La gobernadora Fabiana Ríos aclaró en declaraciones brindada a FM Del Pueblo, que la reunión entre los Gobernadores de la OFEPHI y la Nación para avanzar en la reforma de la Ley de Hidrocarburos, “no se suspendió porque los gobernadores no presentamos una propuesta”.
“Estamos a la espera de la respuesta del Gobierno Nacional, y eso es lo que se suspendió”, sostuvo la mandataria, asegurando que “no nos demoramos en presentar absolutamente nada, y no hay fecha oficial de un nuevo encuentro”.
Reflexionó que “hay que apostar a la discusión y al acuerdo porque beneficia al país y las provincias, estableciendo condiciones adecuadas en esta nueva forma de explotación, en la preservación ambiental, en la adecuación de los plazos y de los montos respetando las jurisdicciones provinciales, porque nos conviene a todos en términos de claridad en lo que tiene que ver con el desarrollo de los proyectos productivos”.
Asimismo, explicó que “tampoco es admisible que las provincias tengamos, y me incluyo como parte de los gobernadores que forman parte de la OFEPHI, áreas en reserva durante años a nombre de empresas que no tienen alguna relación con el petróleo y mientras tanto el país esté importando hidrocarburos, favoreciendo una especulación inmobiliaria en una actividad productiva. Esto también debe ser puesto claramente en la ley”.
Además, la Mandataria recordó que “sobre el borrador que nos fue entregado en la reunión de junio en Olivos, los gobernadores trabajamos durante 15 días en una propuesta unificada, que fue presentada con agregados al proyecto que nos entregaron en esa reunión”.
Aseguró que no hubo más reuniones de la OFEPHI por la razón de que “la posición había sido dada y quedamos a la espera de una respuesta. Me preocupa que frente a la única persona de la provincia que concurre a las reuniones de la OFEPHI, al momento de dar una versión de los hechos, no me consulten”.
Recordó que se informó a los legisladores y medios de comunicación que “cualquier proyecto que se presente en el Senado y en la Cámara de Diputados, también iba a requerir el acompañamiento de las Legislaturas provinciales, que la firma de los gobernadores, si las hubiera, no iban a comprometer en absoluto la cuestión de los recursos de la provincia en tanto las Legislaturas no avalaran esa posición. No hubo ni firma de los gobernadores, ni presentación del proyecto”.
“Está claro que si el Gobierno Nacional quisiera presentar un proyecto sin el aval de los gobernadores y considerara que su proyecto va a tener un tránsito normal sin discusión, lo hubiese presentado; aún sin la firma de los gobernadores y esto no ha sucedido”, aseveró.
Asimismo, la Gobernadora indicó que “planteamos agregados aclaratorios que a nuestro juicio eran importantes para bajar las barreras que se había levantado antes de conocer el primer borrador”.
“El objeto por el cual se plantea esta modificación de la ley 17.319, tiene que ver con lo que es la adecuación de la ley a lo que es la explotación de yacimientos no convencionales”, enfatizó la Mandataria, agregando que “está claro que hoy afectan particularmente a las provincias de Mendoza y Neuquén, pero independientemente de esto plantea yacimientos no convencionales en un horizonte de tecnología que puede variar en los próximos años”.
Aclaró que “si bien hoy puede no afectar al resto de las provincias, sí como metodología puede ser usada en el largo plazo en cualquier otra provincia con recursos hidrocarburiferos, así que no ha sido difícil ponernos de acuerdo en cuanto a los parámetro de la ley corta y en cuanto a los parámetros a sostener, inclusive de manera medioambiental”.
A su vez, destacó que “nosotros hemos hecho la observación de que en Tierra del Fuego tenemos el problema de la 17319 y su adecuación a estos nuevos mecanismos, más que en la provincia no tenemos ley de agua”.
“En cualquier caso lo que a todos de alguna manera nos garantizaba una discusión donde todos los intereses estuviesen puesto sobre la mesa era la discusión que debía darse en todas las legislaturas provinciales”, enfatizó.
Remarcó que “las mejores condiciones de todas las provincias que renegociaron han sido las que obtuvimos nosotros”. Aclaró que “aquí se plantea una objeción en relación a la responsabilidad social empresaria que no existió”.
“Todos vimos con buenos ojos que se estableciera en la Ley la obligación del aporte de responsabilidad social empresaria del 0,5% de las inversiones en grandes obras de infraestructura para las provincias, a decidir por los ejecutivos provinciales cuáles son las obras de infraestructura prioritarias”, aseguró.