Los tres jueces de la Cámara Nacional Electoral transmitieron al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, su preocupación por las dificultades para confeccionar padrones en 2013 y controlar la transparencia de los datos que debe entregar el Poder Ejecutivo.
Los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Rodolfo Munne se reunieron el jueves pasado con Lorenzetti y plantearon que la falta de transparencia en el proceso electoral del próximo año podría agravarse con el proyecto de ley que impulsa la Casa Rosada para incorporar al padrón de votantes a los jóvenes de 16 años y a los extranjeros con dos años de residencia en el país.
Según trascendió de altas fuentes de la Justicia, las máximas autoridades de la Cámara Nacional Electoral advirtieron a la Corte que, a pesar de las reiteradas promesas del Gobierno, no reciben los sistemas informáticos, el software correspondiente y los 15 millones de pesos que necesitan para hacer el control de los padrones en los comicios.
Además, creen que la decisión del Gobierno de avanzar con el voto de extranjeros se podría prestar a manipulaciones y falta de controles, ya que no habría registros confiables de los nuevos votantes y los datos serían complejos para contrastar con la realidad, según advirtieron.
La respuesta del presidente del máximo tribunal fue automática: prometió su respaldo a la Justicia Electoral.
En nuestro régimen electoral, el Ministerio del Interior -que depende del Poder Ejecutivo, uno de los competidores electorales- lleva el Registro Nacional de las Personas (Renaper), que reúne los datos sobre la identidad y el domicilio de cada elector. El Renaper transmite esos datos a la Cámara Electoral, que debe chequearlos para asegurarse de que sólo voten las personas habilitadas, tras lo cual confecciona el Registro Nacional Electoral y el padrón definitivo.
Pero la Cámara Electoral, a pesar de las promesas del Poder Ejecutivo, no recibe el apoyo financiero e informático que necesita para hacer un control cruzado.
En la reunión del jueves último, Lorenzetti escuchó de los tres integrantes de la Cámara Electoral estos reclamos y plantearon que la situación tiende a agravarse por el voto juvenil y el de los extranjeros con dos años de residencia.
En muchos países hay sistemas electorales más avanzados: la Justicia (como en Brasil) o un organismo independiente (México) son los encargados de obtener los datos para hacer los padrones, con independencia del poder político. En la Argentina, el Ministerio del Interior tiene un peso mayor. "Es un caso único en América latina", dice el constitucionalista Daniel Sabsay.
Si bien la Cámara Electoral quiere acotar ese grado de intromisión, varios legisladores kirchneristas y funcionarios de la Dirección Nacional Electoral, a cargo de Alejandro Tullio, le ofrecieron al tribunal hacerse cargo de todo el trabajo. Para ello, la Cámara debería confiar ciegamente en los datos que le suministra el Gobierno. Más aún, se sugirió desde la Casa Rosada que podría modificarse la ley 26.571 para excluir directamente a la Cámara de esa tarea electoral.
Desde 2009, año en que se sancionó la ley 26.257, el Poder Ejecutivo viene prometiendo a la Justicia entregar recursos. Hubo varias reuniones entre los jueces citados, Di Tullio; el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y el secretario electoral de esa cartera, Eduardo Di Rocco. Incluso, el Ministerio del Interior tuvo partidas presupuestarias con las que introdujo notables mejoras en la confección de los DNI. Pero la Justicia nunca recibió los recursos necesarios.
Según pudo saber LA NACION, la preocupación de los camaristas se acrecentó cuando el senador Aníbal Fernández presentó un proyecto de ley para reconocer el derecho a voto de los menores que tienen entre 16 y 18 años y los extranjeros con dos años de residencia. Esta iniciativa avanza en la Cámara alta (ver aparte).
La inclusión de los menores es la menos problemática. Sí presenta algunos cuestionamientos relacionados con la contradicción de reconocerles a los jóvenes el derecho a votar a pesar de que tienen que esperar hasta los 18 años para poder ser votados o para afiliarse a partidos políticos.
Además, a los jueves les hace mucho más ruido el voto de los extranjeros y plantearon a la Corte dudas serias. Por ejemplo: "¿Cómo controlar que los extranjeros realmente viven en el país desde hace dos años, si el Poder Ejecutivo es el que tiene toda esa información?", se preguntó un experimentado juez.
En tanto, añadió: "¿Cómo saber que el extranjero que tiene residencia no vive en realidad en el exterior y sólo viene a votar?". La duda tiene sustento: la Dirección de Migraciones también está en manos del Poder Ejecutivo.
Si bien según el último censo, de 2010, viven en la Argentina 1,3 millones de extranjeros, el Poder Ejecutivo no da detalles desagregados ni actualizados de esa realidad.
El constitucionalista Jorge Vanossi explicó que "el mejor homenaje que se le puede hacer a la ley Sáenz Peña -en rigor, son tres leyes, que cumplen 100 años- es transparentar el proceso electoral. Y son la Justicia Electoral o un organismo independiente los que deben asegurar esa transparencia. El tema de los padrones es un paso importante en ese camino".
PLANTEOS DE LA CÁMARA
El máximo tribunal electoral se reunió con la Corte
• 1. Padrones. Confección
El Ministerio de Interior, a través del Registro Nacional de las Personas, recoge los datos sobre identidad y domicilio de cada electoral y se los entrega a la Cámara Electoral para que elabore el padrón. Por falta de recursos, la Justicia no puede chequear la transparencia de la información que recibe.
• 2. Fotos y datos. Operar a ciegas
La posible inclusión de la foto de cada elector y el voto de los extranjeros complican aún más las cosas, creen en la Justicia. Los tribunales no tienen software ni presupuesto para corroborar si esas personas efectivamente viven en el país o si están domiciliadas realmente en el distrito donde están anotadas. El tribunal está preocupado para que no se distorsionen los resultados en algunas provincias.
• 3. Reunión. Con Lorenzetti
La Cámara Electoral en pleno se reunió con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para pedirle apoyo a la Justicia para que pueda ejercer un control efectivo.
• 4. Preventivo. Un control anterior
En materia electoral, el mejor control no es el que se ejerce luego de conocido el resultado de las urnas, sino el que se hace antes de los comicios, para garantizar la transparencia de los comicios.
Adrián Ventura
FUENTE: www.lanacion.com.ar