiones relacionadas con la perspectiva de género, derechos sexuales y reproductivos, formas de discriminación, protección de derechos colectivos y de interés público, acceso a servicios públicos y vivienda digna”.
La decisión de la gobernadora fueguina se produce en el contexto de un debate público en la provincia sobre cómo debería reformarse el sistema de selección de jueces, a partir de un proyecto impulsado por el gobierno que será debatido en tres audiencias públicas durante este mes.
La iniciativa tiene como ejes centrales la instauración de un jurado técnico, la creación de mecanismos que garanticen la transparencia del procedimiento y la incorporación de consejeros ciudadanos como impulsó también el Gobierno Nacional a través de los proyectos de democratización de la Justicia.
Ríos explicó que “hasta tanto se evalúe la mejor alternativa y se modifique el sistema vigente, el gobierno autolimita sus funciones para propender desde su ámbito a una selección lo más justa y plural posible”