Frente al tratamiento parlamentario del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2014, el diputado nacional Hugo Maldonado (UCR – Chaco), presidente de la Comisión de Economía de la Cámara Baja, aseguró que “nuevamente el Presupuesto Nacional ha sido deslegitimado como instrumento de la política económica nacional, para convertirse en una simple mascarada, un dibujo de variables y proyecciones contables sin asidero real.” Maldonado denuncia que “refleja otra vez más una marcada centralización de los recursos fiscales por el poder central, en un contexto arbitrario cargado de falacias en su diseño y formulación, para asignar discrecionalmente el gasto público”.
Este proyecto, señala Maldonado, encubre objetivos y decisiones preocupantes evidenciadas en tres aspectos:
1) El Poder Ejecutivo se arroga facultades extraordinarias para gastar discrecionalmente, y este año pretende hacerlo de apuro, antes de perder la mayoría parlamentaria, sin debates con funcionarios que eludieron concurrir al Parlamento para dar explicaciones;
2) Se ajustan partidas de áreas vitales como salud, educación, ciencia y técnica, transporte, seguridad, asistencia social y obras públicas, con disminuciones de gastos en todos estos rubros o con aumentos nominales muy por debajo de la inflación;
3) Este Presupuesto viene a perpetuar la tremenda erosión y crisis del federalismo, una constante de este gobierno durante toda la década.
DURO PANORAMA PARA EL CHACO
Las provincias quedan ahora amenazadas por el poder central con la exigencia de reclamarle sus deudas, disminuyendo sus ingresos de recursos coparticipables. Si la renegociación de las deudas provinciales cae, las provincias tendrán que afrontar deudas refinanciadas hace tiempo contra aportes de ATN, que retiene el gobierno nacional. Nos alarma que no se haya prorrogado en el Presupuesto este Programa Federal de Desendeudamiento, lo que significa imponer a las provincias una suerte de cepo fiscal a gusto y provecho del gobierno nacional para completar el cuadro de dependencia y sujeción al manejo de nuestras cuentas públicas. El avance del unitarismo fiscal se afianza cada día más.
a) De los recursos tributarios y contribuciones, en 2014 corresponderán al sector público nacional el 74,8% (821.205 millones de pesos) y se transferirán a las provincias sólo el 25,2% (276.100 millones de pesos) principalmente por coparticipación federal;
b) Para gastos de capital las provincias recibirán sólo un 10,5% de aumento con respecto al ejercicio 2013, año que terminará con incremento previsto del 45,4% más de recursos que en el 2012, lo que marca un fuerte retroceso;
c) Los ajustes presupuestarios se extienden a muchos rubros que nos afectan de manera directa: el Fondo Fiduciario que solventa subsidios a los consumidores residenciales de gas sólo aumenta en 2014 un 5,4% respecto del actual presupuesto, no siendo un incremento acorde con la inflación ni con la demanda y necesidades de la región. Áreas vitales tendrán partidas ajustadas. El gasto en salud tendrá sólo una variación del 11%; vivienda el 7,1%; educación y cultura 11,4%, seguridad 6,6%. En todos los casos el supuesto incremento está entre dos y cuatro veces por debajo de la inflación, es decir, que en la práctica significa un brutal recorte en áreas fundamentales con grave deterioro social.
d) Pero donde hay una quita aún superior es en obras públicas: de los 4.600 millones de pesos presupuestados para el 2013, se baja a 3.861 millones de pesos para el 2014;
e) Además, según las planillas oficiales de obras públicas, se demuestra que durante 2014 tendrá un mínimo avance de su ejecución y que tomando los períodos 2014 y 2015, los dos últimos años de gestión del actual gobierno, se advierte que de las 19 obras proyectadas, este gobierno sólo aportará el 13,77% del presupuesto total, dejando para que las administraciones posteriores al 2015 tengan que afrontar el 86,23% del financiamiento.
f) Para tener una idea de la lentitud que la Presidencia ha proyectado para las obras públicas del Chaco, el gobierno actual sólo aportará un 6,89% anual promedio. A ese ritmo, cumplir con la totalidad de las obras llevaría más de doce años. Esa es la forma en que el gobierno central trata a nuestra provincia.