Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, celebra un nuevo Día de la Provincia en recuerdo de la jura de la Constitución Provincial un 1 de junio pero de 1991, tras haberse sancionado la Ley Nacional 23775 de provincialización y la convocatoria a elección de convencionales constituyentes que tendrían la tarea de redactar el texto fundamental que regiría la vida política, económica y social de quienes vivieran en la isla. El largo camino que habían empezado a transitar sus habitantes llegaba a un objetivo tan añorado pero que daría paso al siguiente desafío: ser los artífices de nuestro destino siempre en construcción.
Parte de una región nada exenta de conflictos y diferendos limítrofes con la República de Chile, la Patagonia austral fue objeto de disputas y de avances y retrocesos por parte de los distintos gobiernos de uno y otro lado de la cordillera de los Andes. Es el Tratado de Límites de 1881, rubricado en Santiago, la capital trasandina, por el cónsul general de Chile en Buenos Aires, Francisco de Borja, y el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Bernardo de Irigoyen, el instrumento que serviría para fijar límites precisos que pudieran canalizar las diferencias entre ambas naciones.
El gobierno argentino, presidido por Julio Argentino Roca, impulsa la creación de Estaciones de Subprefectura que sirvieran al objetivo de consolidar la presencia del Estado nacional en la región. El establecimiento de una de ellas en la bahía de Ushuaia, en cercanías de donde se encontraba instalada la misión anglicana que habían asentado en 1869 Thomas Bridges y su esposa, Mary Ann Varder, junto a otros evangelizadores; no obstó al objetivo que perseguían.
En la zona norte de la isla, la presencia estatal se concretó hacia principios del siglo XX, fundándose recién en 1922 Río Grande, a la vera del río homónimo en su salida al océano Atlántico y, a diferencia de Ushuaia, con impulso de misioneros salesianos que pretendieron llevar adelante idéntica labor de los anglicanos con los yaganes, pero con los selk'nam, pueblo originario que habitaba la llanura que puede observarse en la zona centro norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego.
Pese (o debido) a la instalación del Presidio y Cárcel de Reincidentes en Ushuaia, el crecimiento poblacional no fue de significativos niveles. Entre 1884 y 1948, año en que se establece el cierre de las instalaciones carcelarias, la población apenas superó las dos mil personas. Río Grande, a mediados del siglo XX, apenas superaba los 1500 habitantes.
Es a partir de los años sesenta y setenta cuando empiezan a advertirse algunos signos de crecimiento sustancial. No puede soslayarse la importancia que Ernesto Manuel Campos, gobernador designado en 1958 por el entonces presidente Arturo Frondizi, tuvo en ellos. El cobro de regalías hidrocarburíferas, la creación del Parque Nacional, la construcción de infraestructura hotelera para fomentar el turismo, son algunos de las medidas tomadas por Campos. Pero, unos años después, con la sanción de la Ley 19640 que establecía los subregímenes de promoción industrial y de exención impositiva constituyeron el puntapié inicial que permitió, a fines de los años setenta y de manera consolidada en los años ochenta, provocar un incremento poblacional que hasta entrado el siglo XXI se mantiene, aunque con altibajos.
Con el regreso de la democracia en 1983 tras el triunfo del radical Raúl Ricardo Alfonsín, uno de los pilares de la Argentina que proyectaba fue el conocido Proyecto Patagonia, dentro del cual se proponía el traslado de la capital federal a Viedma, provincia de Río Negro, y la provincialización del último territorio nacional que quedaba: el de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Diversos parlamentarios de distintos partidos políticos presentaron iniciativas al respecto, lo cual refleja el interés y el mandato que llevaban los representantes fueguinos al Congreso de la Nación. Algunos proyectos estaban desde 1984, primer año de una Argentina democrática, debieron esperar hasta finales de esa década para ver la luz del día y, finalmente, plasmarse en una realidad concreta.
Los últimos 32 años se han sucedido distintos gobiernos. Han gobernado fuerzas tan disímiles como el Movimiento Popular Fueguino (MoPoF), el Partido Justicialista (PJ), fuerzas provinciales como el Partido Social Patagónico (PSP) y coaliciones que encierran un entramado ideológico tan complejo para descifrar, como el Frente de Unidad Provincial (FUP) entre la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Unión y Libertad (PUL), escindido del peronismo disidente, o el actual FORJA, con un gobernador como Gustavo Melella, de origen radical pero aliado a una porción del MoPoF.
Frente a las apetencias reformistas que suelen tentar a algunos dirigentes, los desafíos que tiene la institucionalidad fueguina pasan por fortalecer los mecanismos ya existentes, en lugar de forzar reformas que tienden a construir un texto a gusto y criterio del gobernante de turno. El MoPoF, durante la Convención Constituyente de 1990, tuvo mayoría automática que le habría permitido aprobar a libro cerrado un texto que fuera de su gusto. Con once bancas sobre un total de 19, el sentido común de la construcción política de corto plazo habría dictado que durara un sólo día la Convención. Prevaleció la construcción política de mediano y largo plazo y hoy podemos decir, a más de tres décadas, que se produjo un amplio debate con participación de todas las bancadas y dio lugar a lo que efectivamente es: una Carta Fundamental que provee de mecanismos y herramientas para todos aquellos que desean llevar adelante un proyecto de vida para sí y para sus hijos y nietos.